El juez Rodolfo Cresceri puso ayer en libertad al hijo del financista Aldo Ducler y a sus dos abogados, pero los citará a prestar declaración indagatoria por el delito de extorsión en los primeros días de febrero. Juan Manuel Ducler, Alejandro Sánchez Kalbermatten y Pablo Brugo fueron imputados por la fiscal Cintia Oberlander en un extenso escrito en el que detalla la forma en que Ducler le exigió 20 millones de pesos a la familia Eskenazi a cambio de no continuar denunciándolos por supuestas irregularidades en su relación con Néstor Kirchner y respecto del Banco de Santa Cruz y la compra de una parte YPF. La fiscal relata tres reuniones que fueron filmadas en las que aparece el financista o sus abogados hablando de un canje de dinero por silencio. Los Eskenazi le siguieron el juego, grabaron las reuniones y aunque se estableció el secreto de sumario, trascendió desde el juzgado que se simuló un pago, pero con dinero marcado. Esa entrega controlada terminó con Ducler y sus abogados esposados y detenidos. Cresceri decidió la libertad para no dejarlos presos durante la feria judicial y dado que no considera que exista riesgo de fuga. Sánchez Kalbermatten negó la existencia del delito, dijo que lo que se negoció fue un convenio de confidencialidad y hasta sostuvo que no hubo detención, pese a que se lo vio salir del edificio de la calle Cerrito con las esposas puestas.
Según el relato de la fiscal Oberlander, la maniobra se inició a principios de noviembre cuando uno de los abogados de Ducler, Brugo, se comunicó con Sebastián Eskenazi y le dijo que debía reunirse con él: “es importante”, avisa Brugo en un whatsapp que está en el expediente. Sebastián Eskenazi estuvo casado con una hermana de Brugo y por eso tienen trato.
La reunión se concretó el 8 de noviembre y Brugo le señaló a Eskenazi que le hablaba en nombre de Ducler. Como se recordará, el padre de Juan Manuel, Aldo, fue socio de la financiera Mercado Abierto que manejó dinero, bonos y financiación de numerosas provincias, entre ellas también la de Santa Cruz. El financista falleció en junio en plena calle y hubo medios que especularon con que se trató de un homicidio porque un par de días antes se presentó en la Unidad de Información Financiera (UIF) y dejó un escrito pidiendo una entrevista. Se supone que iba a denunciar maniobras ocurridas 17 años atrás con los famosos 500 millones de dólares que cobró Santa Cruz por mala liquidación de las regalías petroleras. Cuando se produjo la muerte de Aldo, su hijo insistió en que se trató de un homicidio, pero esa causa se cerró por inexistencia de delito: se concluyó que Aldo murió de un ataque cardíaco producto de afecciones que sufría desde tiempo atrás. Las imágenes del modo del deceso fueron muy nítidas: no hubo intervención de ninguna persona y el análisis toxicológico demostró que no había ingerido nada anormal.
Tras la muerte de Aldo, Juan Manuel dijo haberse quedado con documentación. La maniobra denunciada consistió en la exigencia de un pago de 20 millones de pesos a cambio de su silencio. “Hubo gente que quería pagarle a Juan Manuel para que haga denuncias, pero no le cumplieron”, le dijo Brugo a Eskenazi. El razonamiento fue que como el otro lado no le pagó venía a ofrecerse al otro bando. “Estamos buscando dinero para que Ducler hijo no siga declarando mediática y jurídicamente contra la familia Eskenazi”, dijo Brugo en la reunión del 8 de noviembre.
Sebastián Eskenazi se desentendió y le dijo a Brugo que hablara con el gerente Legal del grupo económico, Mauro Dacomo. Según cuenta la fiscal, los Eskenazi decidieron seguir el juego haciendo la denuncia por extorsión y grabando los encuentros para preconstituir prueba. La segunda reunión fue entre los abogados de Ducler y Dacomo el 21 de noviembre. Los letrados se presentaron señalando que Ducler junior quería hacer denuncias pero que ellos lo convencieron de llegar a un arreglo. “¿Tiene precio tu quilombo?”, dijo Sánchez Kalbermatten que le preguntó a Ducler, instalando con claridad que estarían dispuestos a intercambiar dinero por silencio. Como quien no quiere lo cosa mencionaron la posibilidad que tenían de denunciar en el FBI, en los tribunales argentinos, en la SEC norteamericana (Organismo de control económico de Estados Unidos), de ir a la mesa de Mirtha Legrand y a otros programas. La enumeración surge de la desgrabación del encuentro realizado por la fiscalía.
Hubo una tercera reunión, también grabada, en la que pidieron una especie de pago adelantado, una reserva, para mostrar los documentos que supuestamente tiene Ducler. Hubo incluso un mensaje de whatsapp en el que Brugo le preguntaba a Eskenazi si estaba interesado en el acuerdo o si entregaban la documentación, un nítido apriete. Permanentemente instalaron la idea de la urgencia: “tenemos mucha presión de Carrió”, “este muchacho (por Ducler hijo) está por explotar”, “nos ofrecen declarar en Estados Unidos como testigo–denunciante” y así sucesivamente. Según la fiscal, el pedido de dinero fue de “20 palos”, a cambio de no hacer más denuncias, entregar documentación que según afirma Ducler demostraría que los Eskenazi fueron testaferros de la familia Kirchner y, además, Ducler haría una declaración arrepintiéndose de sus denuncias y dichos anteriores.
En base a todos esos elementos, Oberlander le pidió al juez que se realice una entrega controlada de dinero, algo que el juez Cresceri autorizó. Según la versión judicial, fueron 300.000 dólares, marcados por la Policía Federal. Esa entrega se hizo en el atardecer del miércoles y cuando Ducler, Sánchez Kalbertmatten y Brugo se disponían a salir fueron detenidos por efectivos policiales. Pese a que afirmaron que sólo fueron demorados, las imágenes los muestran saliendo del edificio esposados.
Sánchez Kalbermatten sostuvo vehementemente que no hubo dinero en el encuentro del miércoles y argumentó que fueron a conversar sobre un convenio de confidencialidad. Según dijo, es algo muy distinto a una extorsión. Afirmó también que Ducler estaba convencido que las amenazas que recibió provenían de los Eskenazi por lo que fueron a hablar con ellos y, finalmente, sostuvo que todo fue una maniobra política y mediática en contra de Ducler.
Varias horas después, el magistrado dejó a los tres en libertad. Se trataba de la última jornada hábil antes de la feria y se ve que el juez no quiso tener detenidos durante el receso. Por lo tanto, consideró que los imputados no presentan riesgo de fuga y que él debe estudiar los videos y las grabaciones, realizadas bajo control de un escribano. Aún así, desde el juzgado hicieron trascender que convocará a Ducler, Sánchez Kalbermatten y Brugo a prestar declaración indagatoria por el delito de extorsión, que es lo que le pidió la fiscal.
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