Desde Bariloche 

En un intento por acercar posiciones y evitar otro desalojo violento, la comunidad Lafken Winkul Mapu logró la constitución de una mesa de diálogo y el llamado a la Justicia y al Gobierno nacional para negociar. Pero las señales que emitió el Ejecutivo no permiten entusiasmarse: pocas horas después de la firma de un documento por parte de la comunidad, organizaciones sociales y gremiales, el Obispado de Bariloche, entre otros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado en el que dejó en claro que no se sentará a discutir mientras persista la “ocupación del Parque Nacional”.

Las comunidades autoconvocadas del Pueblo Mapuche y el Obispado de San Carlos de Bariloche dieron vida a la denominada “Mesa de Diálogo” para “intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación”.

Entre los puntos centrales se “avanzó en una agenda de trabajo” que plantea que “el Lof Lafken Winkul Mapu y las comunidades mapuche autoconvocadas manifiestan que sostendrán el control territorial del área y proponen el diálogo para llegar a una resolución del reclamo territorial”.

En ese marco, se solicitó tratar “el retiro de la denuncia de Parques Nacionales a la comunidad Lafken Winkul Mapu a fin de que sea posible una resolución de la situación, la urgente desmilitarización de la zona, la garantía de la seguridad de las personas que ingresan y egresan del lugar con el fin de proveer de alimentos y abrigo a quienes allí se encuentran, el freno a la imputación y a la criminalización de los detenidos que acompañaron a Rafael Nahuel hasta la ruta”.

La representante del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sugirió que, “para avanzar en un diálogo fructífero es preciso que la comunidad se retire del territorio y que las personas que se encuentren en el territorio estén sujetas a derecho”. Más explícito fue el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del que depende el INAI, que cerró toda posibilidad de diálogo. “El gobierno nacional aclara que presentó una nota al juzgado con un acta de la mesa de dialogo de la que participo la interventora del INAI, en la que se dejó constancia que en estas condiciones de ocupación del Parque Nacional no es posible progresar en soluciones, las que solo se lograran cuando los actores actúen conforme a la Ley y al estado de derecho”.