Cincuenta familias que viven dentro del campo La Libertad, en la provincia de Córdoba, corren riesgo porque están por rematar las tierras donde viven. El Movimiento Campesino de Córdoba venía negociando con la gestión de Juan Carlos Schiaretti una solución para los habitantes de ese campo, pero todo se frenó con la llegada de José Manuel de la Sota a la gobernación. “El gobernador tiene un perfil ortodoxo, neoliberal. Seguramente estas tierras serán rematadas para que caigan en manos de empresarios ganaderos. El Estado provincial y el Legislativo deberían resolver el permanente despojo de las familias y los pobladores del noroeste de la provincia”, afirmó a Página/12 Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba.

Las familias que viven en este predio de 13.000 hectáreas producen cerca del 17 por ciento de la carne que consumen, el 14 por ciento de los porcinos, y venden más de 2000 cabritos al año. “Falta una decisión política para que las familias no sufran el desarraigo”, indicó a este diario la intendenta de Quilino, Soledad Carrizo (UCR).

El campo La Libertad se ubica en el Departamento Ischilín, al noroeste de Córdoba. Son lotes que corresponden a la quiebra de la firma Feigin Hermanos. La historia de este campo comenzó en 1994, cuando la empresa recibió un crédito del Banco Social de Córdoba y puso los terrenos como garantía hipotecaria. Al año siguiente, el banco solicitó la ejecución del préstamo. En casi 20 años la deuda pasó por varias manos: primero se hizo cargo el Banco de la Provincia, que se la transfirió a la empresa Córdoba Bursátil, y ésta se la vendió a Cobrex S. A. Por último, recayó en la empresa Fribel S. A., dedicada a la cría de ganado bovino. El juez de la quiebra, Sergio Ruiz, ya les avisó a los campesinos que este año rematará el campo.

En la localidad de Quilino viven 6800 personas. Las comunidades campesinas se dedican a la cría extensiva de ganado bovino, porcino y caprino. También hay un desarrollo de la apicultura (5000 kilos por año) y la lechería, con 43.300 litros de leche de cabra anuales. La unidad productiva en esta localidad va de 900 a 1500 hectáreas, por eso las amplias extensiones de los campos. Las cincuenta familias que habitan el campo La Libertad viven ahí desde hace más de 50 años.

“De la Sota tiene intereses creados con las sociedades rurales del interior de la provincia. En este sentido, ahora hay una nueva presión de los empresarios ganaderos por ocupar nuevas tierras, ya que esta actividad volvió a ser rentable. Los excedentes generados por la soja en años anteriores presionan al mercado inmobiliario y, por ende, se generan situaciones conflictivas en la tenencia de la tierra”, afirmó a Página/12 Carlos Ramos, ex director de la Agencia Córdoba Ciencia y actual integrante de la Corriente Agraria Nacional y Popular, la Canpo.

Durante la gestión de Juan Carlos Schiaretti, los campesinos se nuclearon en la Cooperativa Agropecuaria y Forestal Unión y Libertad y lograron entablar un canal de negociación con el ministro de Justicia Luis Angulo. Sin embargo, con la llegada de De la Sota a la gobernación, los canales de diálogo se cortaron. La nueva ministra de Justicia, Graciela Chayep, no los recibió y dejó todo en manos de la Justicia. “Hubo un cambio de concepción sobre el fondo de la cuestión”, dijo a este diario la intendenta radical Carrizo. “Hace más de cuatro años que están reclamando por estas tierras. Es una situación compleja, donde lo legal no va con la realidad. Los funcionarios de la provincia tienen que intervenir para evitar el remate”, agregó la intendenta.

Los campesinos que viven en La Libertad realizaron el viernes pasado un corte en la Ruta Nacional 60. “La única opción formal es que la provincia expropie ese campo, a través de la Legislatura, o que se presente en el remate, compre todo el campo y luego lo ceda a los campesinos”, concluyó Britos.