Si se aprobara el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), que hoy volverá a presentarse, por séptima vez, en la Cámara de Diputados, cualquier persona con capacidad gestante tendrá derecho a abortar en un hospital público o una clínica privada –con los gastos cubiertos por las obras sociales y las prepagas– en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ninguna explicación –como ocurre en la mayoría de los países desarrollados, entre ellos España– y más allá de ese plazo en casos de violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud (física, psíquica o social de la mujer) –como ya está en la ley– o si existieran malformaciones fetales graves.
La propuesta, elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, llega con el apoyo de 71 diputadas y diputados de un amplio arco político, el número de firmantes más alto desde que se presentó por primera vez en 2008. Aquella vez tuvo 22 firmas. En 2014, llegó a tener 70 pero se juntaron a lo largo de varios meses. Ahora, en pocos días. En 2016, ingresó con 34 firmas.
