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La Casa Blanca sigue un poquito embarazada por la matanza de civiles en Uzbekistán. Pasan los días, aumenta el número de muertes contabilizadas —superan las mil–, también el escándalo mundial, y Washington matiza su tímida condena con referencias a terroristas en acción y a un vago sector de civiles inocentes que pasaron a formar parte de los llamados “daños colaterales”. El autócrata uzbeko Karimov reitera que las manifestaciones eran obra de fundamentalistas islámicos. Hay quienes perciben otra cosa: “Expertos familiarizados con las condiciones políticas imperantes en Uzbekistán opinan que... los manifestantes protestaban contra las duras condenas a prisión dictadas a 23 empresarios acusados de pertenecer a una organización terrorista y de conspirar para derrocar al gobierno” (The Washignton Times, 16-5-2005). Agrega el periódico norteamericano que, en realidad, el régimen castigaba “la creciente popularidad de las prácticas de libre mercado que las han convertido en una amenaza para el presidente Islam Karimov”. Los 23 condenados formaban parte de una suerte de cámara de comercio de pequeños emprendimientos privados. El Estado confiscó sus bienes y centenares de trabajadores quedaron en la calle.
Sólo una pequeña porción de la economía uzbeka no es estatal y la manejan grupos de poder ligados al gobierno que exigen un pago para permitir la instalación de una nueva empresa. La pobreza y la desocupación se extienden y el nivel de vida de la población ha declinado abruptamente. En el campo se concentran casi dos tercios de la población y la economía dominante es de trueque. Muchos cruzan ilegalmente a Kirguistán para trabajar por el día y obtener algún jornal. O roban algodón del Estado de las granjas colectivas y lo contrabandean para venderlo en Kirguistán. “Cruzar la frontera es peligroso, y no sólo por los terrenos minados. Las autoridades uzbekas destruyeron su mitad del puente de la localidad de Karasuu que la unía a Kirguistán... la gente ahora utiliza un puente de soga improvisado y muchos caen y se ahogan en la rápida corriente del río” (The Wall Street Journal/Europe, 5-4-05). Eso explica que los habitantes de Karasuu se alzaran, ocuparan los edificios del gobierno, se adueñaran del pueblo del 14 al 18 de mayo y reconstruyeran el puente. Las fuerzas de seguridad de Karimov pusieron fin a la revuelta.
Se trata de hechos conocidos hace tiempo por los “halcones-gallina”, pero a estos preconizadores de la libertad de mercado poco importaron. Tampoco las brutales violaciones de los derechos humanos que practica el régimen de Karimov. Siete meses antes del 11/9 el Departamento de Estado dio a conocer un informe sobre el tema en el que señalaba que las técnicas de tortura más corrientes de la policía uzbeka son las golpizas interminables y “la asfixia con una máscara de gas”. En los documentos de diversas ONG se pueden encontrar otras: hundir en agua hirviente a los opositores, aplicarles electricidad en los genitales, arrancarles las uñas de las manos y los pies. El régimen suele acusar de fundamentalistas a practicantes de formas del Islam que difieren de la sufí oficial; son pacíficas, lo que no impide que sus fieles terminen en prisión acusados de terroristas. Human Rights Watch estimó que en el 2004 ascendía a 7 mil el número de prisioneros, muchos de ellos condenados en juicios sumarísimos y sin derecho a defensa. Una negativa del Departamento de Estado a otorgar 18 millones de dólares de ayuda a Uzbekistán por la situación en materia de derechos humanos fue muy pronto reparada por el Pentágono: envió 21 millones de dólares a Karimov en el marco de un programa de seguridad (Registan.net, 12-8-04). Es muy probable que ese dinero pagara las balas que segaron la vida de centenares de civiles en Andijan.
La guerra “antiterrorista” y por la libertad y la democracia y el libre mercado en todo el mundo ha convertido a Uzbekistán en un punto clave y no sólo por su ubicación central en una región rica en energéticos. Durante su visita a Tashkent, en febrero del 2004, Donald Rumsfeld reveló algo de la nueva estrategia militar que prepara el Pentágono. Dijo que el gobierno Bush quiere establecer en Asia “sitios operativos” que “no serían permanentes como una base, sino lugares de apoyo a los que EE.UU. y los países de la coalición tendrían acceso de manera intermitente y periódica”. Se instalarían cerca de los teatros de operaciones previstos por la cruzada de la Casa Blanca y W. no oculta sus intenciones de que continúe la presencia de efectivos norteamericanos en la base aérea uzbeka de Khanabad. Karimov, encantado: en vísperas de la visita de Rumsfeld, el ministro de Relaciones Exteriores de Uzbekistán, Sadiq Safayev, declaraba que su gobierno “no descarta la posibilidad de permitir que la base militar estadounidense se establezca de manera permanente” (Eurasianet.org, 25-2-04). Moscú y Pekín se erizan ante semejante perspectiva. Como EE.UU., Rusia se abstuvo de condenar con energía la matanza en Uzbekistán. Ambos quieren conservarlo en su respectiva esfera de influencia.
Hay más. Aumentan las evidencias de que Uzbekistán integra la red de países donde la tortura es ley a los que la CIA traslada sospechosos de terrorismo para ser “interrogados”. “Varios agentes de inteligencia retirados y en actividad que se desempeñan en Europa, el Medio Oriente y los EE.UU. han confirmado que Uzbekistán cumple el papel de carcelero vicario de EE.UU.” (San Francisco Chronicle, 1-5-05). Se estima que en la región forman parte de esa red Egipto, Jordania, Marruecos, Arabia Saudita, Pakistán y Uzbekistán, claro. Como un manifestante declaró al corresponsal del londinense The Daily Telegraph (22-5-05): “Acá tenemos un dicho: si quiere ver el Paraíso, mire la televisión de Uzbekistán; si quiere ver el Infierno, vaya a Uzbekistán”.