La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tiene un nuevo titular. Se trata de Sergio Darío Neiffert, un hombre al que no se le conocen antecedentes en la materia y cuyo mayor atributo es gozar de la confianza de Santiago Caputo, el influyente asesor de Javier Milei. Con la llegada de Neiffert a la exSIDE, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) continúa con la intervención de la agencia –lo que impide que el Senado evalúe los antecedentes del nuevo “Señor Cinco”, como se conoce al jefe de los espías.

Neiffert deambulaba hacía tiempo ya en el edificio de la calle 25 de mayo. Llegó informalmente después de la salida intempestiva del jefe de Gabinete Nicolás Posse y de Silvestre Sívori de la AFI. A ambos los acusaban de espiar a integrantes del gobierno. Las versiones indican que los que podrían haber sido víctimas de la vigilancia ilegal son miembros del círculo de confianza del Presidente: Santiago Caputo, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y su hermana Karina Milei, la todopoderosa secretaria general de la Presidencia. Milei no confirmó las versiones del espionaje, solo le dedicó su desdén a su amigo de la Corporación América. “Posse es historia”, lo desairó ante una pregunta de un periodista acreditado en la Casa Rosada.

La llegada de Neiffert al gobierno libertario vino de la mano de la familia Caputo. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, lo designó como representante del Poder Ejecutivo ante la Autoridad Cuenca Matanza (Acumar). Meses después, Santiago Caputo lo llevó a la AFI. La información indica que Neiffert era amigo del padre del asesor, el escribano Claudio Caputo.

Cuando inició sus funciones en Acumar, Neiffert presentó un currículum vitae bastante escueto. Se presenta como una persona capacitada en la gestión de recursos y con buen desempeño en comunicación mediática. No tiene estudios universitarios. Es bachiller y técnico mecánico. Desde 2010 trabajó como productor en radios zonales y canales de cable. Hasta enero de este año, se dedicó a la cartelería callejera.

Su vínculo con el mundo de la política viene de la mano de Jesús Cariglino, el exintendente de Malvinas Argentinas. Cariglino alternó en la última década entre el Frente Renovador de Sergio Massa y el Pro de Mauricio Macri. Neiffert, nacido el 14 de marzo de 1968, trabajó desde los 28 años en el municipio de Malvinas Argentinas. Entre 2003 y 2015 fue consejero escolar. Está vinculado a Cariglino a través de dos firmas: New Consuld SA y New Francos SA. Ambas tienen un objeto amplio, pero New Consuld SA se dedicaba a la compra-venta de jugadores de fútbol. Hay un antecedente en la AFI de otro director dedicado al mismo rubro: Gustavo Arribas.

Desde la Casa Rosada proliferan versiones de que la AFI será reformada. Todo indica que no sería a través de una ley enviada al Congreso, donde el gobierno todavía no logra hacer pie. El gran interrogante es si la administración Milei pretende fusionar áreas de la AFI con la inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad o con la inteligencia militar estratégica del Ministerio de Defensa.

No se sabe tampoco si Neiffert tendrá un número dos, pese a que circula el nombre de una abogada. Durante la gestión Sívori, la AFI se llenó de militares retirados. El interventor marcó como hito de su efímera administración el alineamiento automático con la central de inteligencia estadounidense, la CIA.

Un puesto clave vacante

El exbrigadier Jorge Jesús Antelo fue quien talló en la llegada de los retirados a la AFI durante los primeros meses del gobierno de Milei. Antelo era hombre de confianza de Posse y ocupaba formalmente el cargo de secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. Su influencia se extendía hacia Sívori.

Guillermo Francos, reemplazante de Posse, habría tentado para ese cargo a José Luis Vila, el exfuncionario de Cambiemos que denunció a la AFI de Arribas por haberle dejado una bomba sin conectar a modo de amenaza. El desembarco de Vila no está confirmado aún. Todo indica que él esperaría un visto bueno del partido al que pertenece, la Unión Cívica Radical (UCR).

Vila fue durante décadas funcionario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En 2015, se retiró. Con la llegada al gobierno de Cambiemos, ejerció como secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa con Julio Martínez y Oscar Aguad.

Por su tarea, se habría enemistado con las autoridades de la AFI. Denunció ante la justicia una serie de amenazas que culminaron el 6 de julio de 2018 con la colocación de un artefacto explosivo en un edificio en la avenida Callao en el que había vivido hasta tiempo antes.

Un año y medio después de ese hecho, un detenido por drogas –Sergio “Verdura” Rodríguez– se autoincriminó en una indagatoria con el juez de Lomas de Zamora Federico Villena: dijo que él había llevado la bomba a pedido de un abogado de Lanús que trabajaba en la AFI. Esa declaración sirvió como detonante para empezar a investigar a los servicios de inteligencia del macrismo. De esa forma, quedó al descubierto el grupo conocido como Súper Mario Bros, que tuvo como núcleo originario a policías de la Ciudad que pasaron en comisión a la AFI.

Vila tuvo una relación conflictiva con los mandamases de la inteligencia macrista. Según declaró el periodista de La Nación Carlos Pagni ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Actividades y Organismos de Inteligencia (CBI), Arribas le había dicho que pensaba que Vila quería quedarse con su lugar.

Sin control

El lunes, Milei cumplirá seis meses como presidente. Ya tuvo dos interventores dentro de la AFI. Sin embargo, la CBI sigue sin conformarse --lo que significa que no hay quien controle qué pasa dentro de ese área tan sensible. El mayor responsable de la demora es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Germán Martínez –jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP) le pidió que designe a los legisladores que deberán integrarse a ese cuerpo.

En abril, la Iniciativa Ciudadana por el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) –integrada por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Vía Libre– pidió la integración de la CBI sin éxito. El 10 de mayo, le solicitó una reunión a Sívori, que jamás respondió al pedido. Querían hablarle del control democrático de los servicios.