Las imágenes propagadas por los medios dominantes el lunes 18 enfocaron exclusivamente un aspecto, relevante pero parcial, de la movilización en repudio a la Reforma Jubilatoria. Parcial en doble acepción: acotada e inequitativa, sesgada a favor de una parte. Escondieron una parte esencial de lo ocurrido, la que ponía al Gobierno bajo la mira.
La prensa escrita hegemónica machacó sobre la pedrea, hubo quien cuantificó el peso total de los cascotes arrojados. Un editorialista del diario Clarín informó el número de policías heridos y de manifestantes detenidos… sin añadir otro dato de interés. Todos somos esclavos de nuestros silencios: miente quien omite referirse a los ciudadanos heridos, muchos de gravedad.
Hasta ahora, esa mirada sentó jurisprudencia. Sucesivos jueces federales se dedicaron full time a los ciudadanos que participaron, encarcelando, incomunicando, procesando a troche y moche. Y a absolver a priori a los uniformados que cometieron actos de violencia institucional.
El doctor Marcelo Martínez de Giorgi hizo escuela respecto de la marcha del primero de septiembre reclamando por el paradero de Santiago Maldonado. La Cámara revocó casi todas sus decisiones, que dieron pleno crédito a las actas policiales contradictorias, carentes de pruebas y hasta colmadas de falsedades.
El juez Sergio Torres hace, hasta acá, excepción a la tendencia de sus pares. Puesto a pesquisar los hechos del 18D abrió distintos expedientes. Uno para investigar, indagar, procesar y hasta meter en prisión a algunos manifestantes. Otro para detener y encarcelar al oficial Dante Barisone de la Policía Federal. Imágenes indudables (difundidas por medios no oficialistas) evidencian que Barisone atropelló con una moto al joven cartonero Alejandro “Pipi” Rosado quien estaba solo, sin armas ni actitud agresiva. No conforme con embestirlo, Barisone le pasó por encima con la moto.
Torres le exigió a la Federal que identificara al agresor y lo entregara. La Repartición lo detuvo, otro hecho sin precedentes en meses de escalada represiva.
El magistrado sigue buscando a otros policías que castigaron brutalmente a un hombre mayor, también inerme.
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Las imágenes de lo escamoteado en la narrativa oficial fueron conseguidas por personas comunes, con coraje civil para arriesgarse a represalias. Y, particularmente, por periodistas (gráficos y cronistas) de medios privados o comunitarios que se multiplicaron cubriendo las cacerías a gente común.
Testigos de cargo y protagonistas a la vez, se expusieron con profesionalidad y arrojo, honrando el ejemplo de otros episodios trágicos como los asesinatos de Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y Mariano Ferreyra.
Treinta colegas resultaron heridos, consecuencia de poner el cuerpo. No hay un solo uniformado detenido, indagado o procesado por los atentados a la libertad de prensa.
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La presteza de Torres contrasta con la de su colega Gustavo Villanueva, encargado de develar el homicidio de Rafael Nahuel, en Bariloche. “Develar” es un modo de decir. Se sabe que lo mató un agente de la Prefectura, que disparó la bala de 9 mm que atravesó el cuerpo del joven mapuche.
No hay filmaciones del hecho, sucedido fuera de la ciudad. Pero sí un testigo presencial que vio a varios Prefectos disparando a discreción. Se los ha identificado pero la causa transita con lentitud difícil de entender.
De cualquier manera, que haya en Comodoro Py un magistrado que se esmera en cumplir con su deber es una novedad auspiciosa, aunque lo haga en minoría.
