El ajuste económico sobre los trabajadores, el achicamento del Estado y la confrontación con las provincias comienzan a limar la confianza puesta en Javier Milei por una porción mayoritaria de la población en las elecciones de noviembre. Según la encuesta nacional realizada por Analogías, entre el 20 y 23 de febrero, el presidente perdió 5 puntos de imagen positiva en el último mes, mientras que se sostiene el rechazo a la dolarización y se anticipa una resistencia social al plan de ajuste económico. 

La encuesta de Analogías revela que Milei pasó de tener 5 puntos de imagen positiva por encima de la negativa, a quedar prácticamente igualado:  47,4% y 47%, respectivamente. En los extremos de esas opiniones, las negativas pasan al frente: un 23,6 por ciento de los encuestados consideran la imagen presidencial "Muy mala", mientras que un 23 por ciento sostiene que es "Muy buena". En tanto, apenas un 5,6 por ciento de quienes respondieron se mantienen al margen.

La propuesta electoral que sí se mantiene con un rechazo mayoritario en la sociedad es la de la dolarización con un  53% de las opiniones en contra. "El rechazo nítido a la dolarización y una incipiente alerta sobre la integridad nacional contradicen la premisa presidencial acerca de que efectivamente éste fue el programa validado electoralmente", sostiene el informe de Analogías. 

Junto al rechazo a la dolarización, la opinión pública comienza a valorar negativamente el futuro económico del país. Las percepciones pesimistas alcanzan el 47%, mientras que las optimistas son del 45%. Ante la consulta "¿Cómo cree que va a estar la situación económica en los próximos dos años?", la respuesta más elegida fue "Mucho peor" (22%). Mientras que el 19,3 de los encuestados respondieron "Mucho mejor" y el 19,5% "Mejor". 

Las expectativas económicas tienen una segunda lectura al observar cómo evalúa la opinión pública la promesa de Milei respecto de que el ajuste lo pagaría "la casta". Una clara mayoría expresó que el ajuste recae sobre trabajadores y jubilados (55%) y que habrá resistencia social al mismo (65%). Solo el 25,6% de los encuestados respondió que el ajuste recae sobre "la casa política", mientra que un número alto de encuestados dijeron decir que "no sabe" (19,6%). 

En ese contexto, el relevamiento de Analogías muestra que la sociedad espera una reacción popular ante ese ajuste. El 65,5% de los encuestados dijo que "habrá resistencia social y sindical al ajuste que hace el Gobierno" y sólo 21,7% consideró que será "poco" o "nada" la reacción. 

El conflicto con los gobernadores y el federalismo 

La encuesta de Analogías, realizada con una muestra de 2.495 casos efectivos en todo el país, finalizó el viernes pasado, cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, marcó el ultimátum de no entregar gas y petróleo en caso de que el Gobierno continuará negándole el giro de reembolsos coparticipables. La reacción presidencial fue con constantes ataques públicos y discriminatorios, que no llegaron a ser evaluados en la encuesta. 

De todas maneras, el manejo del Gobierno respecto de la toma de decisiones y eel diálogo con gobernadores y legisladores apareció como una alerta. Según el informe de Analogías, en la visión mayormente aceptada sobre el funcionamiento de la democracia representativa en la Argentina, manifestó que son necesarios y válidos los consensos con legisladores y gobernadores.

Ante la consulta "¿Cree que está en riesgo el Estado Federal y la integración nacional de la Argentina?", la respuesta fue "Sí, está en riesgo" para un 41,2% de los encuestados, el 15,8% dijo no saberlo y un 43% confió en que "No está en riesgo". En paralelo, como reflejo del fracasado tratamiento de la Ley Ómnibus, el 53,3% de los encuestados respondió que el Gobierno debe alcanzar acuerdo políticos con otras fuerzas y gobernadores para aprobar leyes en el Congreso.   

"Llamativamente, la distribución de estas respuestas por segmento de opinión es muy regular; es decir que incluso los propios encuestados de opiniones oficialistas le reclaman al Gobierno que acuerde con las fuerzas de la democracia un eventual programa de ajuste", sostiene el informe y evalúa que es "una demanda que está muy lejos de la imposición, la venganza y la agresión soez que parece orientar la conducta presidencial".

"El intento del Presidente de transformar una demanda de cambio de la política económica en un mandato para destruir el Estado nacional y eliminar la búsqueda de consensos con legisladores y gobernadores parece estar sorprendiendo a importantes sectores de la opinión pública, aún entre muchos de quienes lo votaron", sintetizó Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías.