“El cine no se toca” es la consigna que viene movilizando a la abrumadora mayoría de la comunidad cinematográfica argentina. La última manifestación en ese sentido sucedió ayer en la puerta del Incaa, cuando un grupo de realizadores de distintas ramas y estudiantes de cine se acercaron a la institución para respaldar a sus representantes, convocados a un diálogo con la gerencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Después de la masiva asamblea sectorial del jueves pasado en el cine Gaumont, las autoridades intentaron calmar las aguas sin mucho éxito: el director del organismo, Ralph Haiek, apenas pasó a saludar y los dejó en manos de sus gerentes, prometiendo que estos responderían las dudas que alimentan sus últimas resoluciones. Lejos de eso, en el Incaa no consideran preocupante la resolución 942/2017 cuya derogación reclaman los distintos colectivos del sector porque imposibilitaría el fomento “del 90 por ciento de la producción de cine nacional”. Tampoco hay avances en la designación del consejo de Asesores del Incaa. Los delegados habían llevado un pliego de planteos, acordados en la asamblea del Gaumont, pero tampoco pudieron dejárselo a Haiek.

La reunión había sido convocada al mediodía de ayer, originalmente en la sede del Enerc, pero se trasladó hasta el Instituto. Hacía allí fueron los manifestantes, que toleraron varias horas en la calle hasta oír las noticias de sus representantes. Durante la espera se puso de manifiesto la preocupación sectorial, en particular por la resolución 942, que consideran contraria a la Ley nacional de fomento de la cinematografía, tanto legal como conceptualmente. La 942 habla de “financiamiento”, en lugar de fomento, y establece una serie de requisitos previos y antecedentes para poder acceder que, consideran en la industria, están pensados para minimizar las producciones locales y cederle todo el terreno a las productoras grandes, aliadas a los canales de televisión y las productoras extranjeras. La preocupación no es sólo para quienes recién comienzan en el camino del cine. “Esto es desalentador para ellos, pero si esto se concreta acá no filma más nadie”, advirtió uno de los oradores. Los estudiantes de cine también piden una vía de fomento que les permita dar sus primeros pasos como realizadores. Además, representantes del Centro de Estudiantes del Enerc contaron que la sede regional de la Patagonia norte corre peligro de cerrar sus puertas en 2018. Las malas noticias y perspectivas funestas se acumulan en una industria que, en rigor, le cuesta muy poco al Estado Nacional: el Incaa es un ente autárquico y sus recursos son propios, más allá de lo que representantes gubernamentales como el ministro Hernán Lombardi o los voceros mediáticos oficialistas agiten.

“Fue una reunión convocada para ganar tiempo ante la movilización que se está manifestando”, evaluó Fernando Krichmar, realizador de Seré millones, miembro de DOCA (una de las asociaciones de documentalistas) y delegado por las asociaciones de directores al Consejo de Asesores. “Apenas hubo declaraciones de cuánto va a favorecer al cine estas medidas, pero ante preguntas concretas, ante lo que para nosotros se desprende del análisis de esas resoluciones, no hubo respuesta porque es claro que favorecen  la industria concentrada del cine y apuntan a un sistema de pocas películas centradas en la taquilla”, contó. “Estas resoluciones hacen muy difícil al realizador independiente, pequeño y mediano, o al documentalista que quiere pegar el salto a la ficción, acceder a los concursos”. Lo que vislumbran en el sector es un futuro de menos producciones y, en general, degradadas en su calidad.

“Pretenden lo que dijo Lombardi en el programa de Majul: cuarenta películas de alta industria y otras cuarenta para principiantes, pero así el 90 por ciento de lo que se produce hoy desaparecería, incluyendo las que participan en Cannes o ganan en San Sebastián”, advierte. “Hay una pirámide virtuosa por la cual vos podés estar escalando en tus objetivos narrativos para darle mayor espesor al bien cultural que estás generando, otro tema del que nadie habla. El cine es un bien cultural para ahora y las generaciones futuras, un patrimonio”. 

Además de la derogación de la resolución, desde la industria piden la pronta designación (que depende de Presidencia de la Nación) del Consejo Asesor. Distintos sectores sospechan de la dilación y la última noticia es que desde Legal y Técnica de la Casa Rosada no aprobaron los pliegos enviados, pese a que el abogado del Incaa ya dio el visto bueno a todos los papeles. “Estamos empezando a sospechar que hay una decisión política de no designar al Consejo Asesor, que es el órgano de cogobierno que según la ley de cine tiene por función el control y aprobación del presupuesto y la selección de los comités de apoyo y crédito. 

Para Krichmar, los representantes del Incaa tuvieron “una actitud soberbia, amarga, de sordos, donde llaman al diálogo pero no aplican nada de lo que les plantean los distintos sectores de la industria”, un procedimiento que percibe como análogo al que sucede en otras áreas: “es equivocarse siempre para el mismo lado”.