"Están locos" respondieron los corregidores
La justicia española amenaza a los alcaldes independentistas
Mientras la fiscalía general de España les advirtió a los más 700 alcaldes de Cataluña, abocados a la organización del referéndum, que se exponen a ser investigados y hasta arrestados, los Mossos D'Esquadra acataron las directivas de la fiscalía catalana, que ordenó la requisa de las urnas del plebiscito del 1 de octubre a fin de evitar la “consumación del delito”.
Josep Lluís Trapero, jefe de la policía catalana.Josep Lluís Trapero, jefe de la policía catalana.Josep Lluís Trapero, jefe de la policía catalana.Josep Lluís Trapero, jefe de la policía catalana.Josep Lluís Trapero, jefe de la policía catalana.
Josep Lluís Trapero, jefe de la policía catalana. 
Imagen: EFE

En una nota a la que tuvo acceso la agencia AFP, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó a los fiscales de Cataluña citar en calidad de investigados a los alcaldes "en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal" del 1 de octubre. En caso de que no comparezcan, el fiscal insta "a acordar su detención y presentación en Fiscalía".

La disposición amenaza con caldear más los ánimos, ya tensos tras la convocatoria del gobierno catalán a la consulta, pese a la prohibición y advertencias de Madrid, con la que planea declarar la independencia de la rica región del noreste de España, de 7,5 millones de habitantes, en caso de ganar el sí.

Es un hecho "muy grave" y sin "precedentes", criticó Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), organización que cifra en 712, de un total de 948 alcaldes,a  aquellos comprometidos con realizar el referéndum.

La respuesta de la AMI fue la convocatoria a una manifestación este sábado, en Barcelona, en rechazo a una "justicia española que persigue medios de comunicación, papeletas, urnas...y ahora alcaldes".

"No tenemos nada que esconder y cuando tengamos que ir a declarar les diremos que nos debemos a nuestra gente y que seguiremos trabajando para que puedan votar el 1 de octubre", aseveró Lloveras.

"Pues que nos arresten, ¡están locos!", reaccionó en conversación telefónica con AFP David Rovira, alcalde del partido PDCat (conservador e independentista) en la población de Espluga de Francoli, de 3800 habitantes.

"Tiene que haber una desobediencia general ", dijo, por su lado, Montse Venturós, alcaldesa de Berga (16.000 habitantes) de la CUP, partido independentista de extrema izquierda cuyos alcaldes no atenderán la llamada de los fiscales.

"Nosotros estamos al lado, delante y detrás de los alcaldes", afirmó a periodistas en Madrid el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull.

Mientras tanto, seis de las diez ciudades más pobladas de la región, incluidas Barcelona (1,6 millones de habitantes) y Hospitalet de Llobregat (250.000) han rehusado hasta ahora a implicarse directamente en la votación.

Los catalanes se muestran divididos ante la eventual separación de España, aunque un 70 por ciento de ellos se inclina por celebrar el referéndum para decidirlo.

Entre pancartas que proclamaban "Adiós España", cientos de miles de personas se manifestaron el lunes en el centro de Barcelona por la independencia, en ocasión de la Diada, el día de Cataluña.

El jefe del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, por su parte, decidido a impedir la consulta, llamó nuevamente a las autoridades catalanas a acatar la ley y las decisiones judiciales. Pidió a los catalanes estar "tranquilos". "Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal", dijo.

En una primera referencia al tema desde la convocatoria del referéndum, el rey Felipe VI, a su turno, dijo estar seguro de que "la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de esa convivencia en democracia".

El Tribunal Constitucional, que desde 2014 prohíbe el referéndum, invalidó la convocatoria del gobierno catalán y advirtió que las autoridades regionales en caso de desobedecer se exponen a "eventuales responsabilidades, incluida la penal".

Los separatistas catalanes, mayoritarios en el parlamento regional desde septiembre de 2015, reclaman desde 2012 un referéndum de autodeterminación. Ahora han decidido ignorar las decisiones del TC y siguen adelante con la consulta. La noche del jueves lanzan la campaña por el sí.

La crisis estalló hace una semana cuando el parlamento regional aprobó la fecha del 1 de octubre para el referéndum y pasó a debatir el ordenamiento jurídico de la transición hacia una república separada de España. El tratamiento sobre tablas se hizo pese a que no figuraba en la orden del día y con la negativa de los asesores legales de la cámara.

José Manual Maza, el fiscal general de Cataluña, también avanza sobre los alcaldes que adhieren a la convocatoria. La fiscalía ordenó que se interrogue a todos los alcaldes dispuestos a tener mesas de votación el primer domingo de octubre, y que se los detenga si no comparecen.

Mientras tanto, la Guardia Civil procedió a cerrar la página web referendum.cat, que recogía todos los detalles concernientes a la votación. Ni lerdo ni perezoso, el gobierno de Carles Puigdemont procedió a armar otra web: ref1oct.cat. La suspensión de la otra web se instrumentó por orden judicial, con agentes que llegaron hasta la sede de la empresa informática que proveyó el servicio, en Malgrat de Mar, en Barcelona.