Desde Santa Fe
El fiscal federal Martín Suárez Faisal formalizó la acusación y pidió el juicio oral al décimo detenido por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en la que cayó la última cúpula de Montoneros en Santa Fe, en enero de 1977. Se trata del abogado y ex oficial de la Policía santafesina Oscar Valdez, quien operaba en el Departamento de Inteligencia (D2) y fue señalado por un testigo en el juicio de la megacausa, en 2016. Los otros imputados son tres represores del Ejército: el coronel Ramón Abel Recio y los suboficiales Jorge Alberto Balla y Luis Alfredo Gómez y seis policías del Comando Radioeléctrico: Rodolfo Antonio Reible, Abel Romero, Carlos Albornoz, Ricardo Brunel, Mario Aquino y Rolando Martínez. Todos gozan de libertad domiciliaria, excepto Recio.
Valdez es el mismo a quien el fiscal le pidió la detención y la indagatoria en mayo de 2016 ‑apenas concluido el juicio de la megacausa‑, luego solicitó que se le prohibiera la salida del país, pero el juez federal Reinaldo Rodríguez recién lo indagó un año después, en junio de 2017, cuando ya había cumplido 70 años. Así que entró por una puerta y salió por la otra, ya con prisión domiciliaria. En su defensa, negó todo y dijo que en el D2 siempre se desempeñó como "oficinista".
Los diez represores -entre ellos Valdez‑ están acusados por el "homicidio doblemente calificado" por "alevosía" y el "concurso premeditado de dos o más personas" de los tres jefes de Montoneros: Osvaldo Pascual Ziccardi, Carlos Mario Frigerio y Jorge Priotti y la compañera de éste, Ileana Esther Gómez. En el ataque de las fuerzas conjuntas al edificio, sobrevivieron los dos hijos de Ileana: el mayor de un año y un bebé de un mes porque según la hipótesis de otro testigo, el ex diputado nacional Jorge Giorgetti, ella los escondió en el placard del departamento de una vecina. Los Priotti vivían en un departamento del primer piso con ventanas a la calle Ituzaingó y Giorgetti en el tercer piso, con su familia.
El pedido de juicio oral a Valdez cierra la investigación de los hechos. El fiscal Suárez Faisal ya había formulado el requerimiento de elevación a juicio a Balla, Gómez y los seis policías en setiembre de 2016 y luego a Recio, en agosto de 2017. Así que ahora elevó el tercer tramo de la causa.
El Ministerio Público interpretó el ataque del Ejército al edificio de Ituzaingó y Las Heras, el 19 de enero de 1977, como "parte del plan sistemático de persecución política ilegal, pergeñado por la última dictadura cívico militar". "Las Fuerzas Armadas y de seguridad, con el apoyo de ciertos grupos políticos y económicos (...) organizaron y ejecutaron una política de represión sistemática" y "un plan de aniquilación de aquellas personas que obstaculizaban o podían obstaculizar ese proyecto que enarboló la dictadura".
"Para lograr ese objetivo se sirvieron de toda la estructura militar, policial y penitenciaria de la Nación y de las provincias y con ese fin: secuestraron, torturaron, crearon centros clandestinos de detención, violaron, asesinaron, suprimieron la identidad de niños y se apropiaron de los bienes de los cautivos y desaparecidos", dijo la Fiscalía. "La existencia de este plan siniestro y sus resultados han sido expuestos" en el "Nunca Más" y en todas "las condenas judiciales" al terrorismo de Estado.
Suárez Faisal dijo que Valdez y los otros nueve imputados integraron una "organización criminal" que operaba en el "circuito represivo" de Santa Fe, ya probado en los juicios, desde 2009 hasta ahora. Y citó al testigo que dijo haberlo visto esa tarde del ataque a bordo de un automóvil "Chevrolet Súper Sport blanco" que estacionó frente a su gomería. "Bajó un hombre vestido de civil. Abrió el baúl y sacó una caja con armas, alistó una bazuca y se dirigió rápidamente hacia Ituzaingó", donde ya estaban apostadas las fuerzas conjuntas. El testigo "confirmó que ese hombre era Valdez", agregó.
"Valdez -siguió el fiscal‑ fue mencionado como integrante de la patota" por otro criminal de lesa humanidad ya fallecido, Roberto José Martínez Dorr, en el juicio que lo condenó, en 2010. En el debate, Martínez Dorr dijo que en uno de los grupos de tareas del Destacamento de Inteligencia Militar 122 operaban el ex suboficial del Ejército Nicolás Correa (que se recicló en el gobierno Jorge Obeid como asesor de la Subsecretaría de Seguridad) los policías Héctor Colombini y Oscar Roque Martínez y "Oscar Valdez, un abogado que pertenecía al D‑2", concluyó.
