Hace poco más de un siglo, en la primavera de 1924, la izquierda alemana se embarcó en una ardua batalla para redistribuir la riqueza de los Hohenzollern, la familia reinante que acababa de perder el poder al otro lado del Rin tras la abdicación del rey Guillermo II y la creación de la República de Weimar en 1919. Este episodio, poco conocido, es rico en lecciones útiles para la actualidad y merece ser recordado. Ilustra a la perfección la capacidad de las élites para utilizar el lenguaje del derecho con el fin de perpetuar sus privilegios, con independencia de la magnitud de sus fortunas o la importancia de las necesidades colectivas: en el pasado, la reconstrucción de las sociedades europeas asoladas por la guerra, y en el presente, los nuevos retos sociales y climáticos.

El episodio es especialmente interesante porque la Constitución de Weimar está considerada como una de las más avanzadas en términos democráticos. En particular, tanto el texto constitucional alemán de 1919 como la ley fundamental de 1949 adoptaron una definición innovadora de la propiedad como derecho social, en lugar de como derecho estrictamente individual y sin límites, con independencia de las necesidades materiales y los grupos sociales afectados. El texto de 1919 estipulaba que la ley debía determinar el régimen de propiedad y el reparto de la tierra en función de objetivos sociales, como garantizar “un lugar salubre para todas las familias y “un lugar de actividad económica que corresponda a sus necesidades”. Adoptado en un contexto cercano a la insurrección, el texto dio lugar a importantes redistribuciones de tierras y a nuevos derechos sociales y sindicales.

En el mismo contexto, el Parlamento adopta en 1952 un ambicioso sistemas de “reparto de cargas”, que consistía en un gravamen de hasta el 50 % sobre los grandes patrimonios financieros, profesionales y patrimoniales (cualquiera que fuese su naturaleza). El sistema recaudó sumas considerables. Ello permitió financiar importantes compensaciones a los pequeños y medianos patrimonios que se habían visto diezmados por la destrucción de la guerra y por la reforma monetaria de 1948 (se creó un marco nuevo, que se cambiaba por cien marcos antiguos, lo que permitió deshacerse, sin inflación, de la enorme deuda pública acumulada), y así hacer políticamente aceptable dicha reforma, esencial para dar nueva vida a las finanzas públicas. Es opinión general que este sistema revolucionario desempeñó un papel central en la reconstrucción de Alemania sobre la base de un nuevo contrato social y democrático.

Sin embargo, en el marco de las luchas políticas de 1924 a 1926, la modernidad constitucional no fue suficiente. En Austria, las propiedades imperiales de los Habsburgo se convirtieron en propiedad colectiva, sin indemnización. Pero, en Alemania, los Hohenzollern consiguieron conservar sus propiedades (más de cien mil hectáreas de tierra, una docena de castillos, obras de arte en abundancia, etcétera). No se adoptaron medidas federales de redistribución. Varias sentencias de 1924 y 1925 anularon también las decisiones de los gobiernos regionales que limitaban el uso privado y abrían el acceso público a los castillos y obras de arte. Tras la hiperinflación de 1923, los príncipes Hohenzollern llegaron a exigir un aumento de sus asignaciones en un momento en que el país estaba en la miseria.

Los comunistas del KPD, acompañados finalmente por los socialdemócratas del SPD, presentaron entonces un proyecto de ley para expropiar el patrimonio de los príncipes en beneficio de los más desfavorecidos. Recogieron más de 12 millones de firmas en 1925, en lo que sigue siendo la mayor petición de la historia alemana. La ley estaba a punto de aprobarse, pero la vaguedad de la redacción constitucional sobre las indemnizaciones permitió al presidente Hindenburg exigir previamente una revisión de la Constitución. El referéndum de junio de 1926 atrajo a 16 millones de votantes (el 90 % de los cuales estaba a favor de la expropiación). Sin embargo, la participación se situó ligeramente por debajo del 50 % requerido para modificar la Constitución. Llamando a la abstención y denunciando el peligro que una eventual victoria comunista podría suponer para los pequeños y medianos propietarios, la derecha alemana y los grandes terratenientes (muy influyentes en el este del país), aliados con el centro y con los nazis (que eran contrarios a la lucha de clases y preconizaban la expropiación a los judíos que hubieran entrado en el país tras 1914) consiguieron bloquear el proceso e impedir una unión con las izquierdas que amenazaba con ser real. Este episodio es fundamental, porque muestra la importancia de las batallas constitucionales en la evolución histórica hacia la igualdad, un proceso que sigue en marcha y que sin duda conocerá nuevos avances en las próximas décadas.

Fragmentos de "Cuando la izquierda alemana expropiaba a los príncipes", articulo que integra el volumen Hacia un socialismo ecológico: Crónicas 2020-2024 de Thomas Piketty, que publicó Ariel.