En un nuevo capítulo de la trama independentista de Catalunya, el Tribunal Constitucional español rechazó las apelaciones del líder independentista Carles Puigdemont, quien había pedido ser investido hoy como presidente desde Bruselas, sin comparecer en el Parlamento regional. El presidente del Congreso regional había aplazado más temprano la sesión de hoy en el pleno a la espera de que la Justicia permitiera la investidura a distancia de Puigdemont.
Esta mañana se esperaba que finalmente se iniciara la sesión de investidura en la cámara regional, pero a poco de empezar, el presidente del Congreso, Roger Torrent, comunicó que se postergaría, hasta tanto hubiera garantías de un debate "efectivo y con garantías" dada la situación judicial de Puigdemont. Ese anuncio fue celebrado por el Gobierno de Mariano Rajoy, quien había advertido previamente a Torrent sobre sus “responsabilidades” legales si seguía adelante con el pleno en ausencia del líder catalán, que se encuentra en Bélgica desde que se abrió la investigación en su contra por promover “ilegalmente” la independencia de Cataluña cuando era presidente de esta región.
Sin embargo, rápidamente los miembros del Tribunal resolvieron de forma unánime que Puigdemont sólo podría ser investido si acude al Parlament, previa autorización del Tribunal Supremo español, que mantiene una orden de captura en su contra en territorio español. Puntualizaron que no podrá hacerse por videoconferencia o por delegación, como requerían los independentistas.
El Tribunal rechazó que las medidas cautelares dictadas el sábado vulneren el principio de autonomía parlamentaria o que causen indefensión a los diputados electos de Juntos x Catalunya, el partido de Puigdemont, y destacaron que su derecho de defensa estuvo debidamente preservado. Esta disposición llegó en un contexto de máxima presión e incertidumbre, ya que el plazo para lograr un acuerdo y superar la investidura en segunda votación vence el viernes.
En su recurso, Puigdemont había argumentado que el Tribunal Constitucional todavía no admitió el recurso del gobierno español de Mariano Rajoy para bloquear su investidura, sino que acordó una serie medidas cautelares que no se podían adoptar porque nadie las había pedido y, por lo tanto, las mismas resultan "nulas de pleno derecho" y "vulneran sus derechos fundamentales". Según el líder secesionista, de esta forma se "invade la autonomía del Parlamento catalán, y la competencia exclusiva de la Mesa de la Cámara en la aplicación e interpretación de su reglamento”.
