Aunque el tomate es la segunda hortaliza más consumida en el país y buena parte de su producción depende de la agricultura familiar, el mercado argentino enfrenta una creciente importación de pulpas industriales y precios volátiles. El sector exige planificación, apoyo a los pequeños productores, agregado de valor y el autoabastecimiento.

En Argentina, entre el 70 y el 80 por ciento de la producción de tomate a campo proviene de tierras alquiladas, lo que refleja una estructura productiva frágil, especialmente para pequeños y medianos agricultores. Esta modalidad de tenencia marca fuertemente la realidad de un cultivo clave en la mesa de los argentinos. En contraste, los tomates bajo cubierta, como los que se producen en invernaderos, dependen en menor medida del alquiler de tierras, aunque representan una fracción menor del total.

El mercado del tomate está concentrado ya que casi la mitad de la producción que abastece el Mercado Central proviene de la provincia de Buenos Aires, mientras que el resto se reparte entre Mendoza, el NOA y el NEA. A pesar de tratarse de un producto fresco, el precio que recibe el productor representa apenas el 30 por ciento del valor final en góndola. Aunque este porcentaje es considerado relativamente alto para una hortaliza fresca, también da cuenta de una brecha importante en la cadena de valor.

Como otras hortalizas frescas, el tomate presenta una fuerte variabilidad de precios, que dependen en gran medida del clima y del comportamiento del mercado. Actualmente, el cultivo ocupa el segundo lugar en consumo dentro de la canasta alimentaria de los hogares argentinos. A pesar de que en los últimos meses su precio ha mostrado una variación interanual negativa, no ha escapado a la tendencia inflacionaria general de los alimentos: en los últimos años, su variación ha oscilado entre el 250 y el 300 por ciento interanual.

Durante los últimos meses, las condiciones favorables en las zonas productoras generaron una sobreoferta que empujó los precios hacia abajo, aunque se espera un repunte con la llegada del frío, que podría reducir temporalmente la oferta y estabilizar el precio. Estas oscilaciones no responden solo al clima. La falta de planificación agrava los ciclos de exceso y escasez ya que el Estado no viene jugando el rol de coordinador de la producción que permita garantizar estabilidad.

En paralelo, el mercado viene registrando hace tiempo la presencia de tomate importado, especialmente desde Chile y Bolivia. Estos ingresos suelen cubrir baches estacionales o responder a nichos de calidad específicos. Pero el fenómeno más significativo en los últimos años fue el crecimiento sostenido de las importaciones de tomate industrializado, sobre todo en forma de pulpas y pastas. En el último año, se reportó un notable incremento del ingreso de pasta de tomate desde países como China, Egipto y Chile. El volumen de estas importaciones es tal que el consumo de tomate procesado iguala o incluso supera al del tomate fresco.

Esto revela una debilidad estructural en lo que tiene que ver con la falta de autoabastecimiento en el rubro industrial. La cadena del tomate tiene, en este sentido, una deuda pendiente que incluye no solo la sustitución de importaciones, sino también la generación de valor agregado desde abajo, es decir, desde los productores hacia adelante.

El tomate es un cultivo estratégico para la agricultura familiar y el sector campesino. Su peso en el consumo popular y en el empleo industrial de zonas productoras es significativo. En ese marco, el INTA hizo aportes relevantes, desarrollando germoplasma de alto rendimiento adaptado a condiciones locales de buen comportamiento agronómico. Esto permitió que la mayoría de los agricultores puedan reducir drásticamente los costos de las semillas, que en general son importadas, y avanzar en técnicas de manejo con bioinsumos que reducen la dependencia tecnológica y el impacto ambiental.

La centralidad que el tomate tiene en la dieta nacional y en la dinámica económica de muchas regiones obliga a repensar políticas públicas que fortalezcan la investigación y el desarrollo nacionales, y que consoliden el rol de la agricultura familiar en la cadena productiva. Esto incluye medidas que promuevan el arraigo rural, la sostenibilidad productiva y el agregado de valor con justicia para los eslabones más débiles del sistema alimentario.

* Colaborador Técnico de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).