Cuatro gendarmes que llegaron hasta el Río Chubut mientras perseguían a miembros de la comunidad Lof en Resistencia de Cushamen sin orden judicial declararon ante el juez Guido Otranto que vieron a los manifestantes cruzar hasta la otra orilla. No recuerdan cuántos eran, ni ofrecen una descripción de las personas, ni mencionan a nadie herido ni rezagado. Son relatos que, así a secas, se contraponen al del principal testigo mapuche, Matías Santana, quien describió que un grupo de agentes se llevó a Santiago Maldonado antes de que cruzara el río, y que lo reconoció por una campera celeste que él le había prestado. Las declaraciones testimoniales de los gendarmes son recibidas por el juzgado de Otranto en función del informe que entregó Gendarmería, basado en una suerte de investigación interna, cuando ya había pasado más de un mes de la desaparición del joven artesano, el 1º de agosto, y había quedado en evidencia la falsedad de versiones instaladas por el Gobierno, como la del puestero (que decían que lo podía haber herido o matado antes, el 21 de julio).
Algunos de los testimonios de los gendarmes ante la propia fuerza reconocen haber oído entre ellos el grito “¡Tenemos a uno!”, pero aseguran que se debió a que vieron a alguien de la comunidad muy cerca, a unos cinco metros. Quienes mencionan esa exclamación todavía no declararon, empezarían hoy. Santana, y otros testigos que no dieron su identidad, la mencionaron en relación con el momento en que describen que fue atrapado Maldonado. Hasta el sábado inclusive están previstas cuatro testimoniales de gendarmes por día. La semana próxima declaran otros miembros del Pu Lof.
De los tres primeros gendarmes que declararon, dos de ellos –César Peralta y Walder Ruiz Díaz– contaron que en un camión Unimog donde estaban sirviendo la comida a sus pares el 1 de agosto escucharon que uno de ellos había herido a un manifestante con un piedrazo. En el informe interno, el agente que admite haber atacado a los mapuches con un cascote es Neri Armando Robledo, quien no fue citado aún por el juzgado, porque la fiscalía de Silvina Avila podría pedir su indagatoria. En los últimos días, el Gobierno ha intentado poner el foco en estos testimonios como si se tratara de responsables aislados que actuaron por iniciativa propia. También dejó trascender el nombre del subalférez Emmanuel Echazú, citado para el sábado, señalado por Clarín como alguien que había sido herido y podría estar motivado para agredir o matar.
A su vez la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló del resultado negativo del cotejo de los rastros genéticos tomados de los vehículos de Gendarmería con el ADN de los familiares de Santiago Maldonado, como si fuera un triunfo. Otra vez dijo que eso demostraba que no hay desaparición forzada, sin importar que faltan resultados de rastros genéticos de otro Unimog, que el defensor oficial Fernando Machado denunció que los camiones habían sido lavados y que al menos 14 muestras no pudieron ser analizadas por ser inviables.
La relevancia de declaraciones como las de los gendarmes que se presentaron ayer (Hugo Fabián Díaz, Daniel Alejandro Gómez, Orlando Federico Yucra y Juan Rodolfo Prieto) radicaba en que dicen que llegaron hasta el río Chubut, el último lugar donde fue visto Santiago y donde incluso se detuvieron los canes utilizados en la pesquisa. Pero no aportaron nada sustancial. Dijeron que los manifestantes cruzaron y los describieron como “encapuchados”. “Es un retrato de la intromisión del Gobierno nacional en la causa. Esta gente llegó preparada después de todo este tiempo. Como para que parezca que hubo exceso de violencia de parte de unos perejiles y que la cadena de mando pase a segundo plano”, dijo Julio Saquero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Esquel, que denunció la desaparición. El Centro de Estudios Legales y Sociales, querellante, también marcó como anomalía la aparición tardía del informe de Gendarmería y la especulación del Gobierno con la información.
Los investigadores comenzarían a recibir hoy informes de la Policía Federal sobre las comunicaciones de los gendarmes y los archivos de sus teléfonos celulares o handies. La última etapa de ese estudio es el entrecruzamiento de llamadas y la “geolocalización” de los aparatos. También se estudian los números de celulares de Santiago. Otranto rechazó un análisis que le pidió la Procuraduría de Violencia Institucional, sobre el celular de Pablo Noceti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que el 31 de julio encabezó una reunión en Bariloche con jefes de Gendarmería, de policía, jueces, fiscales y autoridades de Chubut y Río Negro, donde planteó que ante las protestas mapuches las fuerzas de seguridad podrían intervenir por flagrancia, sin orden judicial, y hacer detenciones. Noceti fue visto en el territorio el mismo día del operativo. Si tuvo comunicaciones con gendarmes podrían figurar en los entrecruzamientos.
La operación informativa que puso ayer la frutilla del postre le atribuyó en La Nación a Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, haber hecho una presentación ante el defensor Machado para declarar en nombre de los mapuches que temen represalias. Gómez Alcorta representó a Facundo Jones Huala en un juicio. La llamaron ante la desaparición de Maldonado para saber qué hacer. Ella les explicó que debían presentar un habeas corpus urgente, pero como tenían temor de poner sus nombres, se ofreció a poner el suyo. Ahora lo llaman intento de “embarrar”.