La resolución tardía de Mauricio Macri de no permitir nombramientos en el gobierno nacional de parientes del presidente, de su vice y los ministros del gabinete, tuvo una rápida replica en los gobiernos PRO de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires pero escasa adhesión en el resto de las provincias en manos de Cambiemos y cosechó críticas y rechazos entre gobernadores opositores. El socialista santafesino Miguel Lifschitz, consideró que los anuncios del presidente “suenan poco creíbles y muy a marketing”, afirmó que su gobernación ya lo realiza e instó a la Justicia y el Poder legislativo de la provincia que “revisen sus planteles”. La gobernadora peronista de Catamarca, Lucía Corpacci, afirmó que “no comparte las medidas de ajuste” de Macri y juzgó el decreto como “discriminatorio”. Desde la administración peronista de Córdoba sostuvieron que su gestión es “austera y con superávit fiscal” y que no tiene previsto “medidas de excepción ni de emergencia” como las que adoptó el gobierno nacional.

Para el gobernador de Santa Fe opinó que los anuncios de Macri de excluir de la administración nacional a parientes de los integrantes del Ejecutivo y su gabinete “suenan poco creíbles y muy a marketing”. Lifschitz fue abordado por los periodistas en medio de un recorrido por una obra pública en la ciudad de Rosario, donde lo consultaron por al decisión presidencial y agregó que resultan “contradictorias, luego de que el propio Presidente ratificara a Jorge Triaca” tras el escándalo que protagonizó el ministro de Trabajo cuando se difundió el audio en el que insultó a una empleada de su familia a la que designó como delegada en la intervención del Somu. 

“Suelen haber, a veces, designaciones que no reúnen requisitos de idoneidad y trayectoria, que resultan un tanto más objetables cuando son familiares o parientes (de funcionarios)”, sumó después para diferenciar su gestión. “Es bueno revisar estas cosas”, insistió el mandatario socialista y sostuvo que en la administración provincial se hace “permanentemente para reducir gastos”. Lifschitz también le reclamó la misma actitud a los otros poderes del Estado provincial, que como la Justicia y el Legislativo nacional están excluidos de la decisión de Macri: “hay que revisar los planteles”, dijo y afirmó ese tipo de situaciones sucede en “la administración pública en general”.

“Sinceramente me parece que es una marcada discriminación: a la gente hay que elegirla por sus capacidades y no por su apellido, y así como se tiene que elegir por eso, no se puede excluir a gente capaz por su apellido”, señaló la gobernadora catamarqueña. Corpacci agregó que la resolución presidencial “puede ser una medida buena para mostrar a la prensa, pero el eje de una gestión no pasa solamente por ahí”.

En Córdoba quien tomó la palabra para diferenciar al gobierno provincial de la decisión de Macri, fue el ministro de Gobierno Juan Carlos Massei. El ministro político se encargó de destacar primero que “desde el primer día” la gestión del gobernador Juan Schiaretti tomó medidas que le permitieron a la provincia “tener superávit fiscal en 2016 y 2017”.

Luego, Massei aclaró que no realizaron en la administración pública provincial una evaluación “por parentesco” sino “por capacidad y eficiencia en la gestión”, con lo cual –anticipó– “no va a haber ninguna medida excepcional” en Córdoba. Con esa aclaración el ministro buscó desvincular el paso de la esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo, como secretaria de Equidad y Promoción del Empleo de la provincia, antes de convertirse en candidata y diputada nacional en la elección de octubre. 

El radicalismo cordobés y socio del macrismo en Cambiemos, que gobierna la ciudad de Córdoba, tampoco adherirá a la propuesta de Macri. El asesor letrado de la municipalidad, Alfredo Sapp, defendió el nombramiento de familiares en el gabinete del intendente Ramón Mestre. “En el caso concreto de funcionarios que son familiares, el número es insignificante. Estamos hablando de ocho o diez personas, todas excelentes funcionarios, lo acompañan a Ramón desde hace 6 años, es decir desde la primera gestión y demostraron sus capacidades”, remarcó Sapp. En cambio, el propio Mestre reconoció que analizan “excepcionalmente” los retiros para empleados municipales “con carpetas psiquiátricas o enfermedades crónicas”.