La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia resolvió en agosto del año pasado que Telecom Italia debía vender sus activos en el país. El argumento fue que su alianza europea con Telefónica, principal competidor local, violaba la legislación antimonopolio. Sin embargo, hace una semana sorprendió al aceptar un compromiso de los accionistas que no sólo les permitió a los italianos seguir en el país, sino incluso incrementar su participación en la filial local de 50 a 58 por ciento. Luego de ese giro copernicano, el vicepresidente de la CNDC, Humberto Guardia Mendonça, se reunió ayer con las asociaciones de consumidores para explicar la posición oficial y brindar detalles del acuerdo.

El funcionario sostuvo que se llegó a esta situación por los obstáculos que puso la Justicia y recordó el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico que en febrero anuló la resolución 483/09 que ordenaba a la empresa desinvertir en el país. En aquella ocasión los magistrados Edmundo Hendler y Nicanor Repetto ordenaron tramitar nuevamente las actuaciones para garantizarle “derecho a defensa” a las empresas que no habían sido tenidas en cuenta durante las actuaciones, incluso a las subsidiarias que se supone que responden a las directivas de su casa matriz. Aquel dictamen resultó inédito porque cuando se lleva adelante un procedimiento administrativo preventivo en el análisis de concentraciones económicas no es obligatorio tener por parte a las empresas investigadas.

Héctor Polino, de Consumidores Libres, le remarcó a Guardia Mendonça que el Gobierno tendría que haber apelado esa decisión. “Me respondió que las empresas ya estaban operando en conjunto desde hace tres años y que podía pasar mucho más tiempo hasta que obtuviesen un resultado favorable en la Justicia. Por lo tanto, lo mejor era fijar un compromiso que asegurara la separación e independencia entre Telefónica y Telecom”, sostuvo el ex diputado socialista a este diario.

En lo que refiere al compromiso de conducta, Guardia lo definió como “un buen producto de defensa de la competencia”, detalló todas las prohibiciones que conlleva para las partes y remarcó que la concentración económica está subordinada al cumplimiento de ese acuerdo. De hecho, en la cláusula quinta se aclara que en caso de que las partes no lo respeten el Gobierno podría ordenar “posibles ventas o esterilizaciones de activos”.

Pese a las explicaciones, Polino y Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor, cuestionaron la resolución oficial y pusieron en duda la capacidad estatal para sancionar los incumplimientos. “Estamos frente a una empresa muy poderosa que desde la privatización violó sistemáticamente el pliego de condiciones que se le habían fijado, incumpliendo con las inversiones”, agregó Polino. Guardia Mendonça, en cambio, sostiene que esta vez será diferente. “Hemos creado un área que se dedicará especialmente a asegurar el cumplimiento de este acuerdo”, afirmó a Página/12. El funcionario también cuestionó a Polino y a Andrada porque mientras duró el análisis de la fusión nunca se presentaron ante la CNDC para formular una denuncia contra las telefónicas.

Durante la reunión con las asociaciones de consumidores, el dato de color lo aportó la presencia de dos abogados de Telecom Italia. “Estaban ahí para controlar lo que decía el funcionario”, denunció Polino. Guardia Mendonça, en cambio, le restó trascendencia al hecho. “Era una reunión abierta a la cual podía asistir cualquiera. Además, no tiene sentido creer que vinieron para controlarme”, respondió.

Guardia Mendonça afirma que con su dictamen la CNDC no sólo buscó garantizar la independencia de acción entre Telefónica y Telecom, sino también promover más competencia. De hecho, en el texto se le recomienda a la Secretaría de Comunicaciones que haga cumplir el Decreto 764/2000 de desregulación del mercado, sobre todo en lo que refiere a la fijación de los precios de Interconexión (el peaje que las dominantes le cobran a las entrantes para usar sus redes), la desagregación del bucle local y la implementación de la portabilidad numérica para favorecer una mayor competencia. El organismo antimonopolio remarcó la necesidad de “realizar un monitoreo de la infraestructura de red, los precios y los servicios ofrecidos por Telefónica y Telecom a los distintos licenciatarios, con el objeto de garantizar un acceso no discriminatorio a la red de las incumbentes”. Con sólo cumplir este punto la competencia en el mercado aumentaría, pero lo de la CNDC en ese caso es sólo una recomendación.