La palabra clave es cartelización. Es decir, la acción de un grupo de empresas pertenecientes a un sector determinado que “acuerdan” los precios que ofrecerán en un mercado que dominan. Un ejemplo, como antecedente de la denuncia formulada ayer por el Gobierno, involucra a siete empresas cementeras. En 2005, el Estado acusó a Loma Negra, Juan Minetti, Cementos Avellaneda, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Cemento San Martín, como también a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland, por haber “pactado acuerdos para mantener precios elevados a través de la concertación de cuotas”, según sostenía la denuncia original, formulada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

El Estado multó a esas compañías por 300 millones de pesos, decisión que fue recurrida a la Justicia. En ese mismo año, el Gobierno denunció por cartelización a otros sectores. El ex presidente Néstor Kirchner acusó de estas prácticas –aunque no llegó a aplicar ninguna multa– a la empresa Coto.

El Estado había multado a las siete cementeras por la presunta cartelización efectuada entre 1981 y 1999. Además del ex ministro de Economía, también intervino la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en aquellos años presidida por José Sbatella, hoy a cargo de la Unidad de Información Fiscal. Las sanciones fueron para Loma Negra (138,7 millones de pesos), Juan Minetti (100,1 millones), Cementos Avellaneda (34,6 millones), Cemento San Martín (28,5 millones), Petroquímica Comodoro Rivadavia (seis millones) y 529.289 pesos a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland.

La aplicación de la multa fue sólo el comienzo de la historia. La sanción fue recurrida ante la Justicia. La Cámara en lo Penal Económico resolvió a favor del Estado. Sin embargo, las empresas continuaron en su puja legal y recurrieron a la Cámara de Casación Penal. El año pasado, las compañías obtuvieron un fallo favorable por parte de la Sala IV de dicho tribunal. La jugada del Estado fue presentarse ante la sala y cuestionar al tribunal por no haberlo informado correctamente del fallo. Ante esta nueva apelación del Ministerio de Economía, Casación Penal –con una nueva conformación– invalidó un fallo de la misma sala y ratificó la multa original del fuero Penal Económico. La puja judicial continúa, ya que las compañías recurrieron a la Corte Suprema y recusaron a los nuevos jueces de la Sala IV de Casación Penal.

La palabra cartelización ha aparecido en el acervo del Ejecutivo en reiteradas oportunidades. El propio Kirchner acusó al empresario Alfredo Coto de aplicar este tipo de prácticas comerciales, también en 2005, aunque no se le aplicaron multas. Las denuncias sobre cartelización coincidieron con la preocupación oficial por los aumentos de precios en distintos sectores de la economía.