Juezas y procuradoras de todo el mundo, incluidas más de veinte de la Argentina, pidieron en el Vaticano que la trata de personas sea considerado “un crimen de lesa humanidad”, y se plantearon una serie de 27 objetivos, entre ellos un “apoyo integral a las víctimas” y el “establecimiento de un registro común, nacional e internacional, de agresores”.
“La trata de personas es un crimen aberrante que suele contar con la acquiescencia o negligencia del Estado, lo que lo convierte en una grave violación a los derechos humanos y debe ser considerado de lesa humanidad e imprescriptible”, aseguraron las magistradas en la declaración final del encuentro “Juezas y procuradoras tratan el tráfico humano y el crimen organizado” que se hizo el jueves y ayer en la Santa Sede.
Acordaron 27 objetivos, entre ellos el “apoyo integral a las víctimas, a largo plazo y sin limitaciones o condicionamientos”; el “establecimiento de un registro común, nacional e internacional, de agresores”; y el “reconocimiento de un derecho de permanencia de las víctimas en el país de destino regularizndo su situación administrativa”. Además, pidieron por el “establecimiento de un fondo especial de compensación a las víctimas”.
Entre las participantes de Argentina estuvieron la titular de la fiscalía contra la trata, Alejandra Mangano; la jueza Inés Weinberg de Roca y la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó (la más buscada por la prensa), entre otras.
“Para erradicar la trata de personas hay que remover sus causas que son principalmente la pobreza, la mentalidad patriarcal y machista que considera que el hombre tiene derechos sobre el cuerpo de la mujer”, aseveraron en otro punto. Y pidieron a los Estados avanzar hacia un modelo como el de los países nórdicos, en particular Suecia, en el que “por primera vez en la historia se criminaliza a los consumidores y no a las víctimas de la trata”.
Otra de las participantes argentinas, la jueza María Servini, se reconoció parte de un grupo “que a veces sufrimos algunos ataques”, y denunció que “la tendencia creciente es la de diluir la figura del juez a través de presiones desde arriba y desde abajo, desde el Estado y desde el mundo privado”.
