El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que juzga a un exministro de Gobierno bonaerense de la última dictadura, Jaime Lamont Smart, y a un expolicía, Juan Humberto Keller, por el crimen de un hombre y el secuestro de cuatro familiares suyos en 1978, escuchó a dos víctimas de esos hechos, quienes hicieron hincapié en la dificultad de superar las torturas sufridas. Se trata de Raúl Ernesto Aguirre y otra víctima que pidió que no se difundiera su nombre: ambos declararon ante los jueces Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso.

Raúl Ernesto Aguirre comenzó su declaración pidiendo a los miembros del tribunal que hablaran más alto: "Perdí la dentadura y parte de un oído cuando fui torturado".

"Yo fui secuestrado el 22 de abril de 1978, en Berazategui, en un operativo de la Policía y el Ejército, y fui trasladado para la comisaría de Berazategui, y pasaron ahí unas horas, entonces comenzó el interrogatorio. Me preguntaron si yo pertenecía a la familia Orué", precisó.

Relató que "comenzó el interrogatorio, sobre toda la gente que conocía, y no les convencían mis respuestas, entonces me pasaron a una sala, me desnudaron, me pusieron en una camilla y después de que te bañaban bien, con agua fría, te ponían un cable en el dedo gordo del pie, y comenzaba la tortura, con picana eléctrica. Ellos decían que estaba en la parrilla", rememoró.

"Cuando te dan la electricidad, uno grita y cuando abrís la boca, te ponían la electricidad en los dientes, justamente sobre los dientes. El que más preguntaba era un tal Amado, el más sanguinario y verdugo de esa gente fue ese Amado".

Detalló que "cuando abría la boca me quemaba esa electricidad y ese olor a carne quemada, a dientes quemados, era terrible. Y si era terrible la tortura física, peor era la psicológica y cuando torturaban a hombres y mujeres, no tenían piedad".

"Hay cosas que uno muchas veces no quiere recordar. Pasa el tiempo, pero eso es difícil de superar. Esa gente que estaba ahí, esos torturadores, no eran gente común. Era gente entrenada para hacer eso y se complacían entre los otros que hacían lo mismo. Era terrible", dijo, quebrándose.

Aguirre contó que luego fue trasladado a una dependencia del Ejército de La Plata y posteriormente liberado, cuando descubrió que su madre había logrado irse a Venezuela y que su esposa y su hija se habían ido a Europa. "Ellas desaparecieron, y era lógico por toda esta persecución", dijo con pesar.

El sobreviviente agradeció al tribunal por estar "trabajando arduamente" y aseguró que los militares "han matado miles de personas, pero no han podido matar la verdad. La verdad nunca será ocultada", exclamó.

Durante la jornada también declararon Hugo Ramón Rodríguez, amigo de Marcelo Juani y su familia, y Fernando Maldonado, vecino de los Juani, quienes confirmaron que la familia había sido víctima de secuestro durante la última dictadura.

El hecho por el que son juzgados el exministro bonaerense Smart y el expolicía Keller ocurrió a fines de abril de 1978, cuando efectivos de la seccional Berazategui secuestraron a Raúl Aguirre y, bajo tormentos, lo obligaron a revelar dónde vivía Horacio Wenceslao Orué, hermano de Aguirre.

La patota se dirigió luego a la casa de una tía de las víctimas, en la calle Marcos Avellaneda 3239, en la localidad de Rafael Calzada. Cuando ingresaron a la vivienda vieron que Orué escapaba por los fondos, por lo que salieron en su persecución varios efectivos, registrándose un tiroteo en el que lo asesinaron.

Orué fue enterrado luego en la clandestinidad en el cementerio de Rafael Calzada.

El grupo de represores revisó todas las dependencias de la casa y robó gran cantidad de objetos de valor, y hasta ropa y vajilla, todo lo cual fue cargado en un camión.

La mujer y los dos hijos que habitaban la casa fueron trasladados a la comisaría de Berazategui, donde fueron alojados en un entrepiso de la seccional: allí compartieron cautiverio con otros detenidos, entre ellos Raúl Aguirre, oyendo los gritos de tortura de manera permanente. Estuvieron cuatro días, tras lo cual fueron "legalizados", mientras que Juani quedó alojada en los calabozos de la seccional y sus dos hijos permanecieron en el casino de oficiales a la espera de ser retirados por una vecina de confianza.