La reforma del impuesto a las ganancias que recibió media sanción en la Cámara de Diputados despertó una ola de cuestionamientos de funcionarios, cámaras empresarias y economistas del establishment. Afirman que los cambios desfinancian al Estado, desincentivan la inversión y aumentan el desempleo. La Casa Rosada y sus aliados apuntaron también contra presuntas debilidades técnicas en el esquema –deducciones, escalas, exenciones, actualizaciones– y rechazan la creación de un impuesto a la renta financiera. Los equipos técnicos del Frente Renovador y el Frente para la Victoria defienden la iniciativa. 

“El Gobierno prefiere la patria financiera antes que la patria del laburo. Tienen un perfil altamente anti clase trabajadora. No hay voluntad de solucionar los problemas a la gente porque la única voluntad que tienen es ideológica: defender a los ricos y a los que especulan”, lanzó ayer el asesor y economista del Frente Renovador, Aldo Pignanelli, en diálogo con Futurock FM. “No vamos a permitir que por el capricho de gente rica los trabajadores sigan pagando un impuesto injusto. Le aprobamos más de 100 leyes y vienen dilatando el proyecto de ganancias; cuando Kicillof era ministro, pagaba ganancias un millón de personas y ahora son dos millones”, expresó el ex presidente del Banco Central. 

El colaborador del diputado Sergio Massa también rechazó que el proyecto desincentive la inversión como asegura el Foro de Convergencia Empresaria (ver aparte). “Ahora nos echan la culpa de que por modificar el mínimo no imponible no van a venir inversiones, ¿y en un año cuánto vinieron de inversiones, cuánto se llevaron las mineras, los especuladores con el dólar futuro y la tasa de interés de las Lebacs y la especulación? Hablemos en serio”, replicó Pignanelli. 

En sintonía con las objeciones realizadas desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el titular del Instituto Tributario Argentino, César Litvin, consideró que “este proyecto genera un gran desfinanciamiento para el Estado”. El debate sobre el costo fiscal de las modificaciones estuvo ausente cuando se dispuso la eliminación de los derechos de exportación a la actividad agropecuaria. De acuerdo a los legisladores de la oposición, la medida demanda alrededor de 60 mil millones de pesos anuales. El Palacio de Hacienda estima que será superior a los 100 mil millones. 

“El proyecto tiene una batería con un impacto político fenomenal y lo pone al Gobierno contra las cuerdas; está generando una discusión política sobre una cuestión que es técnica. Argentina requiere una revisión del sistema impositivo pero esta no es la forma”, consideró la economista Marina Dal Poggetto del Estudio Bein. La consultora describió al proyecto de la oposición como “un refrito, un parche que le hicieron al proyecto oficial donde lo que hacen es recrear la tablita, que a diferencia de la tablita anterior que tenia saltos discretos, esta es continua y baja el mínimo no imponible para los estratos más bajos”.