ECONOMíA › OPINION

Bien estratégico

 Por Alfredo Zaiat

El comportamiento del grupo hispano-argentino Repsol-Eskenazi gestionando la petrolera YPF responde a criterios frecuentes del sector privado: maximización de ganancias con su posterior distribución generosa entre accionistas. La reinversión productiva queda subordinada a la meta prevista sobre el monto de apropiación de utilidades, conducta asociada a un esquema dominado por principios financieros. Esto significa que los fondos destinados a ampliar la frontera productiva provienen de excedentes, si se llegaran a contabilizar, luego de satisfacer el presupuestado retorno financiero sobre el capital. Esta forma de desenvolverse sólo se altera con la intervención del Estado mediante regulaciones específicas y normas generales, con el objetivo de coordinar el interés privado y el beneficio del conjunto. Este marco global de desarrollo de compañías privadas requiere una precisión conceptual para el caso del petróleo. La clave para abordarlo es definir las características de los recursos hidrocarburíferos: no son un producto comercial más, una materia prima como el resto, sino que es un bien estratégico.

Si se acepta esa definición, el comienzo de cualquier debate sobre qué hacer con las petroleras que operan en áreas de explotación en territorio nacional, en especial con YPF, adquiere mayor claridad en un escenario cruzado por intereses poderosos, influyentes y abultadas billeteras en cada uno de los ámbitos donde se expone la actual disputa por las inversiones, producción y reservas petroleras.

Los países desarrollados definieron con autoridad que los recursos energéticos son bienes estratégicos, ayudando a la expansión de sus trasnacionales. Con la desregulación y globalización financiera, a través de las propias compañías y organismos internacionales, se fue imponiendo la idea en las naciones periféricas de que el crudo es un commodity. Como si el petróleo fuera un simple producto comercial o cualquier otra materia prima, lo mismo que el trigo o el café. La diferencia más notable, pero no por eso evidente por la captura del sentido común, es que el petróleo y el gas –combustibles por el momento imprescindibles para impulsar el motor de las economías– son recursos no renovables. Característica que los convierte en estratégicos. Esto no es materia de discusión ni debate en los países centrales, donde el acceso, control y utilización del petróleo es considerado una política de Estado. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una reserva federal de petróleo, además de que utiliza todo su poderío militar para apropiarse de áreas energéticas fuera de su frontera, como en Irak.

El desarrollo de un país está vinculado a la disponibilidad y producción de energía para su sector productivo. Se necesita energía abundante y sin interrupción para sostener ritmos de crecimiento acelerados. A la vez, esa energía debe ser comercializada a costos que permitan a las actividades ser competitivas, local e internacionalmente. En esa instancia, emerge una contradicción si esos recursos son manejados por compañías privadas, cuyo objetivo es maximizar utilidades en el período más corto de tiempo, y si son extranjeras, enviar esas ganancias a sus casas matrices. Este comportamiento se traduce necesariamente en escaso compromiso por la explotación prudente de recursos estratégicos no renovables, por la recuperación de reservas o por el autoabastecimiento energético del país donde expande sus operaciones. Ante esa previsible conducta del sector privado resulta fundamental la intervención del Estado en la gestión del mercado de hidrocarburos, no sólo impulsando inversiones en infraestructura, como gasoductos, sino también en la administración y planificación de la disponibilidad de petróleo y gas. Hoy esto significa recuperar la soberanía energética, que incluye a los privados pero bajo un plan estratégico del Estado.

Argentina es el único país en el mundo donde el petróleo y el gas están en manos de trasnacionales, su explotación como su disponibilidad. Es una pérdida de la soberanía energética extraordinaria. El Estado nacional no tiene injerencia en el monto y destino de las inversiones, ni en proyectos de expansión, exploración y explotación, ni en el ritmo de producción o de recuperación e incremento de reservas. Las concesiones fueron otorgadas con metas difusas. La privatización de YPF, empresa que le permitía al Estado controlar el mercado de hidrocarburos, privó al país de una política de exploración y explotación racional acorde con las necesidades sociales. También implicó la privación de ingresos que hubiesen permitido el desarrollo de energías alternativas y en su lugar promovió la transferencia de ganancias extraordinarias hacia el sector privado.

En cambio, Petrobras (Brasil), Pemex (México), PdVSA (Venezuela), PetroEcuador y desde hace pocos años YPFB (Bolivia), cada una con sus particularidades, son empresas estatales que tienen un papel central en la política petrolera de sus respectivos países. Además de definir el rumbo estratégico, esos Estados capturan la renta petrolera en diferentes porcentajes; ninguno menos de la mitad.

En el actual escenario energético regional de apropiación estatal de la renta petrolera y panorama mundial convulsionado por la conquista de áreas petroleras estratégicas en Medio Oriente y Asia por parte de Estados Unidos y potencias europeas, el esquema argentino no sólo ha quedado descolocado sino que también es inconsistente en términos del interés nacional. En la década del noventa, el modelo energético cambió de uno estatal a uno privatizado, pasando así el petróleo de ser considerado un bien estratégico a representar una materia prima más. Se comenzó a exportar petróleo y gas capturando las trasnacionales la totalidad de la renta petrolera local. La española Repsol era un actor marginal en el mundo de las petroleras, y gracias a YPF pasó a integrar el lote de compañías de segundo nivel detrás de las gigantes mundiales.

Desde que Repsol desembarcó en YPF fue impresionante el rally alcista del precio del petróleo. A fines de 1998, el barril se ubicaba en 10-12 dólares. No había peor momento para vender el control accionario de una petrolera que en ese año. Y eso fue lo que se hizo con el paquete remanente de YPF en manos del Estado. Esa operación se concretó en el segundo gobierno de Carlos Menem, con Roque Fernández como ministro de Economía y Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas, actuando como nexo con los españoles de Repsol. Desde entonces, el crudo no paró de subir, acelerando su tendencia alcista a partir de 2002 hasta ubicarse ahora por encima de los 100 dólares el barril. Tampoco pararon de subir las ganancias, el patrimonio y el valor de mercado de Repsol.

En el documento “20 años de la privatización de YFP. Balance y perspectivas” que publicaron los investigadores Ignacio Sabbatella y Esteban Serrani en la edición de octubre pasado Voces en el Plan Fénix se destaca que la transformación del sector bajo los preceptos neoliberales dio origen a un oligopolio privado: cuatro empresas explican cerca del 66 por ciento de la extracción de petróleo (Repsol YPF, Pan American Energy, Chevron y Petrobras, en ese orden), cuatro empresas extraen el 75 por ciento del gas (Repsol YPF, Total Austral, Pan American Energy y Petrobras) y tres firmas representan el 80 por ciento de la capacidad de refinación (Repsol YPF, Shell y Esso). “Por lo tanto, la desregulación y privatización no generó la prometida competencia sino una importante concentración del mercado, liderado en todos los rubros por Repsol YPF”, concluyen.

El kirchnerismo modificó muy poco ese mercado y sólo intervino desconectando el precio local del internacional, aunque en los últimos años ha autorizado una seguidilla de ajustes, a partir del desembarco del grupo local Eskenazi en YPF. También aplica retenciones móviles a las exportaciones. Esa participación estatal en la renta petrolera ha sido importante pero fue solamente un ajuste financiero a la ecuación de las compañías, con una concepción muy economicista de lo que es el petróleo. Ahora, después del reclamo de CFK a YPF por la caída de la producción, la movida de las provincias petroleras revirtiendo áreas concesionadas, la mayoría marginales, puede ser el punto de partida para empezar a cambiar un modelo energético que ha mostrado sus límites. O convertirse en un trueque de figuritas de empresas petroleras sin alterar el modo de negocios.

La magnitud y orientación de estos últimos movimientos políticos y operativos permitirán una evaluación más precisa cuando se observe si la política oficial de administración de los recursos hidrocarburíferos recupera el concepto de bien estratégico para el petróleo y el gas, o si simplemente se trata de cuestiones coyunturales vinculadas al desequilibrio de la balanza comercial del sector.

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