El debate en el plenario de comisiones sobre la Ley Ómnibus contó con la presencia de varios funcionarios del Gabinete de Javier Milei que expusieron frente a diputados, entre ellos el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. El productor teatral dijo que estaba ahí para “exponer y defender el plan cultural que abarca la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y –en línea con el discurso presidencial– remarcó: “No hay plata”. También repitió el lema “casta o libertad”, pero no dijo nada específico sobre la Ley de Defensa de la Actividad Librera (N° 25.542) que pretenden derogar.

¿Cómo impactaría esto en las pequeñas librerías de barrio y los sellos independientes? En la Argentina hay más de 1500 librerías y más de 2000 editoriales registradas: el 80% son PyMES que producen 6 de cada 10 novedades. Laura Forni es librera y editora en Tren Nocturno (Banfield) y secretaria de la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI). Consultada por la ausencia de los puntos que atañen a la industria del libro en el debate, dice: “Lo venimos notando desde hace bastante, incluso en la opinión pública o en el Cacerolazo Cultural. Creo que uno de los factores fue la organización un tanto dispersa, sin una columna unificada; es algo que vamos a cambiar. Por otra parte, lo de la Ley 25.542 figura en el artículo 3 de desregulación general, separado del paquete cultural que involucra a organismos como FNA o INT”.

Tal como señaló Pierre Bourdieu, los libros tienen una doble naturaleza: son mercancías y, a la vez, significación. El desafío para el sector es contemplar ambas aristas y unificar la lucha con otros reclamos. En esa línea, Forni señala la necesidad de identificar a las librerías como actores culturales y no sólo como comercios. “Son espacios culturales. La ley fue un poco minimizada por los medios. Muchos no indagan qué implica esa ley que ya tiene 22 años y en su momento se debatió muchísimo”, recuerda Forni, y asegura que el ecosistema cultural creció notablemente gracias a esa legislación.

Anshi Morán es editora y librera en La Libre (San Telmo) y presidenta de la cooperativa TyPEO, colectivo de editoriales independientes nacido en 2019. En relación al diferencial que aportan las librerías de barrio, explica que “al establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) la competencia se da no sólo en términos de precios sino en función de lo que cada espacio puede ofrecer”. Morán señala que las librerías se convierten en “focos de cultura” y esa dinámica motiva la organización de talleres, presentaciones, lecturas y otras actividades que generan un círculo virtuoso: “En La Libre elegimos una editorial por mes y hacemos un evento, exponemos sus libros en una mesa especial para que vean su catálogo, los difundimos en redes y pensamos acciones para hacer llegar a los lectores la diversidad de publicaciones”.

La librera menciona también un ciclo de poesía en el que participan autores consagrados y nuevas voces del campo literario. “Es muy enriquecedor que esto ocurra en distintos puntos del país. Hace poco publicamos en Instagram una encuesta: preguntábamos por qué son importantes las librerías de barrio y muchos lectores decían que son espacios donde se sienten a salvo, lugares vitales que mejoran sus vidas, refugio y escape”. Otro de sus fuertes es la atención personalizada: “Se valora al librero que te conoce y te recomienda según tus gustos o te ayuda a pensar un regalo. Vender un libro no es como vender otro producto”.

Gonzalo Miranda, editor en Muchas Nueces (sello especializado en infancias y diversidades), cuenta que con 35 años es “el segundo socio más viejo de la editorial” y subraya que en la cooperativa siempre desarrollaron su actividad bajo la ley de PVP. “Es lo que conocemos: nuestra forma de pagar derechos están basados en esa ley”. Se trata de un acuerdo ampliamente respetado y, de no existir esta legislación, tendrán que repensar todo la estructura con el riesgo de replicar “modelos terribles” como los de Estados Unidos o Inglaterra que “empobrecen a los trabajadores y reducen las posibilidades de generar empleo”.

El proyecto enviado por Milei genera incertidumbre y en el sector desconocen si quien llevó la propuesta pertenece a la industria librera. “En la cadena de producción del libro hay monopolios, pero ni siquiera esos actores que se verían beneficiados se pronunciaron al respecto. No escuchamos ninguna voz del sector expresándose a favor”, puntualiza Miranda. En los últimos años el sector venía trabajando en la creación del Instituto Nacional del Libro, pero este proyecto supone un retroceso porque obliga a “replegarse para cuidar las leyes vigentes”. En términos de modelo, todos coinciden en definir la propuesta como una estrategia de “mercantilización” y un intento por “reconceptualizar” la cultura para no reconocerla como un trabajo legítimo. 

Un eje problemático surge al preguntarse quiénes son los beneficiarios de la posible derogación: suele señalarse a grandes actores como cadenas o supermercados, pero los entrevistados también ven un gran riesgo en las plataformas de venta online como Mercado Libre o Amazon que, al no tener costos fijos, pueden vender a un precio más bajo. Carmela Pérez Morales, librera en Notanpuan (San Isidro) y editora en Alquimia, dice que la derogación significaría "un impacto económico enorme para librerías y editoriales independientes porque quienes tienen la posibilidad de manejar los precios como quieren y ofrecer descuentos son los grandes monopolios". "Mucha gente se pregunta si un libro debe costar lo mismo en Palermo o en La Pampa pero siento que no se termina de entender el funcionamiento: liberar los precios sólo beneficia a grandes actores y no permite que las librerías pequeñas puedan competir", explica.

Uno de los conceptos que más circuló fue el de bibliodiversidad. Argentina es un país referente y pionero en materia legislativa. Pérez Morales apunta que "esto no le cuesta un peso al Estado porque hay pocos subsidios que llegan de manera excepcional" y comparte algunos datos: "Desde que se aprobó la Ley 25.542 en 2001, la cantidad de sellos independientes creció en un 300% y la cantidad de librerías en más del 100%. En Argentina apareció un mapa de publicaciones con más variedad y especificidad". Otro eje a destacar es la democratización y el surgimiento de nuevas voces: "Si se deja de cuidar a este sector, se pierde el núcleo donde surgen fenómenos interesantes, desde el editor que lee un manuscrito y se la juega hasta el librero que lo recomienda con cariño. Me parece que hay mucha gente que banca eso y no quiere la amazonización del oficio librero, muy romantizado pero también muy respetado".

Forni recurre a un caso reciente: “En Inglaterra existía una ley similar a la nuestra pero en 1995 fue derogada y los gráficos demuestran que en un año la cantidad de librerías se redujo a la mitad”. Dinamarca, Alemania y Portugal cuentan con PVP y ecosistemas literarios muy nutridos y diversos, mientras que Colombia y Chile intentan replicar la ley argentina. Forni advierte que “quedará un mercado reducido tanto en puntos de venta como en cantidad de libros ofertados” y, aunque admite que en el último año los precios aumentaron de manera inédita, explica que no se debe sólo a la inflación sino a la monopolización de la venta de papel: “El mercado está en manos de dos grandes empresas y, al ser los únicos proveedores, pueden poner el precio que quieran”. Es un buen ejemplo para ver cómo funciona la concentración.

En el sector advierten que “los libros serán más caros y se terminarán convirtiendo en un bien de lujo”, y coinciden en la necesidad de organizarse colectivamente. Hace poco hubo una asamblea (está prevista otra para el 18), se están reuniendo con legisladores para plantear sus reclamos y acompañan las acciones de Unidxs por la Cultura. Comunicación transversal y movilización callejera son dos premisas claves para fortalecer las alianzas. “Pensando en la campaña por el aborto, la idea es llegar a la población porque un lector a veces no sabe cómo funciona la industria del libro y no tiene por qué, pero es importante proteger el PVP porque la derogación atenta contra la bibliodiversidad y contra sus derechos", concluyó Morán.