El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe decidió levantar el plan de lucha luego de que la Corte Suprema de Justicia le informara la firma de los decretos pendientes por parte del gobernador Maximiliano Pullaro. En ese marco, Jorge Perlo, Secretario Ejecutivo del gremio santafesino adelantó que este jueves la actividad será normal en toda la provincia. "La Corte nos informó que llegaron los decretos. Suspendemos el plan de lucha. El jueves (por hoy) trabajamos con normalidad", señaló Jorge Perlo secretario del gremio de Judiciales.
El plan de lucha inicial consistía en dos paros de 48 horas para esta semana (a concretarse miércoles y jueves) y para la semana que viene (el 11 y 12 de diciembre, con movilización incluida a Gobernación).
El sindicato consideró escasos los tratamientos de expedientes de ingresos, promociones, ascensos y coberturas de cargos. Sin embargo, tras concretar el primer día de paro, señalaron que entre el viernes y el lunes van a jurar 382 personas. Este martes, el propio sindicato había denunciado que "en tres o cuatro decretos suman, como mucho, a 20 o 30 personas y esperan un total de 500".
“El Ejecutivo y la Corte Suprema se habían comprometido a solucionar los reclamos de los trabajadores, a respetar la política salarial y la carrera judicial. No se están cubriendo las vacantes. Son más de 500 personas”, había mencionado a LT8 Juan Pablo Langella, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales.
Este hecho marca el fin de un conflicto que generó tensiones entre los empleados judiciales y el Ejecutivo provincial.
El gremio confirmó que, entre el viernes 6 y el lunes 9 de diciembre, 382 nuevos empleados judiciales prestarán juramento en diferentes puntos de la provincia: 191 en la zona norte y 191 en la zona sur. Además, destacaron que desde el Ejecutivo provincial se asumió el compromiso de continuar con la firma de los decretos pendientes durante el mes de diciembre, un punto central en las demandas gremiales.
Cabe recordar que el conflicto, que paralizó parcialmente la actividad judicial en la provincia, tuvo como eje la demora en la firma de decretos que habilitaban el ingreso de nuevos trabajadores y la regularización de vacantes. Esta situación llevó al sindicato a implementar medidas de fuerza que afectaron significativamente el normal funcionamiento de los tribunales.
El plan de lucha inicial consistía en dos paros de 48 horas para esta semana (a concretarse miércoles y jueves) y para la semana que viene (el 11 y 12 de diciembre, con movilización incluida a Gobernación).
Los trabajadores judiciales venían manteniendo un extenso reclamo por el pago de retroactivos y un cronograma de ascensos, además del rechazo a la reforma previsional sancionada por la Legislatura.
Debido a la extensión del plan de lucha, los colegios de abogados de la provincia de Santa Fe habían salido a criticar duro los paros de los trabajadores judiciales y reclamaron a la Corte de Santa Fe que garantice en normal funcionamiento de la Justicia.
Frente a las últimas medidas de fuerza dispuestas por los trabajadores del Poder Judicial de Santa Fe, los cinco colegios de abogados de la provincia emitieron un comunicado en el que consideran que "el paro resulta absolutamente desproporcionado y de dudosa legalidad". En este sentido, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich, advirtió sobre los perjuicios que las continuas medidas de fuerza vienen ocasionando tanto a la ciudadanía en general que necesita del servicio de Justicia, como a los profesionales de la abogacía que no pueden desempeñar su labor con normalidad.
Si bien reconoció que el derecho a huelga debe ser preservado, sostuvo que desde el Poder Ejecutivo se abonaron los haberes reclamados y se avanza en los nombramientos para ocupar distintos cargos. La Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Santa Fe advirtió a través del comunicado sobre "los graves perjuicios que genera la paralización de actividades en el Poder Judicial. Asistimos, nuevamente, a la privación de acceso a la justicia para la ciudadanía santafesina, lo que implica quebrantar la convivencia social".
