Opinión
El programa del ajuste

El pronóstico del inminente ajuste económico realizado por distintos dirigentes opositores no es un eslogan electoral, sino que surge de los postulados contenidos en el proyecto de ley de Presupuesto 2018 y en el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El Poder Ejecutivo plantea como programa de gobierno un escenario de crecimiento de la economía del 3,5 por ciento para el próximo año. La inversión sería la locomotora con una tasa interanual positiva del 12 por ciento. La misma cuadruplica la evolución del consumo (proyectada en 3 por ciento) y es casi diez veces superior a la expansión del consumo público (1,3). Para alcanzar estas metas, el Presupuesto prevé una caída general de la participación del sector público en la economía, donde el gasto primario de la administración nacional descenderá un 1 por ciento del PIB, bajando desde el 23 por ciento para situarse en el 22. Los recortes para alcanzar esta meta se dan en los subsidios económicos, cayendo un 21,1 por ciento nominal el que corresponde a la energía y un 1,3 el de transportes, augurando un “tarifazo” significativo.

También se acotarán en términos reales las transferencias discrecionales del Ejecutivo hacia las provincias, presentando una variación del 9,9 por ciento respecto de una inflación pronosticada del 15,7. Esto evidencia que se forzará el ajuste sobre las jubilaciones provinciales, correspondientes a las cajas no transferidas a la Anses. Asimismo, es notable que el monto destinado a inversión pública directa se sitúe en torno a los 210.000 millones de pesos, número bastante inferior a los 280.000 millones destinados a los pagos de deuda pública, que es el componente del gasto que más crece interanualmente, con una tasa del 28 por ciento.

Ahora bien, esta composición de política económica para el año que viene prefigura un supuesto que nunca se cumplió en el pasado. Hasta hubo frases emblemáticas de esos fracasos: “Achicar el Estado es agrandar la Nación” de la dictadura cívico-militar o “el déficit cero nos permitirá alcanzar el grado de inversión que hará fluir capitales” del gobierno de la Alianza.

Una política fiscal de reducción de la presión tributaria sobre la renta exportadora, los consumos suntuarios y los patrimonios, conjugada con un estancamiento de la economía de dos años sólo podía tener como resultado un agravamiento del cuadro fiscal. En efecto, eso es lo que ha ocurrido: el gobierno de Cambiemos aumentó el déficit total desde el 4,1 por ciento del PIB en 2015 al 6,2 en 2017. Ahora no planea que el crecimiento económico y el restablecimiento de la equidad tributaria sean el rumbo para cerrar la brecha fiscal, sino el ajuste puro y duro maquillado de favorecer “condiciones objetivas para el desenvolvimiento del sector privado y sus emprendedores”.

En línea con estos postulados, el gobierno nacional propone en el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal congelar el gasto público nacional y provincial en términos reales y, a la vez, acotar el poder tributario no delegado de las provincias para autofinanciarse. Estos hechos, sumados al recorte real de las transferencias discrecionales, implican una ruptura del federalismo consagrado en la Constitución Nacional de 1994. El ajuste es inducido a las provincias, que son las efectoras de los sistemas de salud y educación en todo el país. 

Finalmente, esta política fiscal sostenida por deuda pública comienza a encontrar límites en los mercados financieros. La corrección de semejante desequilibrio sólo puede ser traumática, en tanto que el Estado abandona su rol de redistribuidor social y que el único componente del gasto que crece en términos relativos es el de los servicios financieros. 

* Secretario de Economía y Hacienda de La Matanza.