Condenaron a dos exjefes provinciales de la Policía por liderar una asociación ilícita que cometía defraudaciones vinculadas a la reparación de móviles oficiales. Se trata de Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, a quienes se les impusieron seis años y seis meses de prisión para cada uno. Así fue resuelto por unanimidad, en el marco de un juicio oral y público que finalizó este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Ezequiel Hernández y la fiscal Bárbara Ilera representaron al MPA en el debate y aseguraron que “esta sentencia sienta un precedente de gran trascendencia para casos de corrupción”. En el marco del legajo, ya habían sido condenadas en juicios abreviados otras nueve personas, entre ellas, un exjefe del departamento de Logística de la Policía Provincial (D4).

Las condenas fueron dispuestas por unanimidad en el marco de un juicio oral y público que finalizó este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El tribunal que tuvo a su cargo la conducción del debate fue presidido por la jueza Celeste Minniti y estuvo integrado además por la jueza Cecilia Labanca y el juez Sebastián Szeifert.

Hernández e Ilera remarcaron que “esta sentencia sienta un precedente de gran trascendencia para casos de corrupción”. Explicaron que “tanto Odriozola como Grau fueron la máxima autoridad de la Policía en toda la provincia al momento de los ilícitos, esa particularidad los obligaba no sólo a hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran”.

Asimismo, señalaron que “la investigación fue compleja por las particularidades de las personas investigadas, la extensión del daño causado y la complejidad de la maniobra en sí”, y agregaron que “pudimos exponer lo sucedido de forma clara y entendible durante el debate, en función de pruebas documentales y testimonios contundentes”.

“Más allá de que habíamos pedido penas a nueve años de prisión, valoramos la decisión de condenar a los dos funcionarios que habían sido acusados”, manifestaron los fiscales. “Aguardaremos los fundamentos para conocer qué llevó al tribunal a resolver de ese modo y evaluar los motivos por los que se consideró que el MPA no está legitimado para solicitar la reparación del daño efectuado al erario público, que estimamos que es equivalente a 259 millones de pesos al día de hoy”, especificaron.