La crítica situación que viven los trabajadores mineros de Río Turbio no cesa. La intersindical que los aglutina ratificó la toma de una de las minas de carbón, conocida como Mina 5, iniciada hace diez días, hasta tanto se dé “marcha atrás con los despidos de trabajadores”. Los mineros denuncian la existencia de despidos, la violación de los convenios colectivos de trabajo que ya fueron homologados y el vaciamiento de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a cargo del interventor que designó el gobierno nacional, Omar Faruk Zeidán. Los gremios sostienen que por realizar esta medida de fuerza están siendo objeto de “persecución e intimidación por parte de la Gendarmería, que está apostada a pocos metros de la toma, en connivencia con Zeidán”. El interventor, nacido en Río Turbio y de militancia radical, niega las acusaciones del sector obrero y aseguró que la medida de fuerza está siendo motorizada por “un sector minoritario de la filial local de ATE” y, de paso, sostuvo que durante el gobierno kirchnerista la administración anterior del complejo minero abandonó y paralizó el trabajo. Mientras tanto, la jueza federal Andrea Askenazi Vera de Río Gallegos recibió un dictamen que le remitió el fiscal Guillermo Marijuan, donde solicita que garantice el normal funcionamiento de la planta y el resguardo de los bienes de YCRT. A pesar de ello, los trabajadores votaron la continuidad de la toma por tiempo indeterminado.