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La Justicia sigue produciendo fallos favorables a los ahorristas que quedaron atrapados en el corralón. En parte eso explica que el 85 por ciento de los tenedores de Cedros aún los conserve, ignorando la oferta del Gobierno para desprogramarlos. Muchos confían en recuperar el 100 por ciento de los dólares que tenían depositados por vía judicial. El último fallo conocido corresponde a la Sala Cuarta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que resolvió que el BankBoston le reintegre a una de sus clientes, Catalina Deltogno, una parte de su dinero, mientras que por el resto debe sentarse a negociar plazos y condiciones de devolución.
Deltogno había obtenido un fallo favorable en primera instancia, que le ordenaba a aquella entidad financiera que “cumpliera lo pactado en el contrato de depósito y le entregue la cantidad y especie de moneda convenida o su equivalente en pesos para adquirirla en el mercado libre de cambio”. Tanto el BankBoston como el Estado apelaron la medida. Ahora se supo que los camaristas María Jeanneret, Guillermo Galli y Alejandro Uslenghi confirmaron la resolución de primera instancia, pero con una variación que ya habían establecido en un caso anterior.
Los camaristas ordenaron al banco el pago “de modo inmediato de la suma de hasta 30.000 dólares por su depósito originario” y al mismo tiempo lo emplazaron para que “dentro de los 15 días de quedar notificada de la sentencia, presente en el expediente un cronograma de pago total de la obligación”. El fallo no menciona a cuánto ascendía el depósito original. En cambio, sí establece que la devolución del resto del dinero deberá ser “compatible con la evolución de su solvencia” (de la entidad crediticia) y no deberá exceder “en cuanto a los plazos el tope máximo (setiembre de 2005) previsto para la devolución de los depósitos”.
La decisión de la Cámara –firmada a fines de marzo, pero conocida en las últimas horas– alude a un fallo anterior de la misma Sala, en la causa de otro ahorrista, identificado como Jorge Nadale. En ese expediente, los jueces declararon la inconstitucionalidad del corralito y la pesificación.
Pero aclararon que “atento a que no puede prescindirse de la realidad económica, ni del modo de cumplimiento que pueda resultar impuesto por la fuerza de los hechos, adecuadamente demostrados, y ante la inexistencia de una razonable reglamentación, serán decisivos los acuerdos a los cuales -bajo el control judicial– pueden arribar las partes”.