Es el título del capítulo argentino correspondiente al Informe 2024 “El estado de los derechos humanos en el mundo”, que realizó Amnistía Internacional (AI), donde se analiza la situación crítica de los derechos humanos en el país. “Son apenas algunas muestras del clima de polarización y violencia que ha generado la gestión del gobierno en estos 12 meses”, expresa el estudio que retrata “un panorama de narrativas violentas, achicamiento de los espacios de participación y represión a las voces disidentes, en un contexto global marcado por el avance de tendencias autoritarias fomentadas por líderes que actúan erosionando libertades esenciales”.
El ataque a la libertad de expresión, la mordaza violenta al periodismo y su impacto diferenciado en las periodistas, el achicamiento del espacio cívico y protesta, la pobreza, lxs jubiladxs, los discursos de odio contra personas LGBTI+, pueblos originarios y el negacionismo del cambio climático son algunos de los ejes principales que enumeran desde la organización, subrayando el deterioro de las políticas públicas de prevención, sanción y erradicación de la violencia basada en género, el desfinanciamiento de las políticas de salud sexual y reproductiva, y la batalla contra la Educación Sexual Integral.
“Las políticas públicas de prevención, sanción y erradicación de la violencia basada en género deben ser una prioridad para cualquier gestión de gobierno. Enmarcada en su batalla cultural, el gobierno viene negando la existencia de la violencia de género y de la desigualdad de género mediante narrativas tóxicas, abusivas y violentas”, señala. “Para acompañar esta batalla han desfinanciado y recortado el presupuesto al máximo posible. Si bien para el Gobierno éste no es un tema atendible ni un problema en nuestro país, entre enero y agosto de 2024 se reportó un femicidio cada 35 horas”.
Los derechos sexuales y (no) reproductivos atraviesan una de sus etapas más críticas: a tres años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción del Embarazo, “desde la asunción de la nueva gestión se desfinanció la implementación de esta política y se ha puesto en riesgo el pleno y efectivo acceso al aborto para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en Argentina”. De acuerdo con un estudio elaborado por ELA junto con otras organizaciones, la asignación de 2024 para el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable es la más baja de los últimos nueve años. En este universo, “la sostenibilidad de la Educación Sexual Integral (ESI) es otra de las batallas que este gobierno parece enfrentar”, confirma AI. Por caso, desde diciembre están paralizadas las capacitaciones y talleres de formación docente en ESI.
“Además, se advierte un profundo desfinanciamiento de los equipos provinciales de ESI, lo que puede traer aparejado el desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral a nivel federal, implicando un enorme retroceso para el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
