El fiscal Eduardo Taiano pidió ayer la elevación a juicio de la causa por el Memorandum de Entendimiento con Irán (MEI), uno de los expedientes más bochornosos que se recuerde, plagado de irregularidades, y que seguramente quedará en los anales de la justicia argentina, en un plano de igualdad con los procesos posteriores a la llamada Revolución Libertadora de 1955. El centro de la acusación es que hubo “un plan criminal” destinado a beneficiar a los sospechosos iraníes del atentado, cuando en realidad fue un tratado firmado por el Poder Ejecutivo pero aprobado por ambas cámaras del Congreso. Y, para colmo, el MEI nunca entró en vigencia: ni se levantaron las órdenes de captura con alertas rojas contra los sospechosos ni hubo un intercambio de petróleo iraní por granos argentinos como se señalaba en la denuncia original ni se armó una pista alternativa para aliviar a los iraníes, como también se sostenía al principio. Por esta causa están presos Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, aunque también estarían en prisión Cristina Fernández de Kirchner, si no tuviera fueros, y Héctor Timerman, si no estuviera gravemente enfermo. 

La denuncia original fue la realizada por Alberto Nisman, pocos días antes de su muerte. El texto era tan deficitario que la jueza María Romilda Servini de Cubría rechazó el tratamiento durante la feria y le señaló a Nisman que no acompañaba ninguna prueba. El juez Ariel Lijo señaló que Servini tenía razón y Rodolfo Canicoba Corral sostuvo que la denuncia incurría en “orfandad probatoria” y que debía investigarse a Nisman por haber dedicado tiempo a ese trabajo sin control de ningún juez. Los más conocidos juristas del país –León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Julio Maier, Ricardo Gil Lavedra, Luis Moreno Ocampo– coincidieron en que no existía delito en la denuncia y en el mismo sentido se pronunciaron primero el juez Daniel Rafecas y luego la Cámara Federal. La forma en la que se reactivó el expediente fue mediante un audio, sin contenido significativo, de una conversación entre el ex canciller Timerman y un directivo de la AMIA, Guillermo Borger, grabado en forma ilegal. La Casación no sólo permitió la reapertura del caso, sino que Comodoro Py hasta le dio vía libre a la existencia de un expediente-colectora, paralelo, con la imputación nada menos que por traición a la patria. Lo instruyó Claudio Bonadio, quien había sido eyectado por inacción de una causa anterior por encubrimiento del caso AMIA. El colmo fue que el titular de la Cámara Federal, Martín Irurzun, a dedo y sin ninguna explicación, designó a Bonadio para que continuara después con los expedientes unificados, desplazando al juez que estuvo a cargo anteriormente, Ariel Lijo. En diciembre, la Cámara Federal revocó la imputación por traición a la patria, pero el caso iría igual a juicio por encubrimiento. La increíble cantidad de maniobras y jugarretas tuvieron el auspicio de los dirigentes de la comunidad judía y la influencia evidente de las derechas norteamericana e israelí. 

La propia elevación a juicio ya es un escándalo en sí mismo. Se realiza sin que fuera convocado el principal testigo, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble. Bonadio hizo lo imposible por evitar su testimonio, pese a que el norteamericano ofreció declarar. El centro del expediente es que los sospechosos iraníes fueron beneficiados con el MEI porque preveía levantar las alertas rojas. Noble fue claro al decir que eso no ocurrió, que se trató de una falsedad de Nisman y que ninguna autoridad del gobierno de CFK hizo ninguna gestión para que se levantaran las alertas. Lo cierto es que rigen hasta hoy. El responsable de las órdenes de captura era, justamente Noble, por lo que su testimonio hubiera destrozado la acusación. El juez y ahora el fiscal concluyeron que, en cualquier caso, lo citen a Noble en el juicio oral. 

El otro aspecto gravísimo es que mientras el juez y el fiscal dieron por cerrada la investigación, le niegan la libertad a quienes están detenidos (Zannini, D’Elía, Esteche y Khalil) con el argumento de que pueden obstruir la causa. Es más, la Cámara Federal confirmó las prisiones diciendo que todavía hay cruces telefónicos por realizar y que de esos cruces puede surgir nuevas medidas. Salta a la luz la contradicción: el juez y el fiscal dicen que se terminó la investigación y alegan eso para mandar a juicio, mientras que la Cámara dice que la investigación no terminó para mantener en la cárcel a los imputados. 

“Esta maniobra delictiva fue diagramada e implementada por las máximas autoridades del anterior Poder Ejecutivo Nacional”,  señaló Taiano en su escrito de más de 400 páginas, colocando en el listado de imputados a CFK, Timerman, Zannini, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, el ex secretario de la Presidencia Oscar Parrilli y luego una serie de dirigentes, que según el fiscal, actuaron como nexos con los iraníes, el diputado Andrés Larroque y los dirigentes D’Elía, Esteche y Khalil. En la lista entró el supuesto espía, ya pasado a las huestes oficiales, Allan Bogado.