Desde Rosario

Lo primero que hay que hacer frente a la reforma de la Constitución de Santa Fe, es moderar las expectativas. Que se haya conseguido el consenso político para proceder a la reforma después de 63 años, no implica necesariamente ni superlativamente una mayor calidad institucional para los habitantes de este territorio, ni mucho menos una vida más equitativa para todos y todas. Apenas una modernización y la atención minuciosa para no terminar “en una constitución peor a la que teníamos”, como confesó preocupado uno de los pocos constitucionalistas que participan de la redacción del nuevo texto. Lo primero es lo primero. Lo más importante para el cónclave reformador es la reelección del gobernador. Y más importante aún para el oficialismo es conseguir la reelección para éste gobernador, para Maximiliano Pullaro. Un punto saliente también es el rol del Estado provincial donde peronistas y libertarios, es obvio, tienen posturas encontradas. También si llega a incluirse en la nueva Carta Magna la prohibición de privatizar las actuales empresas públicas de electricidad y agua, y si se declara intransferible la Caja de Jubilaciones de Santa Fe a la que el gobierno de Javier Milei debe hoy 1.000 millones de dólares. Van quince días de trabajo de la Convención Constituyente y aún no hay definiciones sobre los ejes principales.

La atención de las primeras dos semanas se la llevó la muerte de la exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, electa convencional constituyente en un frente muletto creado por el oficialismo para garantizarse mayorías más holgadas dentro de la Convención. El ACV la sorprendió a los 47 años, justo el día que debía asumir su cargo. También llevó unos cuantos días más establecer quién debía reemplazarla. Mientras tanto, los debates siguieron y se ampliaron en una serie de audiencias públicas en un esfuerzo por incluir en la discusión a instituciones y particulares.

La reeleción es el eje central: el gobernador Maximiliano Pullaro -por eso se hace toda esta movida- quiere su reelección. En el fondo, todos buscan asegurarse lo propio. Eso sí, para beneficio de todos. La reforma de la Constitución es una necesidad más política que institucional por más adornos que se le cuelguen. En ese marco, una presentación importante fue la que hizo el gremio de los bancarios de Rosario, para “blindar” el carácter público del Banco Municipal de esta ciudad y darle un carácter regional en virtud de que es la única banca pública que le queda a la provincia. El sindicato brega también por recuperar el Banco Provincial, privatizado en los ‘90. De hecho, Santa Fe es la única provincia grande que liquidó su banco durante la fiebre privatizadora.

En estas temáticas se filtran las discusiones políticas más relevantes, donde abundan las visiones antagónicas sobre el rol del Estado. En el proyecto integral de Más para Santa Fe (PJ, Frente Renovador y Ciudad Futura) lo concibe como garante de derechos, constructor de equidad y proveedor de bienes públicos. Mientras que la iniciativa de La Libertad Avanza lo imagina reducido a su mínima expresión, despojado de funciones redistributivas, retirado de la economía salvo para crear condiciones para los negocios privados; fiscalmente acotado, con funciones casi exclusivamente enfocadas a la seguridad, el orden público y la garantía jurídica.

No hace falta mencionar que la gente no sigue ni de lejos lo que pasa dentro de la Convención por más esfuerzo que hacen los convencionales por difundir actividades diariamente en redes sociales. Pero sí distintas organizaciones y particulares se presentaron con proyectos dentro de la ventana reglamentaria que había para hacerlo. En rigor, las iniciativas no compiten con los proyectos de reforma integral impulsados por las fuerzas políticas. Funcionan como aportes temáticos, específicos, que aspiran a ser recogidos por las comisiones de la Convención.

Varias propuestas se centran en el reconocimiento de nuevos derechos y en la ampliación del principio de igualdad. Organizaciones de mujeres, colectivos Lgbtiq+, asociaciones por la diversidad funcional y entidades vinculadas a pueblos originarios plantean cláusulas que aseguren no sólo la igualdad formal ante la ley, sino también la igualdad sustantiva, con políticas públicas orientadas a remover obstáculos estructurales.

También hay iniciativas para incorporar el derecho a una vida libre de violencias, en todas sus formas, incluyendo la institucional, la de género y la simbólica. Algunas organizaciones sugieren que el nuevo texto incluya la figura de la violencia digital y regule los discursos de odio, tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

Hay un conjunto de propuestas que promueven una mayor participación ciudadana. Se propone consagrar mecanismos como la revocatoria de mandatos, la iniciativa popular, el referéndum vinculante y el presupuesto participativo obligatorio, tanto a nivel provincial como municipal. Y también planteos para institucionalizar las audiencias públicas en temas de alto impacto, y para crear instancias de control social sobre el Poder Judicial y el Legislativo. Una de las propuestas más originales, firmada por un grupo de ciudadanos autoconvocados, sugiere la creación de una “auditoría social” permanente, integrada por personas sorteadas por padrón, con atribuciones para evaluar el desempeño institucional.

Varios proyectos abordan el derecho a la educación desde una mirada amplia. Se propone incluir la educación sexual integral (ESI), la perspectiva de género, el respeto a la diversidad cultural y el cuidado ambiental como contenidos obligatorios. Una presentación firmada por el Foro de Adolescentes de Santa Fe y Rosario pide que se reconozca a las infancias y juventudes como sujetos plenos de derecho, con opinión vinculante en las políticas públicas que los afecten.

Algunas organizaciones —y también colectivos ciudadanos sin filiación partidaria— presentaron proyectos vinculados a la autonomía municipal. En general, apoyan la idea de que los municipios dicten su propia carta orgánica, pero con participación directa de la ciudadanía en el proceso. También piden que se reconozca la existencia de áreas metropolitanas con atribuciones específicas en materia ambiental, de transporte, servicios y planificación urbana. Un grupo de jóvenes universitarios plantea un modelo de regionalización con criterios de equidad y sustentabilidad, para evitar que la autonomía sea un privilegio de las grandes ciudades.

Pero todos los buenos deseos y proyectos sobre autonomías municipales chocan siempre con el mismo escollo: Los recursos. siempre en algún punto la discusión deriva en que la distribución de atribuciones y potestades de las distintas ciudades necesita financiamiento.

Entre los textos presentados hay proyectos elaborados por particulares o colectivos espontáneos, como vecinas feministas del sur provincial que proponen incluir la paridad de género con cupo para personas trans y no binarias, o ciudadanos independientes que plantean limitar la reelección de autoridades locales. Todo dependerá de la voluntad de los 69 convencionales constituyentes que tendrán hasta mediados de septiembre para tomar sus decisiones.


Presidencias honorarias

La Convención Reformadora tendrá presidencias honorarias en cada una de las convocatorias hasta terminar su tarea. La iniciativa de Facundo Olivera, convencional de Más para Santa Fe (PJ), planteó que el primer reconocido sea Roberto Juan Sinigaglia, quien fuera convencional constituyente por el Partido Laborista en el año 1962 y luego detenido-desaparecido el 11 de mayo de 1976, cuya historia casi desconocida en la provincia fue contada hace unas semanas por Rosario/12. Olivera, explicó que la iniciativa de proponer como presidente honorario a Sinigaglia respondió a una presentación del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, y el Espacio de Memoria de Rafaela como reconocimiento al exconvencional que hoy continúa desaparecido.

Roberto Sinigaglia, abogado laboralista, fue electo convencional constituyente para la reforma constitucional de 1962 (con 27 años de edad). Su labor académica, política, gremial y profesional en defensa de los derechos humanos, se truncó el 11 de mayo de 1976 cuando fue secuestrado y desaparecido. En Buenos Aires trabajó junto a Eduardo Luis Duhalde y en el momento de su secuestro trabajaba en la presentación de un habeas corpus por la desaparición del escritor Haroldo Conti. “Este homenaje a Roberto Sinigaglia, no es individual sino colectivo, hemos sentado en el estrado honorario a los 30.000 desaparecidos”, dijo Olivera en su emotivo discurso.