La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) fue la sede donde ayer se reunieron el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Ralph Haiek, y los integrantes del Consejo Asesor, cuyas funciones son aprobar o desaprobar el presupuesto y elegir comités, entre otras. Puertas afuera de la escuela de cine del Incaa estaban los integrantes de la Comunidad Audiovisual quienes, entre otros reclamos, vienen planteando que haya una solución a los pedidos de crédito en curso y su negativa a la privatización de los créditos. 

El jueves de la semana pasada las autoridades del Instituto habían informado a través de la Resolución 1565 E/2017 que se implementará durante 2018 un “régimen especial de anticipo de subsidios” para evitar la interrupción de acceso a financiamiento (válido para determinados casos), debido a que el propio Incaa reconoció que no dispone de fondos para atender solicitudes de créditos para la realización de películas hasta 2019. Este era el uno de los temas centrales a discutir en la reunión. 

“Enviaron el presupuesto con muy poco tiempo de anticipación. Hace tres días nos enviaron el de 2018 y recién hoy el de 2017 y su ejecución”, contó a PáginaI12 el miembro del Consejo Asesor, en representación de los directores, Fernando Krichmar. “Son una cantidad de números indescifrables para los que hacemos cine. Fuimos con algunos asesores, pero lejos de aprobarlo les plantemos volver a tratarlo el viernes de la semana que viene porque hay varias dudas bastante grandes que no las quiero adelantar porque son muchas y tenemos que analizarlas bien en detalle. Ellos venían con una línea de que aprobemos todo y les frenamos el carro”, planteó el cineasta. 

Krichmar también puntualizó la postura del Consejo Asesor: “Se les planteó que nosotros queremos participar en todos los atributos que nos da la ley y uno de ellos es aprobar el presupuesto y les pedimos que nos den esta semana para seguir analizándolo para ver si seguimos con el plan de lucha o hay acuerdo con cuestiones que les planteemos para modificar”. En tanto, Haiek se explayó sobre la situación actual del organismo, y de las modificaciones realizadas a la legislación vigente, como así también de la situación de la industria cinematográfica actual, sus estadísticas y el lanzamiento de la plataforma CINE.AR “estrenos”. 

Por otro lado, los consejeros designaron tres comités. Uno de ellos es el Comité de la Convocatoria Especial de la Resolución 1565/2017, cuyos miembros elegidos por unanimidad son Sofía Castells, Miguel Mato y Fernando Sokolowicz. La cineasta Sandra Gugliotta, consejera electa que tiene el aval de todas las entidades, pero que falta ser designada por el Poder Ejecutivo Nacional, participó en calidad de asesora y explicó cuál será la función de este comité: “Según la última resolución del Incaa, cuando se dio una solución de urgencia para dar curso a las películas que estaban pidiendo crédito, esto se dividió en dos grupos. Uno de estos ya tuvo dictamen de crédito y el grupo siguiente debe ser todavía evaluado, que son todos los expedientes que aun están en el Incaa”, comentó la directora de Un día de suerte. Gugliotta explicó que son alrededor de setenta proyectos de 2017 “que estaban solicitando crédito y no habían tenido respuesta; con la última resolución del anticipo de subsidios se solucionó una parte pero hubo otros proyectos que quedaron sin solucionar”, subrayó, al tiempo que especificó que este comité trataría esos proyectos. 

Los otros dos comités que se designaron fueron el de Películas Terminadas de Documental y el de Evaluación de Proyectos Documentales. Otro de los puntos tratados fue que los consejeros les solicitaron a las autoridades nacionales, al presidente del Incaa y a los bloques legislativos que los servicios digitales que brinden acceso a obras audiovisuales y tributen el 21 por ciento de IVA “destinen parte de ese impuesto en el mismo porcentaje que establece la Ley 17741 al Fondo de Fomento Cinematográfico y que se incorpore al actual proyecto de Ley de Reforma Tributaria”. El argumento de la solicitud se basó en que “la tecnología ha cambiado los usos y formas de comercialización del audiovisual y que la misma es una medida necesaria para garantizar el financiamiento del cine y audiovisual nacional”.