El establishment celebra. Los sectores populares no salen de su perplejidad. En el medio, una amplia franja de la población que quiere creer que las medidas son a su favor pero no comprende bien cómo ni por qué. En apenas horas, el gobierno lanzó una reforma que le pegó en la espina dorsal a todo el andamiaje de la legislación laboral, presentó una sinuosa reforma tributaria de la cual, seguramente, algunos capítulos están de antemano destinados a quedar en el camino, anunció la privatización de centrales energéticas y puso en manos del titular de la Sociedad Rural, nada menos, el Ministerio de Agroindustria. Liberó el manejo de las divisas provenientes de las exportaciones –ya no habrá obligación de liquidarlas en el país en ningún momento– y anticipó que modificará la fórmula de movilización jubilatoria, con lo que espera pagar 100 mil millones de pesos menos de jubilaciones el año próximo. “Ahora o nunca”, tituló los anuncios un portal empresario agropecuario celebrando las medidas y su oportunidad, un concepto que seguramente iluminó la decisión del gobierno para avanzar a ritmo de vértigo sobre derechos adquiridos y terminar de acomodar los tantos a favor de los grupos más concentrados.

El plan de gobierno hora está expuesto, aunque la táctica discursiva siga siendo la misma: presentarlo con tono edulcorado, “es duro pero necesario”, “es lo mejor para todos”, “empezamos a sacar el carro del barro”, “todos van a tener que poner algo”. Hay quienes rechazan ese relato señalando que los efectos negativos son indisimulables, pero hay también, y son muchos, los que “lo compran”. Entre los primeros, Marcos Gallo, investigador de la Universidad de Mar del Plata, en un reportaje para APU (Agencia Paco Urondo), señaló esta semana: “este modelo no tiene lugar para las pymes, irán desapareciendo y generará altos niveles de desempleo”, para luego agregar que “es muy cínico que presenten esta reforma laboral como una medida que va a crear trabajo cuando es todo lo contrario; la flexibilización laboral es una herramienta de destrucción de fuentes de trabajo. Es básicamente su objetivo, reducir el costo salarial argentino, que no es más que el nivel de vida del argentino”. Estas definiciones están formuladas en medio de un análisis mucho más profundo, en el mismo reportaje (hecho por Branco Troiano), que merece leerse.

Otro comentario que rechaza el relato oficial, aunque en tono más irónico, fue hecho a este periodista por un dirigente industrial esta semana. “Este gobierno es como ese conocido que te escucha toser, se te acerca y te pregunta: ¿Estás mal? ¿Te duele el pecho? ¿Sabés por qué tenés esa tos? ¿Te hiciste ver por un médico? No te descuides, mirá que a esas cosas uno no le da importancia pero se pueden complicar. Mirá, tengo este jarabe, tomalo ahora para que te alivie pero después hacete ver para quedarte tranquilo. Pero cuando tomás el jarabe que te dio, resulta que es ácido muriático”.  Luego, el que parodia la relación con el gobierno explicó: “Estoy cansado de ir a ver a los funcionarios, del Ministerio de Producción, de Comercio o de Industria, y que te reciban con café, muy cordiales, charla amena, manifiesten preocupación y te prometan un destino de felicidad, pero cuando toman medidas te matan”. El dirigente empresario, de un sector pyme muy vinculado al mercado interno, sabe de lo que habla. Y esto fue dicho tras conocerse el paquetazo de esta semana. 

Y, sin embargo, no son pocos los empresarios que se ilusionan, se entusiasman con la idea de que bajarán sus “costos laborales”, que ahora estarán protegidos de los abusos de “la industria del juicio laboral”. Ven el futuro a través del cristal de sus propios costos, y tal vez estén en lo cierto en algún aspecto, pero no miden las consecuencias de un mercado interno que se achica, un consumo que seguirá retrayéndose con esta política laboral, con menores salarios y menos empleo. Una estructura económica en la que ya no habrá lugar para pymes, como bien dice Marcos Gallo (citado más arriba).

Muchos dirigentes pymes lo saben. Tendrán que pelear contra un modelo que los excluye, y contra la candidez de sus propios afiliados, entre los que el discurso oficial caló hondo. Tendrán que demostrar que “el modelo industrial” no es tal. Uno de ellos describía, esta semana, que 15 días atrás, el gobierno convocó a los integrantes de “la cadena de valor del cuero” (curtiembres y manufacturas) para debatir sobre las condiciones y las necesidades del sector, en sus distintos eslabones. Estaban los ministros Francisco Cabrera, de Producción, y Ricardo Buryaile, todavía de Agroindustria. Entre los representantes sectoriales participó Luis Miguel Etchevehere, de Sociedad Rural, “por los dueños de las vacas”, segmento que nunca había tenido intervención en los debates de rama industrial El dirigente de la Rural no sólo sorprendió por su presencia, sino también por su propuesta en esa oportunidad: pidió la eliminación de todo tipo de retención para exportar los cueros sin procesar. “Una propuesta de primarización absoluta, como para dejar de pensar en exportar cinturones, botas o carteras. La desindustrialización total, la vuelta a la etapa de la colonia”, relató al autor de esta nota el empresario que participó de ese encuentro. “El que presentó eso hoy es ministro. Y encima el gobierno te vende que la reforma tributaria y laboral es la solución al problema de las pymes industriales, y muchos le creen”.   

Los grupos más concentrados, los que constituyen la cúpula, el establishment, el poder económico, sí tienen razones válidas para celebrar. Esta semana sintieron que “ahora sí” el gobierno de Cambiemos se decidió a gobernar para ellos. Antes, tenían una sensación de “demasiadas concesiones” a otros sectores sociales. Algunos de sus voceros mediáticos llegaron a calificar de “populismo culposo” a medidas del gobierno que atenuaban el castigo a los sectores más vulnerables. Ahora sienten que “eso se acabó”: van por todo. Ese “todo” incluye cambiar las reglas de juego para consolidar una posición de poder en la sociedad, barriendo fundamentalmente con el cuerpo central de la legislación laboral. De prosperar la reforma planteada, ese cuerpo quedaría quebrado en su espina dorsal al quitarle apoyo a aspectos fundamentales de la ley de contrato de trabajo, como son las indemnizaciones por despido o la jornada laboral de 8 horas. 

Menos poder a los sindicatos, y cada vez menos Estado. Un Estado que seguirá reduciendo los subsidios (transferencias) a los sectores más vulnerables y seguirá cediendo poder de decisión a los sectores privados, a los que además empodera con desregulaciones y un nuevo capítulo de privatizaciones. Con un sendero de aumento de tarifas ya establecido, ahora entrega el negocio de explotación de seis centrales térmicas y participaciones accionarias en distintas compañías. La puesta en marcha del sistema de Participación Público Privada (PPP) para obras de infraestructura hará el resto: será el sector contratista el que defina cuándo y cómo se harán las obras. 

El negocio financiero, la especulación inmobiliaria, las exportaciones extractivas, más los sectores altamente concentrados proveedores de la obra pública, son los grandes beneficiarios de este modelo, y también de este último conjunto de medidas. Para ellos, el negocio. Para ellos, el poder. Como contrapartida, “todo lo que es el entramado productor, que está orientado al mercado interno y está compuesto en gran medida por Pymes, tenderá gradualmente a achicarse de manera considerable: este modelo no tiene lugar para pymes”, sentencia el investigador Marcos Gallo en el artículo ya mencionado. Mauricio Macri eligió bien el momento, sus estrategas pensaron minuciosamente la política de comunicación: de tipo invasiva, de imposición por ahogo. Una novedad tras otra, sin respiro. Acorralando al rival. El establishment lo celebra. Los perjudicados todavía no salen de su perplejidad.