Además recordó que las leyes vigentes impiden el desalojo de los mapuches
La Asociación Americana de Juristas acusó al Gobierno de estar "generando un clima de violencia en la Argentina”
La desaparición del joven artesano el 1 de agosto en Chubut fue debatida en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante la cual se reconoció el derecho constitucional de los pueblos originarios a "recuperar su territorio ancestral".
Imagen: Leandro Teysseire

El colombiano David Ricardo López, integrante de la Asociación Americana de Juristas, fue el encargado de repasar los antecedentes del caso ante sus compañeros de comisión el 19 de septiembre pasado. "En el 2015, la comunidad Pu Lof de Cushamen recuperó una porción de su territorio ancestral en el noroeste de la provincia de Chubut disputado por la compañía Tierras del Sur de Luciano Benetton. La recuperación mapuche se produjo en el marco de la Constitución nacional que ordena su restitución y la ley 26.160", señaló López.

El abogado agregó que en enero de 2017, "argumentando el despeje de las vías de un tren turístico que pasa por la Pu Lof, la policía realizó un operativo dejando heridos graves". Luego, recordó "la detención ilegal del lonko Facundo Jones y de otros seis mapuches basada en un pedido de extradición de Chile, cuyo juicio fue anulado por inteligencia ilegal y pruebas conseguidas bajo tortura".

López detalló que el 1 de agosto, cuando la Gendarmería ingresó a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen "había ocho hombres, dos mujeres y dos niños. Entre aquellos, Santiago Maldonado fue detenido y desaparecido, trasladado en un móvil de Gendarmería rumbo a Esquel. Su desaparición forzada fue denunciada por la APDH, instruyéndose la causa con pruebas documentales y testimoniales". 

"El Estado (argentino) niega su detención, descalificando a los indígenas con medidas discriminatorias y una campaña mediática política de grupos económicos que intentan instalar la idea de que el indígena que lucha por sus derechos es un violento enemigo de la patria para seguir militarizando Chubut, una región disputada por intereses transnacionales, por sus recursos naturales. Finalmente, la ley 26.160 que protege a los territorios indígenas, impide desalojos hasta noviembre de 2017. Mientras el Poder Ejecutivo se niega a continuar con el relevamiento de los territorios y obstaculiza el tratamiento de la prórroga de la norma en el Senado, generando un clima de violencia en la Argentina", concluyó el jurista ante los integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la ONU.