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Desde Barcelona

Carles Puigdemont respondió, sin responder. Al requerimiento que el presidente Mariano Rajoy le envió urgiéndolo a aclarar si el martes pasado declaró o no la independencia, el presidente catalán prefirió evitar el sí o el no que se le solicitaba y, en cambio, retrucó con dos nuevas peticiones: “que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña” y “que concretemos lo antes posible una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos”. 

Lo primero, ayer mismo se demostró que no va a ser posible, al menos en el terreno judicial, ya que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictaminó al terminar la jornada el ingreso en prisión preventiva y sin fianza de los presidentes de las dos organizaciones independentistas más fuertes, Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultura. La jueza los acusa de haber sido responsables de las concentraciones ciudadanas del 20 y 21 de septiembre en Barcelona para impedir que la guardia civil registrara diversos edificios públicos y efectuara detenciones a cargos de la Generalitat. Según la jueza, las movilizaciones que promovieron Jordi Sánchez y Jordi Cuixart “no constituyeron una protesta ciudadana aislada, casual o convocada pacíficamente en desacuerdo con las actuaciones policiales, sino que era una compleja estrategia en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”.

Lo segundo que Puigdemont anunciaba en la carta que le envió a Rajoy ayer a las 8 de la mañana, dos horas antes de que venciera el plazo pautado por el gobierno español, era la apertura de un lapso de dos meses para la negociación, lo cual tampoco obtuvo una recepción exitosa. En este período, el jefe del Govern pretendía también dar cabida a que “personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación, tengan la oportunidad de explorarlo” y, de esta forma, despejar dudas ante la opinión pública sobre cuál es el “compromiso” real de cada una de las partes que se pronunciaron en favor de hallar “una solución acordada”. 

“La prioridad de mi gobierno es buscar con toda intensidad la vía del diálogo. Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas, sobre el problema que le plantea la mayoría del pueblo catalán que quiere emprender su camino como país independiente en el marco europeo”, afirma Puigdemont en la misiva que Rajoy recibió este lunes con recelo. Pocas horas después, el jefe del Ejecutivo español ya tenía lista “la respuesta a la respuesta”, donde le manifestaba su disgusto por no haber  obtenido la aclaración –o rectificación– que buscaba.

La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría fue quien habló ante los medios para expresar su desconfianza hacia la “oferta de diálogo” de Puigdemont y anunció que ahora la cuenta regresiva se extiende hasta el jueves, cuando vence el segundo plazo del mecanismo que podría poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. “No resulta creíble que el señor Puigdemont haga llamamiento al diálogo cuando se niega a debatir con la oposición en el parlamento de Cataluña”, remarcó Sáenz de Santamaría. “Está en sus manos evitar que se den los siguientes pasos. Que deje de enredar a la ciudadanía. Lo primero que se le exige es que sea claro”, reclamó la número dos del Gobierno. 

“Los siguientes pasos” con los que amenaza el equipo de Rajoy y sus aliados contra el proceso independentista, el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos, son los encaminados a la suspensión de la autonomía de Cataluña, a través de la aplicación      –de forma inédita en la historia española– del artículo 155 de la Constitución. “Cualquier otra suerte de contestación, sea una carta o la simple reiteración de su discurso, no evitará el 155. No se entiende el empeño y la confusión que está provocando el señor Puigdemont salvo que responda a su estrategia de mantener el apoyo de los más radicales para tensar la situación hasta el límite”, advirtió la vicepresidenta tras recibir la respuesta de Puigdemont. 

O la “no respuesta”, como la califican los socialistas. Ayer el partido que lidera Pedro Sánchez también se reunió para valorar la carta enviada por Puigdemont a Rajoy y, al finalizar, su portavoz comunicaba que “la no respuesta de Puigdemont es inadmisible”, insistiendo en que el Ejecutivo central contará con todo el respaldo del PSOE para aplicar el artículo 155. “El único responsable, si finalmente ese artículo es aplicado, es Puigdemont. Si no rectifica, la única salida posible será la aplicación de ese precepto constitucional”, confirmó el portavoz socialista, Oscar Puente.

De todos modos, desde el PSOE recalcan que ellos no interpretan el mentado artículo como la suspensión de la autonomía de Cataluña, sino que se aplicaría “para restituir el autogobierno catalán”, tal como lo explicó Oscar Puente y días atrás el propio Pedro Sánchez. “Si se aplica el 155, es para devolverle a Cataluña el autogobierno perdido. Esa es la intención del PSOE y en eso vamos a ir de la mano del Gobierno”, subrayó el portavoz, destacando que su formación considera interrumpida la legislatura democrática en Cataluña desde la aprobación, en ausencia de la mitad de la Cámara, de las leyes del referéndum por el Parlamento regional. 

Los planes de Rajoy y Sánchez al activar este mecanismo de coerción federal copiado de la Constitución alemana para obligar a una región a cumplir la ley cuando se salta sus deberes o altera el interés general son, en primer lugar, reemplazar al gobierno catalán y convocar en pocos meses a elecciones autonómicas. El Partido Popular, por su parte, también tiene como objetivo asumir el mando de la policía local -los Mossos d’Esquadra- y cortar las ayudas públicas a las organizaciones independentistas, así como el control de los medios de comunicación públicos. 

Para Podemos, la aplicación del 155 a la que parece abocarse el conflicto entre España y Cataluña además de suponer una “irresponsabilidad” que no sirve para solventar la situación, supone “una involución democrática y empeorar la crisis de Estado abierta con la cuestión catalana”. Así lo expresó Pablo Echenique, secretario de Organización del partido izquierdista, luego de conocer el diálogo epistolar de ayer entre Rajoy y Puigdemont. El segundo de Podemos también afirmó que el PP y PSOE podrían haber pactado “de antemano” la aplicación de la polémica norma constitucional, dado que “parece una decisión tomada a priori, que no depende de lo que pase, o de lo que uno diga o deje de decir”.

La formación de Pablo Iglesias propone como solución la convocatoria de un referéndum pactado, apostando por un diálogo que, de momento, todo hace pensar imposible. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es otra de las dirigentes que defienden a capa y espada esta opción y ayer, tras la noticia de un nuevo contacto estéril entre el presidente español y el catalán, cargó contra el accionar de Rajoy por, a su juicio, haber planteado un requerimiento “en términos de rendición”. “Esto es un error, porque si tú la primera respuesta que pides al interlocutor la sitúas como una rendición, está claro que este diálogo no será fructífero”, remarcó Colau. “Los que estamos en las instituciones debemos hacer posible este diálogo, porque, si hay un mandato ciudadano por encima de todo es que haya diálogo”.