El Ministerio Público Fiscal imputó a cuatro miembros de la Prefectura por la filtración de las imágenes de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Diez días después de aquel episodio, el fiscal federal Juan Pedro Zoni dio curso a las denuncias presentadas la semana pasada por el abogado de derechos humanos, Marcelo Parrilli, y la defensa del ex funcionario, y elevó su resolución al juez federal Sebastián Ramos, quien ahora deberá decidir si acepta o rechaza las medidas de prueba sugeridas.
El viernes 3 de noviembre, el juez Ariel Lijo ordenó el arresto preventivo del ex vicepresidente, a pesar de que ni siquiera había sido llamado a indagatoria en la causa por enriquecimiento ilícito que determinó su arresto. La difusión de las imágenes del ex ministro de Economía, descalzo y en jogging, circularon por varios medios de comunicación, a raíz de lo cual Parrilli presentó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por considerar que las imágenes difundidas eran “ilegales”. En su escrito, el abogado advirtió que había “una política sistemática, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, destinada a difundir ilegalmente imágenes, también ilegalmente obtenidas, en el momento de la detención de ex funcionarios del gobierno anterior”.
A pesar de que la denuncia incluía también a Lijo, la Fiscalía no se expidió acerca del juez.
En consonancia con la denuncia presentada por Parrilli, Eduardo Durañona, abogado de Boudou, había radicado en los tribunales federales de Comodoro Py otra denuncia por "violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", también contra los efectivos de Prefectura Naval que estuvieron dentro del departamento de Boudou el día de su detención.
