La Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó ayer el pedido de excarcelación de Amado Boudou y resolvió también que el juez Ariel Lijo siga a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la cual dispuso la detención del ex vicepresidente. La decisión del tribunal no implica, de todos modos, que Boudou vaya a seguir detenido en el penal de Ezeiza: los mismos camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero le solicitaron al magistrado que evalúe una posible morigeración del arresto, lo que podría traducirse en una prisión domiciliaria o el control mediante una pulsera electrónica.

Lijo ordenó la detención de Boudou el pasado viernes 3 en su departamento de Puerto Madero. Lo hizo en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se tramitaba desde hace años y en la cual el ex vicepresidente siempre se mantuvo a derecho. El juez tomó la decisión de detenerlo días después de ser denunciado por entidades afines al Gobierno de cajonear expedientes de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas y le imputó a Boudou ser parte de una supuesta asociación ilícita para lavar dinero. Bajo esos cargos mandó a detener también a su amigo José María Núñez Carmona, cuya detención también fue avalada por la Sala I Cámara Federal.

Para justificar la detención de Boudou, el juez de primera instancia argumentó que mantiene “relaciones residuales que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso”. Bruglia y Ballestero no acompañaron la idea de Lijo de que Boudou pudiera entorpecer la investigación en su condición de ex funcionario y que eso obligara a mantenerlo preso, tal el criterio aplicado para mantener detenido al ex ministro de Planificación Julio De Vido. “Nótese que la generalización indiscriminada de tal lógica supondría ignorar cualquier singularidad, imponiendo el automático encarcelamiento del funcionario -tanto pretérito, como actual- por la mera imputación de un delito, con el caro precio de avasallar fronteras fundamentales del Estado de Derecho”, apuntó Ballestero en su voto. 

En el caso de Boudou, los camaristas consideraron que es objeto de una investigación por hechos de corrupción y que está involucrado también en una “multiplicidad de causas”, que “se encuentran en pleno desarrollo con un considerable número de medidas probatorias”. En ese contexto, explicaron que del “análisis armónico de los distintos expedientes” se deduce que existen “motivos suficientes para restringir su libertad”.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña señalaron que se está frente a “un cuadro actual y objetivo que respalda la restricción” de la libertad del ex vicepresidente.

Junto con la excarcelación, los camaristas rechazaron la recusación de Lijo que planteó Boudou. “Las opiniones emitidas por los jueces en los casos sometidos a su decisión no autorizan su recusación cuando éstas hayan sido volcadas sobre puntos cuya dilucidación corresponde al juicio”, afirmó Ballestero en respaldo de la continuidad del magistrado. Habrá que ver qué decide Lijo a partir de la recomendación de la Cámara de morigerar el arresto de Boudou.