El debate oral de la causa conocida como "El Villazo", que juzga delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975, en Villa Constitución, entró ayer en la etapa final. El equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) comenzó sus alegatos como querellante, en representación de sobrevivientes y familiares de víctimas, en el marco de los crímenes que describen como "la antesala de la represión que se profundizaría con la dictadura". La audiencia continúa hoy y desde el organismo invitan a acompañar esta instancia en los tribunales de calle Oroño al 900, con un acto a las 13. "Conocedores de la importancia del respaldo popular al pedido de Justicia, convocamos a participar para mostrar una vez más que los juzga un Tribunal pero los condena socialmente el pueblo argentino", señalaron.

Tal como recordaron en la previa, desde APDH, la causa puso en el banquillo a una veintena de policías provinciales y federales y, por primera vez en la provincia, a dos civiles que se desempeñaban como personal jerárquico de Acindar, con cargos por 69 casos de delitos de lesa humanidad. "La causa Villazo refiere a la brutal represión que con el nombre de Operativo Serpiente Roja del Paraná, ejerció el Estado Nacional bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, en conjunto con bandas fascistas como la Triple A, en el cordón industrial que va de Zárate-Campana hasta Puerto General San Martín, con epicentro en la ciudad de Villa Constitución", indicaron. "Este operativo, que se desarrolló en 1975, fue indudablemente la antesala de la represión que se profundizaría con la dictadura cívico-eclesial-militar y empresarial que se impusiera en 1976".

Para APDH, la causa "fue posible por la memoria de los sobrevivientes, de familiares y de compañeros de trabajo de víctimas de aquella gesta y su valentía de volcarla ante el tribunal en testimonios valiosos, así como por la lucha del pueblo". También indicaron que "se llegó al final con el compromiso y trabajo comprometido con la verdad y la justicia de las y los abogados querellantes y de organismos y organizaciones defensoras de DDHH".

Ayer, en el inicio de los alegatos -que demandará más jornadas-, el acompañamiento a sobrevivientes y familiares comenzó en el bulevar, a media mañana, y se replicó adentro de la sala de audiencias. "Las víctimas en este juicio representan como ninguna otra el objetivo a destruir de quienes usurparon el poder estatal conducidos por el poder económico de nuestro país: el movimiento obrero organizado. Cuando conocimos a quienes iniciaron esta causa, el registro judicial de los hechos en derredor de la gesta popular del Villazo era el de obreros criminalizados. Nos propusimos torcer ese relato y estamos acá cumpliendo ese objetivo", expresaron desde el equipo jurídico de APDH que integra Gabriela Durruty, Jésica Pellegrini, Julia Giordano y Federico Pagliero.

Al mismo tiempo, valoraron que la instancia llega "a tres días del día internacional de los trabajadores, a 50 años del Villazo. Este momento es sin dudas un mojón en la larga lista de luchas de los trabajadores", dijeron. 

Más adelante, expresaron que "el olvido como uno de los objetivos finales del genocidio no pudo vencer la Memoria y la persistencia de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución y sus familias; por eso estamos acá, junto a sobrevivientes y familiares, acompañando a quienes fueron miembros de la histórica lista Marrón. Y manteniendo viva la memoria de quienes lamentablemente ya no están presentes; obreros históricos como Alberto Piccinini y tanto otros que marcaron el camino de este juicio con sus declaraciones hace más de una década". 

Desde el equipo jurídico expresaron que "habiendo transcurrido un año y medio de debate oral y público, tenemos el honor, el privilegio y la obligación moral de exigir justicia para romper con la impunidad que se ha perpetrado por unos largos 50 años. 50 años donde las víctimas y sus familiares exigieron la debida justicia. 50 años donde el Estado se ha demorado en juzgar estos hechos y donde, por supuesto, exigimos reconozca estos brutales crímenes que sucedieron en Villa Constitución y la región, con las debidas condenas a todos los autores del plan genocida. Una reparación que no sólo alcanza a los principales damnificados, sino que engloba a todo el pueblo y a toda esa ciudad".