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La imposición del primer corralito y todas las medidas que le siguieron, incluido el actual canje de depósitos por bonos, fueron declarados inconstitucionales por la Justicia. La Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó ayer un fallo en favor de una ahorrista que tenía depósitos en el Citibank, al que le ordena devolverle el dinero. Los magistrados también cuestionaron la pesificación. La resolución coincide con el criterio sustentado por otros camaristas del mismo fuero, pero avanza en otro aspecto: declara ilegal el canje de depósitos por títulos públicos lanzado por el Gobierno, opción que está habilitada en este mismo momento. El fallo seguramente será apelado y recaerá en la Corte Suprema de Justicia, que seguirá así acumulando causas que le dejan la suerte del Gobierno en sus manos.
La medida de la Cámara retrotrae la situación del sistema financiero a antes del primer corralito, dispuesto por Domingo Cavallo. De hecho, se establece que la ahorrista que presentó la demanda podrá presentarse en el Citibank a reclamar su dinero, y si no le fuera devuelto quedará habilitada para iniciar un juicio de ejecución contra la entidad y denunciarlo ante el Banco Central. De acuerdo con este fallo, la autoridad monetaria podría llegar a disponer hasta la suspensión de las actividades del Citibank, en el marco de la ley de entidades financieras vigente antes de que el gobierno de la Alianza pusiera el corralito.
La resolución fue firmada por los camaristas Bernardo Licht, Pedro Coviello y Néstor Buján, y confirmó un fallo de primera instancia del juez Guillermo Rossi. La beneficiada es Patricia Silvia Vázquez, quien tenía dinero depositado en una caja de ahorro en el citado banco. Si bien no se precisó la cantidad, trascendió que el monto sería bajo.
Los argumentos utilizados por los jueces para oponerse al corralito, al corralón y a la pesificación son similares a los utilizados anteriormente por otros camaristas. Lo novedoso en este caso es la declaración de inconstitucionalidad del canje de depósitos por bonos. Para los jueces, a largo plazo esa medida “implicaría para el depositante la liberación del deudor originario (la entidad financiera) y su sustitución por otro distinto (el Estado Nacional) que ha declarado públicamente su estado de insolvencia”. Es decir que no es justo para el ahorrista que sea el Estado el que queda obligado a pagarle, en momentos en que se encuentra en cesación de pagos con los acreedores privados y amenaza con extender el default a los organismos de crédito. La Justicia rechaza, además, que los bancos se liberen de ese compromiso, cuando la responsabilidad de reintegrar el dinero debería ser enteramente suya.
Por otra parte, los camaristas cuestionaron la intromisión del Estado en los contratos privados entre ahorristas y bancos, así como la pesificación. “Una cosa es fijar el valor de la moneda y otra muy distinta incursionar en la relación contractual establecida entre el depositante y la entidad financiera”, afirman. En la situación hipotética que se aceptara esa intromisión, dicen los jueces, “la relación establecida un dólar igual a 1,40 peso se exhibe como fruto de una decisión, cuanto menos, caprichosa y carente de razonable sustento”.
En referencia al corralito, sostuvieron que “aun cuando la situación de emergencia autorizara una restricción más severa de los derechos (de los ahorristas), ello no puede significar lisa y llanamente la supresión de los derechos”. También pusieron en dudas la necesidad de instaurar el corralito, y advirtieron que el argumento de que se quería evitar “el tantas veces invocado quiebre del sistema financiero” fuera solo una excusa para proteger “tan solo a algunas entidades financieras en problemas”. Por último, enfatizaron que la “discrecionalidad” que tiene el Gobierno para tomar medidas “no implica conferirle el poder para girar los pulgares para abajo o para arriba”.