Remueven al representante del Ministerio de Justicia en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA

Sale el abogado pero queda el alegato

La Justicia consideró que José Console estaba inhabilitado para ejercer el cargo. Los familiares de las víctimas criticaron al tribunal porque de todas maneras avaló las bajas penas pedidas para los ex fiscales Mullen y Barbaccia.
Mullen y Barbaccia estaban acusados por encubrimiento pero el Ministerio de Justicia pidió su absolución.Mullen y Barbaccia estaban acusados por encubrimiento pero el Ministerio de Justicia pidió su absolución.Mullen y Barbaccia estaban acusados por encubrimiento pero el Ministerio de Justicia pidió su absolución.Mullen y Barbaccia estaban acusados por encubrimiento pero el Ministerio de Justicia pidió su absolución.Mullen y Barbaccia estaban acusados por encubrimiento pero el Ministerio de Justicia pidió su absolución.
Mullen y Barbaccia estaban acusados por encubrimiento pero el Ministerio de Justicia pidió su absolución. 

José Console, el abogado que había enviado a último momento el ministerio de Justicia al juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA para hacer un alegato que pidiera la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, fue separado de la querella por decisión del Tribunal Oral Federal 2. Los jueces llegaron a la conclusión de que estaba inhabilitado para ejercer esa función por tener un cargo paralelo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires como secretario letrado. Sin embargo, decidieron dar por válido el alegato ya que había sido acompañado por otro abogado. Los familiares de las víctimas quedaron con un sabor amargo porque consideran que el nombramiento de Console fue una decisión política para suavizar parte de la acusación y exculpar a los ex fiscales, a quienes vinculan con el ministro Germán Garavano, denunciado penalmente esta semana –además– por intentar un “encubrimiento del encubrimiento”.

Console formaba parte del equipo de abogados de la Unidad AMIA, que conduce el radical Mario Cimadevilla en el Ministerio de Justicia. El alegato de la Unidad estaba previsto para el 1 de febrero con todo listo para que lo hiciera el abogado Enrique Ventos. Pero un día antes el secretario de Justicia Santiago Otamendi, invocando instrucciones de Garavano, ordenó reemplazarlo por Console. El argumento era que éste último había propuesto un alegato con más consenso entre los abogados del equipo. La diferencia central era que Ventos pediría condenas para Mullen y Barbaccia, como ya había hecho la fiscalía. “La decisión de separar a Console demuestra que Garavano nombró sobre la hora a un abogado inhabilitado, para ejecutar una decisión política de encubrir a los encubridores, de defender a sus amigos.  También deja en claro hasta qué punto un sector del gobierno está dispuesto a actuar para impedir que se haga justicia de una vez por todas en la causa AMIA”, dijo Diana Malamud, de la agrupación Memoria Activa. “¿Los familiares vamos a tener que seguir acusando a nuevos encubridores una y otra vez?”, se preguntó. “La situación puntual de Console era lamentable, pero no es sino el síntoma de una jugada política ilegítima que tomó Garavano para romper la Unidad AMIA y garantizar la impunidad de los ex fiscales”, agregó el abogado Rodrigo Borda.

Los pormenores del alegato de Console, que suavizó todas las acusaciones menos la de Carlos Telleldín y pidió absolver a Mullen, Barbaccia y el ex  comisario Jorge Fino Palacios, desataron la ira de Elisa Carrió, que en un comunicado de la Coalición Cívica dijo: “No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno”. El año pasado la abogada de la Unidad AMIA cercana a Carrió, Mariana Stilman, también había denunciado que el Ministerio le pedía una actitud poco activa en el juicio. En medio de este escándalo, se conoció que Console tenía en paralelo un cargo de secretario letrado de la consejera porteña Silvia Loreley Bianco, pareja del titular del área de asuntos legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Sebastián De Stéfano, cercano al operador y presidente de Boca, Daniel Angelici. Console integra el tribunal de disciplina del club.

El tribunal tuvo que analizar la situación. Según la Ley orgánica del Poder Judicial porteño y la resolución del Consejo que regula incompatibilidades, Console tenía en el organismo un cargo equiparable al de juez, que le impedía tener otro puesto en el Estado o litigar. Increíblemente el Consejo, donde manda Cambiemos, sugirió en un informe que le pidió el TOF2 que estaba habilitado. Desde el ministerio mostraban que en los papeles la designación la pidió Cimadevilla, por más que Garavano pidiera su alegato. La designación en el Consejo y en el Ministerio fueron ambas en mayo de 2017. Cerca del ministro dicen que el cargo de Cimadevilla está en riesgo hace tiempo.

Los jueces Jorge Gorini y Néstor Costabel llegaron a la conclusión de que la designación de Console como abogado en el juicio era irregular. Karina Perilli bregaba por pedir más informes al Consejo, y votó en disidencia. El abogado fue apartado, pero su alegato quedó intacto, porque tuvo la firma de otro letrado del equipo. No fue anulado. El tribunal, a su vez, ordenó lo que en la jerga judicial se llama “extraer testimonios”, que implicará abrir una causa penal contra Console, que había presentado un informe defendiendo su designación. Consideran que podría haber mentido.

Sergio Burstein, de la querella de familiares 18J, consideró los hechos como “un bochorno más del ministerio de Justicia, no sólo por designar a Console, sino por la postura de minimizar las acusaciones y las posibles condenas a los acusados, faltándoles el respeto a las víctimas, que en definitiva es a quien supuestamente debería representar”. “Lamentablemente queda firme la defensa del Ministerio hacia los ex fiscales Mullen y Barbaccia, y digo defensa ya que fue la postura del alegato por indicación de Garavano”, añadió. Laura Ginsberg, de la agrupación APEMIA, sostuvo que “lo que realmente se demuestra es que el Ministerio de Justicia no tiene que ocupar el lugar de querellante ni en esta causa ni en este juicio. Hoy es un continuador del encubrimiento”. El abogado Borda, de Memoria Activa, recuerda que la creación de la Unidad AMIA del Ministerio fue una decisión política para reforzar la investigación y después de 2005, tras un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana, se acordó fortalecerla, como parte del compromiso del Estado cuestionado por la impunidad del atentado. “Crearla y fortalecerla fue una decisión política compatible con la ley. Debilitarla y hacerla ir para atrás en un el juicio es ilegal y probablemente delictivo”, advirtió.

En la audiencia de ayer comenzó su alegato la querella del ex comisario Juan José Ribelli y un grupo de policías que pasaron entre seis y ocho años presos por la acusación armada de Telleldín después que le pagaron los 400 mil pesos para involucrarlos en el atentado. El abogado de los policías, José Manuel Ubeira dijo que no acusará a Telleldín, su ex esposa Ana Boragni, y su abogado Víctor Stinfale anunció que no los acusará. Al exponer, cuestionó con vehemencia a otros jueces de Comodoro Py, como Claudio Bonadío y el ex juez Gabriel Cavallo, que tuvieron la causa del encubrimiento y no avanzaron. Denostó a Mullen, Barbaccia y Galeano y dijo que Carlos Menem “seguramente no quedará preso de los barrotes de una cárcel federal pero quedará preso en la historia de la ignominia y la claudicación”.

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