El Ejército brasileño realizó ayer un operativo de registro en las entradas de tres favelas de Río de Janeiro. En busca de antecedentes, fotografiaron a todas las personas que querían salir del barrio. La medida se llevó a cabo dentro del operativo de Garantía de la Ley y el Orden (que desde julio del año pasado funciona en la ciudad) y no como parte de la nueva intervención militar aprobada esta semana.

La acción se desarrolló en las favelas de Vila Kennedy, Coreia y Vila Aliança, en el oeste de la ciudad. Miembros de las Fuerzas Armadas se apostaron en esos barrios y, con su teléfono, sacaban una foto a cada persona que pretendía salir del lugar, y a su documento. Una aplicación telefónica, conectada a la central de inteligencia del Ejército, reconoce instantáneamente si la persona tiene antecedentes.

Debido al operativo militar, se formaron grandes filas la mañana de ayer a la salida de las favelas. La estatal Agencia Brasil informó que eran 3200 los efectivos que realizaron la operación, que llamaron de “estabilización, cercado y desobstrucción de vías”, en la que también participaron agentes de la Policía Militar (PM). 

Pero no sólo se realizaron controles en los accesos a las favelas, sino que también se realizaron incursiones dentro de esos barrios. El botín decomisado en las favelas consistió en pistolas, cargadores, barras de marihuana prensada, bolsitas de cocaína, bolsas con otras drogas y cartuchos de dinamita, de acuerdo con el recuento de los agentes. Según el teniente Jansen, del Batallón de Operaciones Especiales de la PM, dos personas fueron arrestadas, una en el interior de Vila Kennedy y otra en un control de vehículos.

Los registros se realizaron para buscar sospechosos del asesinato de Bruno Albuquerque Cazuca, sargento del Ejército, quien fue baleado el martes durante un asalto en Campo Grande, también en el oeste de la ciudad.

El operativo militar se dio a una semana de que Temer firmara el decreto para la intervención federal en el estado de Río. Con esta medida, las Fuerzas Armadas asumieron el control de la seguridad pública del Estado. Sin embargo, el plan de implementación de la intervención todavía no fue presentado –se presume que será la semana que viene–, lo que ha aumentado las suspicacias respecto de cómo serán los operativos del Ejército.

Raúl Jungmann, ministro de Defensa, debió aclarar el martes que los militares no tendrán carta blanca en la región. La aclaración se debió a la posibilidad, comentada por el propio funcionario, de que el Ejecutivo solicite a la Justicia la expedición de mandatos colectivos de búsqueda de personas. Hasta ahora, la expedición de mandatos de búsqueda sólo es válida para una vivienda, pero, de confirmarse el cambio, podría usarse para una cuadra o una manzana entera.

El despliegue de ayer se dio, sin embargo, aún en el marco del operativo de Garantía de la Ley y el Orden, que desde julio del año pasado envió a 8500 militares a Río para apoyar a las fuerzas policiales y para reforzar la seguridad en el estado. No obstante, sus acciones no se tradujeron en un descenso de la violencia. La presencia de militares en tareas que no son sólo de apoyo a la policía parece marcar ya, sin embargo, un cambio de modus operandi.

“(La intervención) es bienvenida, pero no sirve de nada si no viene con medidas sociales: empleo, salud, educación, transporte, dignidad para el pueblo”, dijo Jean-Philippe, un habitante de Vila Kennedy que trabaja como portero. Jean-Philippe expresó, además, su descontento ante el jefe del gobierno de su país, que está sospechado de varios casos de corrupción: “El presidente de la república tendría que tener vergüenza y renunciar, porque el número uno de la Nación no está dando ningún ejemplo”, afirmó.

Este jueves, tras conocerse el informe de Amnistía Internacional, que alerta sobre el uso de la violencia de la fuerza pública en Brasil, Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de Abogados de Brasil, se manifestó respecto de la intervención. “Vamos a luchar todos los días para que la intervención se mantenga en los marcos legales”, afirmó el jurista. Y agregó: “No aceptamos la guerra a cualquier precio ni la criminalización de la pobreza en esta ciudad”.

Por su parte, varios pobladores interrogados consideraron que la intervención militar podría servir de freno a la corrupción policial. “Los policías hacen muchos negocios” en las favelas, comentó un inspector de autobuses de la zona, que prefirió mantener el anonimato. En junio pasado, un centenar de agentes de la PM fueron denunciados por cobrar coimas e incluso por vender armas a narcotraficantes.