La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se retomen los trabajos de construcción del Centro Ambiental Laudato Sí y de remediación del basural a cielo abierto, en Luján. 

En el fallo, que lleva las firmas de Horacio Rosati, Carlos Rosenkranyz y Ricardo Lorenzetti, desestima los recursos presentados por la Asociación Civil Nuevo Ambiente, que en realidad responde a Viviana Novelle, heredera de la fortuna de los Terrabusi y vecina del nuevo centro ambiental.

Con la decisión de la Corte termina un largo camino judicial, que comenzó en los tribunales de Mercedes, en el juzgado a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, continuó en el Tribunal de Apelaciones de San Martín y llega ahora a su punto final, tres años más tarde.

El Centro Ambiental Laudato Sí, que ya tiene un setenta por ciento de avance, se construye con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su parálisis de los últimos quince meses se superpone con las obras sobre el cauce y costanera del Río Luján para evitar inundaciones. Estas son de jurisdicción provincial y nunca se detuvieron.

En la parálisis del centro ambiental confluyeron tanto el proceso judicial y la política nacional de motosierra que afecta toda la obra pública. Esta demora genera multas y sobrecargos con el ente financiador, además del deterioro que produce el paso del tiempo sobre cualquier infraestructura abandonada.

La principal opositora a la obra es Novelle, dueña de un campo vecino donde cultiva verduras orgánicas. Además de lechugas, Novelle cultiva también excelentes relaciones personales y políticas con distintos sectores de lo que fue Juntos por el Cambio. En el club house de su country se celebró una fiesta de cumpleaños del ARI. 

Novelle, que fue oportunamente alcanzada por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, siguió adelante con su batalla casi en soledad. Su relación con JxC local se tensionó tanto que en 2023, ella presentó una lista propia, con el sello de la Coalición Cívica, que no superó el piso de las PASO.

Hace poco menos de un año, el intendente de Luján, Leonardo Boto, se reunió con el ministro de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli, para reclamar la reanudación de los trabajos. En ese entonces, además de la falta de voluntad oficial, existía un impedimento judicial. Ya no.

"Con esta nueva resolución judicial, se consolida el criterio de que las autoridades nacionales no pueden eludir su deber de garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado, tal como lo establece la Constitución Nacional. La decisión de la Corte allana el camino para que se retomen y concluyan las obras paralizadas, permitiendo a los vecinos de Luján vislumbrar una solución definitiva a un problema que lleva décadas sin resolverse", afirma la municipalidad de Luján a través de un comunicado.

El mayor basural de la provincia

Una vez en funcionamiento, el centro ambiental reemplazará al mayor basural a cielo abierto de la provincia, cuya historia data de la década de 1970, cuando los camiones empezaron a descargar residuos sólidos en una tosquera abandonada con una extensión de siete hectáreas, que por entonces quedaba muy lejos del casco urbano.

Pero Luján, de acuerdo con censo de 2022, tiene 111 mil habitantes, una cifra que implica un crecimiento demográfico de más del 50 por ciento respecto de medio siglo atrás. El basural quedó dentro de la ciudad. A esta situación, de por sí grave, se suma que, por deficiencias del sistema cloacal, durante años los camiones atmosféricos también descargaron allí.

Los vecinos de la zona relatan que es frecuente que los gases que produce la basura entren en combustión espontánea. Cuando ocurre, emana del fuego un humo denso que reduce la visibilidad y obliga a cerrar momentáneamente el tránsito para evitar accidentes. La vida, entonces, se complica. 

Por todo eso es que la resolución del problema del basural, donde se continúan vertiendo residuos, es el principal reclamo de la sociedad civil lujanense. La asamblea ambiental se movilizó numerosas veces los últimos años.

El predio es también el medio de subsistencia de unos 220 recicladores, muchos de ellos cooperativizados a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que trabajan en condiciones precarias y viven al día. En algunos casos, son segunda y hasta tercera generación dedicada a la misma tarea. Entre ellos son frecuentes los problemas respiratorios, gástricos y epidérmicos.

La resolución de este drama implica una dimensión ambiental, una dimensión estructural y otra social, ya que el plan incluye la formalización de esos puestos de trabajo en la planta, que serán adjudicados a quienes hoy cumplen la misma función.

En julio de 2023, para visibilizar el reclamo, se realizó una misa en el lugar, celebrada por el sacerdote en Opción Preferencial por los Pobres Santiago Gómez Tey, a la que asistieron los vecinos, los concejales del oficialismo y el pleno del gabinete, con el intendente a la cabeza.