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Ideología y negocios. Caso práctico. Importaciones de acero desde ex repúblicas socialistas soviéticas. Techint, que domina el sector del acero plano en la Argentina, acusa a esos proveedores de dumping –es decir, exportar por debajo del precio interno o aun del costo–. En respaldo de su argumento, un estudio contratado con Ecolatina, la consultora que fundó y condujo por muchos años Roberto Lavagna. El análisis constataba que esas repúblicas desmembradas de la disuelta URSS (Rusia, Ucrania, Kazajstán, además de Rumania) no se habían transformado aún en verdaderas economías de mercado, lo cual facilitaba descalificar el proceso de formación de sus precios. Los importadores de acero, ávidos por evitar la imposición de derechos antidumping (éstos establecen un valor mínimo de importación, de equis dólares la tonelada, independientemente del facturado, y sobre ese valor deben pagarse los aranceles y los impuestos), adjuntaban por su lado otro estudio de consultoría que llegaba a conclusiones inversas. Este pronunciamiento técnico llevaba el membrete de FIEL, la Fundación liberal cuyo economista jefe era Ricardo López Murphy. Diríase que esa confrontación, ocurrida a nivel de la Dirección de Competencia Desleal en el ámbito del comercio exterior, se repitió el 27 de abril último en las elecciones presidenciales con el resultado conocido.
Hasta allí la colisión responde al tópico, a lo que el público puede percibir en las discusiones acerca del “modelo”: aperturistas a ultranza contra proteccionistas de la producción nacional, de algún modo Menem vs. Duhalde, al menos en la retórica. Sin embargo, la oposición no discurre por ese único eje. Una vez que el mercado de planos se cierra en grado suficiente y un jugador del tamaño arrollador (para las dimensiones argentinas) de Techint aspira a gravitar en él decisivamente, según denuncian sus detractores –club en el que militan desde las transnacionales automotrices hasta pequeñas metalúrgicas–, la guerra entre empresas se vuelve despiadada. Y no va a amainar precisamente ahora, cuando la reactivación pone presión de demanda frente a un proveedor único. El modelo de “producción y trabajo” al que se refiere el presidente Kirchner debe aún definir a quién exactamente defenderá.
La adquisición de Somisa, cuya privatización en 1992 estuvo a cargo de María Julia Alsogaray, que traía el prestigioso antecedente de haber vendido ENTel, confirió a Techint un enorme poder de mercado en planos al integrarse verticalmente, lo cual a su vez le facilitó la estrategia de expandirse posteriormente aguas abajo, asumiendo algunas etapas primarias de transformación de la materia prima, con lo que pasó a competir con franjas de sus propios clientes locales, pudiendo eventualmente someterlos al llamado “estrujamiento de precios”. Sólo la importación era capaz de neutralizar su posición dominante, pero en este sentido la siderurgia argentina se comportó según los durísimos cánones prevalecientes en un mercado mundial sobreofertado, verdadera pesadilla para los devotos de la competencia perfecta. Bush, erigiendo barreras para proteger a las grandes acerías ineficientes de los Estados Unidos, sólo aplicó el manual práctico en la materia. Todo productor de acero se proclama víctima del dumping ajeno, mientras a su vez exporta a costo marginal o incluso a pérdida.
El peligro mortal que suponía el acero brasileño para Siderar, ya que desde 1997 rige el arancel cero en el Mercosur, quedó neutralizado, tensa negociación mediante, a través de un acuerdo de precios que permite repartirse el mercado regional para infortunio de los consumidores. La aplicación de un antidumping intrazona abrió a lo malevo la vía hacia el entendimiento, bajo la bendición de los gobiernos. Pero ahora que se acerca su expiración, sobre el cómodo pacto regional se cierne el peligro de que las controversias deriven hacia el tribunal de arbitraje de la Organización Mundial de Comercio. Según algunas fuentes, la inquietud fueestos días conversada en el despacho de Lavagna por Alberto Alvarez Gaiani, presidente de la Unión Industrial Argentina, aunque él no haya sido el candidato de los Rocca.
Un caso célebre de absorción de un cliente por parte del Grupo Techint fue el de Comesi, que era un productor independiente de chapa galvanizada de acero, fabricando de acuerdo a un procedimiento que había adquirido a una firma australiana. Otro ejemplo comentado en el sector es el de Ostrillon, que habría pasado de productor a mero revendedor de productos de Siderar, aunque sin una absorción formal. Ahora se añaden los casos de Cresata y Tusal, que están en manos de la Justicia, ante la cual acusan a Techint de ejercer una “política predatoria anticompetitiva” general y sistemática, con el objetivo –dicen– de dejarlas fuera de los mercados de acanalados, chapas acondicionadas y perfiles estructurales. El hecho que, según los demandantes, provocó la reacción de Siderar fue la compra y puesta en funcionamiento de una máquina acanaladora –que permitía además mejorar la producción de perfiles– por parte de Cresata en noviembre de 2001. Con esta adquisición incorporaba una nueva actividad y pasaba a competir con Siderar en el rubro acanalado.
En enero de 2002, Siderar les dio por cerrada la cuenta corriente y la línea de crédito, exigiendo –relata la denuncia– el prepago de las mercaderías como condición para su entrega. Los precios de venta siguieron establecidos en dólares. A fines de abril de ese año, Siderar notificó a Tusal y Cresata que el saldo de la cuenta corriente debería ser cancelado en 72 horas, también en dólares. Ante la negativa, rechazó las notas de pedido pendientes de entrega y dejó de suministrar mercadería aunque se la abonara por anticipado.
Los demandantes intimaron en noviembre a Siderar a reiniciarles la venta de materia prima, ofreciendo seguir prepagando las operaciones, pero sin éxito. Por ende acusan a Siderar de incurrir en el “refusal to deal” (negativa a contratar) unilateral y en boicott, afirmando que la acería forzó a sus distribuidores a no venderles tampoco. En la misma carta le reprochan a Siderar exportar a precios muy inferiores a los que impone internamente, y además valerse “en forma arbitraria y abusiva” de la legislación antidumping, “con lo cual mantienen el pleno control del mercado siderúrgico”.
Siderar calificó todas esas afirmaciones de “improcedentes, inexactas y mendaces”, acusando a sus demandantes de ni siquiera realizar un pago mínimo y aduciendo la “inexistencia de obligación alguna de vender nuestros productos a un deudor moroso” (aunque prepague). “Bastaría –sostiene la acería– con que abonen el importe que han reconocido adeudar (...), con más el CER hasta el efectivo pago, y los intereses devengados por la mora, todo lo cual sería recibido a cuenta por Siderar, para que... se restablezcan las ventas en condición de pago anticipado...” Por supuesto, rechaza la pretendida pesificación de la deuda.
La virulencia de las cartas documento que intercambian estas empresas nacionales sugiere que el choque de intereses no es en la compleja realidad tan obvio y claro como pretenden algunos discursos. Y también que, dentro del capitalismo, no está demás que haya mercados competitivos y los gobiernos no admitan desvíos ni se plieguen a la ley del más fuerte.