Uno de los principales logros del Renatea, organismo de fiscalización del empleo rural que reemplazó al Renatre de Gerónimo Venegas en 2011, fue desplegar un trabajo territorial por todo el país. A diferencia del registro manejado por el Momo, que concentraba sus empleados en la Ciudad de Buenos Aires, el Renatea asumió la potestad de fiscalizar el trabajo rural en el campo. Sólo de esta manera se lograron rescatar 1000 víctimas de trata laboral en un trabajo conjunto -discontinuado desde 2016- con la Procuración contra la Trata de Personas y la Explotación Laboral (Protex).

No por casualidad la primera decisión del Renatre luego de la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada fue echar a 600 trabajadores del organismo con la complicidad de UPCN. El trabajo territorial del Renatea fue el que permitió rescatar a los hermanos Cornejo del campo La Hoyita, que pertenece a la sociedad anónima que integra Luis Miguel Etchevehere. También se pudieron rescatar 40 tareferos que eran esclavizados por el actual embajador en España, Ramón Puerta, tal cual figura en la imputación realizada por la Fiscalía Federal de Posadas y la Protex.

El viejo (y actual) Renatre no necesitaba trabajadores ya que no hacía las fiscalizaciones. Para ello contrataba a Gregard SA, una sociedad creada como proveedora de medicamentos para Osprera que devino en fiscalizadora rural. Cuando Macri consolidó la disolución del Renatea, Gregard SA volvió al ruedo junto con los contratos millonarios.

“Estos dos años se ha complicado mucho nuestras vidas dentro de lo que es el campo. En Misiones tenemos el derecho de la inter zafra, hay 7500 tareferos que deben cobrar. Hasta ahora menos del 50 por ciento lo han cobrado. Esto ocurre en Salta, Jujuy, Mendoza y en todo lo que es producción primaria”, explicó a PáginaI12 Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) de Misiones.

Otra característica del Renatea fue permitirles a los peones rurales quebrar la barrera del miedo para denunciar a sus empleadores. En algunas regiones, como en Misiones, empezaron a contactarse entre ellos para “pasarse el dato” de quién era explotador y quién no. Lo que ocurrió tras la llegada de Macri fue que los pocos peones que hicieron denuncias, las realizaron contra la Uatre por su connivencia con las patronales.