En los días que corren, la situación política en Cataluña y en España exige, de tan complicada, extremar recursos analíticos e interpretativos tomados a como dé lugar y cualquiera sea la disciplina de la que provengan. Por caso, el psicoanálisis nos provee de ciertas herramientas vinculadas a la “escucha”, término que denota algo más que el verbo “oír”, pues nos remite al “todo” del hablante, esto es, a su gestualidad, a sus posturas, a sus silencios, a los énfasis y a la relación del contenido con los afectos, entre otras relaciones que también se pueden explorar y establecer.
Tales prevenciones hermenéuticas resultaron imprescindibles a la hora de interpretar y entender los discursos tanto del rey Felipe –el viernes 20– como del presidente Rajoy –el sábado 21–, piezas oratorias que si no destacaron por su calidad formal sí, en cambio, exhibieron un contenido muy denso que iba más allá de lo explícito, pues ambos estaban hablando de algo más que de aplicar el artículo 155 de la Constitución española.
Cabe, así, la pregunta: ¿de qué han hablado ambos cargos ubicados en lo más alto de la pirámide institucional del Reino de España?
Perder poder es la clave. Temen perder poder y ha sido ese el tema implícito en sus alocuciones sucesivas del 20 y del 21 de octubre. Hablan desde la posibilidad de la pérdida de poder porque lo que está en crisis es el régimen del 78.
Poco antes de su muerte, el dictador Francisco Franco –aquel que prohibió el idioma catalán con el argumento de que no era un idioma sino un dialecto– dejó para cierta posteridad autoritaria –que aún vive en España aunque adornada con los indumentos del apego a la ley– una frase con la que aludía al mentado régimen del ‘78: “He dejado todo atado... y bien atado”. En ese año se redactó la actual Constitución española. Ese es su origen y hoy es muy íntima la relación entre el Partido Popular de Rajoy, el Tribunal Supremo de Justicia y la Casa Real. Pero como el paso del tiempo desgasta hasta la piedra, también se desgastó esa colusión política de signo abiertamente conservador y, al cabo de estos casi cuarenta años, el hilo de lo atado se aflojó y el gobierno de España se enfrenta a la necesidad de hacer algunas reformas para que el paquete luzca de nuevo firme y bien atado.
Lo dicho hasta ahora es lo mismo que decir que estamos ante una crisis estructural del régimen y que por eso mismo, por estructural, es una crisis que excede al gobierno del PP. Con esto afirmo que lo que no cierra más es el modelo de la transición. Frente a esta crisis hay un pacto de élites para salvar el statu quo en virtud del cual las corporaciones (Conferencia Española de Organizaciones Empresariales –CEOE–, los partidos unionistas, los bancos y la casa real –primera beneficiaria–) se unen para salvar al estructura estatal armada desde 1978. De este modo se entiende mejor el discurso del rey Felipe VI que procura disciplinar a todos los actores con un único programa: la “contrarreforma”. Quiero decir que aun el pasado más remoto se filtra por los entresijos de la historia y cala profundo en la ideología de los voceros del Estado español, pero Cataluña es sinónimo de libertad porque en su pasado histórico no hay autocracias, ni tiranías, ni totalitarismos, ni fascismos sino sólo y nada menos que ansias de vivir en independencia y libertad.
Por todo esto es que luce ahistórico e irrealizable el proyecto español para Cataluña. Se trata de una voluntad unilateral de reformar la Constitución con criterio involucionista, es decir, no sólo negar a Cataluña el derecho a decidir sobre su independencia sino volver atrás la rueda histórica de los justos derechos adquiridos (partidos, elecciones, autonomías). Es el gobierno gentral de Madrid actuando sin la menor vocación de diálogo y dispuesto a prohibir, a encarcelar, a reprimir, a atacar a instituciones catalanas como la Guardia Civil y la Audiencia Nacional y con la pretensión de decir de qué se puede hablar y de qué no.
Pues hay temas en los que Cataluña está interesada en emitir opinión y si no quieren oír a Cataluña pues entonces Cataluña le dirá al mundo que la corrupción en el gobierno español es obscena y contraria a una moral social elemental. Ahí están los casos Bárcenas, Gürtel, Banco Popular, Caja Madrid, funcionarios turbios como el Fiscal General José Manuel Maza o el ministro de Justicia Rafael Catalá y tantos otras situaciones en las que la ética ha sido la primera víctima. Emanciparse del yugo español, entonces, es hacerlo, simultáneamente, de un Estado cuyo gobierno no tiene autoridad moral para decirle a los catalanes lo que tienen que hacer.
En definitiva, el que delinque busca su coartada. Y la coartada, aquí, es la aplicación del 155. Cuando hay tantas cosas debajo de la alfombra, lo mejor es gritar “¡al ladrón... al ladrón...!” y señalar con el dedo hacia allá, cuando el ladrón está acá y es el mismo que grita. De ese modo, intentan lograr que, otra vez, todo quede “atado... y bien atado”.
* Presidente de la Asociación Catalana de Socorros Mutuos Montepío de Montserrat.
