La dirigencia de Central reunió pruebas y eleva descargo en la Confederación Sudamericana de Fútbol por los incidentes que se dieron en el partido con Peñarol por Copa Libertadores. El esfuerzo de los abogados intenta minimizar los problemas que asumirá el club con la inevitable sanción que sufrirá. La agresión de la que fue víctima el jugador Maximiliano Olivera expone, al menos en el aspecto económico, a una pena que puede llegar a los 400 mil dólares. La dirigencia de Peñarol pide por la clausura del estadio.

A fin de mes la Confederación Sudamericana de Fútbol dará a conocer una resolución sobre el expediente abierto a Central por los hechos de violencia que se vivieron en el Gigante antes, durante y después del partido entre los canayas y Peñarol el pasado jueves 4. En su descargo Central plantea un escenario de conflictividad desde antes de que inicie el encuentro y que tuvo como disparador una bomba de estruendo que los hinchas uruguayos habrían arrojado a la tribuna popular alta de Génova donde se ubicaban los simpazantes auriazules. Esa agresión disparó en la respuesta de los hinchas canayas, quienes arrojaron el vacío el vallado montado increíblemente en la tribuna superior para que el público no se acerque a la baranda y evitar así que se agreda al público visitante, ubicado abajo por disposición de los organismos de seguridad. La tensión entre los hinchas fue aumentando y la parcialidad visitante hizo destrozos en las instalaciones del Gigante. Dejaron inundado e inutilizado el baño de la popular, entre otros daños. Al finalizar el partido, cuando Olivera fue a saludar a su público le lanzaron de la tribuna superior, donde estaban los canayas, una piebra que le causó un corte debajo del ojo izquierdo que ameritó atención médica en un nosocomio de la ciudad.

Peñarol reclamó por una sanción muy dura como la clausura del Gigante de Arroyito y hasta la quita de puntos para los canayas. Pero hay atenuantes que fundamantó la dirigencia para evitar, en primer lugar, la clausura parcial de algún sector del estadio dado que está todo vendido para el partido que el martes 7 de mayo el equipo jugará ante Atlético Mineiro. Pero hay riesgo cierto de que la tribuna popular de Génova pueda ser inhabilitada parcialmente o en su totalidad. La sanción económica es inevitable. La pena oscilará entre los 100 mil dólares y los 400 mil. Es muy probable que esté mucho más cerca del máximo que del mínimo. Y para la tesorería canaya será el gran problema dado que los gastos de los traslados a Brasil y Venezuela en la fase de grupos son muy onerosos y los fondos para afrontar de los mismos deben salir del club.

Por otra parte, ayer se llegó a un acuerdo en juicio abreviado y los cuatro imputados por arrojar panfletos con cargadas sobre el estadio de Newell’s finalmente recuperarán su libertad, a cambio de aceptar una pena de tres años de prisión en suspenso, pagar la suma de 2 millones de pesos ($500.000 cada uno) y otras reglas de conducta y sanciones impuestas por la Justicia.