EL PAíS › LA POLICIA DESALOJO A LOS OBREROS DE LA BRUKMAN

La fábrica que fue retomada

Con un impresionante despliegue policial y por orden del juez Rimondi, fueron desalojadas las trabajadoras que mantenían funcionando la textil. Hay una muy tensa vigilia militante.

 Por Laura Vales

La Policía Federal desalojó la fábrica Brukman, que estaba tomada y produciendo bajo el control de sus trabajadoras. El operativo se realizó el jueves a las 12 de la noche, al comienzo del feriado de Semana Santa, con más de 300 efectivos de infantería que llegaron en cinco micros, celulares y taxis junto con un grupo de civiles, quienes se instalaron en el interior del edificio una vez que los obreros fueron sacados del lugar.
A partir de ese momento y durante todo el día de ayer vecinos y militantes se fueron reuniendo en la puerta de la textil, donde se desplegó un fuerte operativo policial. En las esquinas que rodean la fábrica, los manifestantes levantaron barricadas con carteles de publicidad y encendieron fuego. Anoche había un clima de tensión y bronca contenida.
Si bien las trabajadoras evaluaron en varios momentos la posibilidad de traspasar el vallado y volver a tomar el edificio junto a los manifestantes convocados “para recuperar la fábrica”, al cierre de esta nota y para evitar lo que parecía una segura represión, decidieron mantener una vigilia y llamaron para hoy, a las once del mediodía, a una asamblea donde evaluar cómo seguir.
Cuando la policía llegó, poco después de la medianoche, en el edificio había cinco trabajadores, dos hombres y tres mujeres. Marcela era una de ellas. Estaban por irse a dormir cuando escuchó gritar a una compañera que se había asomado a la vereda y vio el despliegue policial. Los sacaron sin hacer detenciones.
La policía valló la cuadra de Jujuy entre Venezuela y México para mantener lejos de la entrada a los que acercaran. Detrás de las rejas se apostaron unos 200 efectivos de infantería mientras en los seis pisos del edificio, detrás de los ventanales, se acomodaron unas 30 personas de civil, hombres y mujeres.
Llovía, y Marcela con una de sus compañeras se refugió bajo el techo de la estación de servicio de la esquina. Los vecinos primero, y los asambleístas y piqueteros de los barrios más alejados después, se fueron acercando a medida que la noticia se difundió por televisión y se hacían cadenas telefónicas.
A la una y media, en las dos esquinas había manifestantes que armaron una barricada. Todavía no eran demasiados, pero cuando un camión policial corrió las vallas para salir, los manifestantes, sospechando que podía haber cargado parte de las máquinas, se tiraron en el asfalto para impedirle avanzar. En el forcejeo con la policía volaron piedras y palos. Toda la noche permaneció gente reclamando contra el desalojo, mientras se convocaba a las organizaciones sociales y políticas y a los organismos de derechos humanos.
Brukman fue ocupada hace un año y medio –un día antes del 19 de diciembre–, ante la inminencia del cierre de la planta. Los 50 empleados (casi todos son mujeres) demoraron bastante en decidirse a empezar a producir, porque inicialmente habían pensado la toma como una forma de presión para negociar con los dueños, una vez que aparecieran. Pero tal cosa no se produjo. Cuando empezaron a trabajar, encontraron que la empresa dejaba ganancias suficientes como mantener sus puestos y mejorar sus sueldos, que eran de apenas 5 pesos semanales.
“En los últimos meses tuvimos tantos encargos que reincorporamos ex compañeros y entró gente”, señaló anoche Elisa. “Somos en total sesenta, ganando entre 70 y 100 pesos por semana”.
El desalojo fue ordenado por el juez Jorge Rimondi, en una causa penal iniciada por los Brukman. Las trabajadoras habían obtenido, tiempo atrás, un fallo favorable del juez Enrique Velázquez (quien ya no está a cargo del juzgado), fallo que fue revocado por la Cámara de Apelaciones. La abogada Myriam Bregman (Ceprodh) denunció que “los dos magistrados quefallaron en contra de los trabajadores, los camaristas Piombo y Bonorino Peró, son jueces de la dictadura”.
A las cinco de la tarde, el número de manifestantes se acercó a los tres mil. En la protesta hubo una gran cantidad de gente de las asambleas, piqueteros del MTD Aníbal Verón, el Movimiento Territorial de Liberación, el FTC, el Teresa Rodríguez, el MST, el Polo Obrero y la Corriente Clasista y Combativa y jóvenes del Movimiento No Pasarán, y partidos políticos de izquierda. Los legisladores Luis Zamora, Vilma Ripoll, José Roselli, Patricio Echegaray, Jorge Altamira, Oscar González, integrantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Eduardo Murúa (de Impa), Fabio y Ariel Basteiro, Adriana Calvo y estuvieron entre los que se acercaron para dar su respaldo.
Con la espalda apoyada en la pared y un limón en la mano, Stella Maris Francia, de la asamblea del Cid Campeador, preguntó qué encadenamiento de cosas la habían llevado a ese lugar. “Acá estoy, sentada con este limón, yo que sufro de asma y sé que si la policía tira gases no voy a poder hacer nada”, dijo a este diario. “Yo trabajo desde los 18 años, organicé mi vida social, personal y política en torno del trabajo. Y no puedo creer que no se entienda la necesidad de trabajar”.
La tarde avanzó con picos en los que los manifestantes armaron defensas con sillas, puertas y materiales sacados de obras en construcción. Y en las calles adyacentes, la federal apostó nuevos celulares y una veintena de motos con personal armado.
En uno de esos momentos de máxima tensión, el juez Rimondi accedió a recibir a una delegación de Brukman. La reunión se hizo en la comisaría octava, en cuyo patio, mientras el magistrado hablaba con las obreras, esperaron representantes de organismos de derechos humanos y una decena de diputados. El gobierno de la ciudad envió a dos funcionarios, el secretario de Desarrollo Económico Eduardo Hacker y el subsecretario de Acción Política Daniel Martini. Pero no hubo acuerdo.
Buscando destrabar el conflicto, los legisladores y los funcionarios porteños reclamaron la suspensión del desalojo y el retiro de los efectivos policiales, al tiempo que difundieron un acta con el reclamo.
El diputado Ariel Basteiro detalló que “firmamos un acta reclamando al juez que devuelva el expediente a la Sala Séptima de la Cámara del Crimen, suspenda la medida de desalojo y saque a las fuerzas policiales de la fábrica”, ante “la tensa situación que se vive frente a la textil”, donde continuaban apostadas numerosas agrupaciones piqueteras, políticas y sociales. Junto con ellos, las trabajadoras decidirán, probablemente, sostener la vigilia hasta el lunes, cuando se convocaría a una concentración que permita retomar la ocupación o abrir un espacio donde destrabar el conflicto.

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La fábrica fue rodeada por casi 3000 militantes y asambleístas, y 300 policías.
Los manifestantes evaluaron saltar el cerco policial y recuperar la fábrica para los trabajadores.
 
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