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Los fiscales que investigan la masacre del 20 de diciembre ya habían perdido la cuenta de cuántas veces insistieron. Pero la jueza federal María Servini de Cubría finalmente convocó a Fernando de la Rúa a ampliar su declaración indagatoria por los cinco asesinatos, cometidos durante la represión que ordenó antes de abandonar el poder. El martes 17 de junio será la primera vez en la historia que un ex presidente responderá ante la Justicia acusado de homicidio. De la Rúa no corre riesgo de ir preso, pero será interrogado sobre las circunstancias en que murieron Carlos “Petete” Almirón, Gastón Riva, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, y sobre las “lesiones culposas” a 227 manifestantes, mientras él llamaba a un “gobierno de unidad” y la Policía Federal gaseaba y reprimía con balas de goma y de plomo a los manifestantes que exigían su renuncia.
De la Rúa sólo había sido interrogado por la presunta ilegalidad de 29 detenciones realizadas en el marco del estado de sitio, pero finalmente la Cámara Federal porteña confirmó su falta de mérito al respecto. Pero en ese mismo fallo emitido hace casi un año, la sala I del tribunal le ordenó a la jueza Servini de Cubría que indague al entonces presidente y al ya fallecido ex ministro del Interior Ramón Mestre bajo la acusación de “homicidio culposo por omisión impropia”. La magistrada aceptó en los hechos el pedido de la defensa para demorar el trámite hasta que la Corte Suprema se expidiera sobre un planteo para evitarlo. Ayer decidió cambiar los tiempos.
Los nuevos vientos de la política empiezan a sentirse en los tribunales federales de Retiro. “Debe ser la sexta o séptima vez que lo pedimos, y creemos que accedió porque ya no daba para más”, comentó el fiscal Luis Comparatore a Página/12. La decisión de la jueza se produjo un día después de una nueva reiteración del pedido de indagatoria por homicidio formulado por Comparatore y Patricio Evers, en el que también solicitaron la necesidad de que sea interrogado Antonio de la Rúa. En el expediente consta que el jueves 20 de diciembre de 2001 hubo una reunión en la que el entonces secretario general de la Presidencia Nicolás Gallo habría dicho al hijo del ex presidente: “Ya hay cinco muertos y si esto sigue así, nos van a matar a todos”, según publicó la revista Trespuntos.
El 26 de julio los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani modificaron la acusación que pesaba contra el ex jefe de la Federal, comisario Rubén Santos, y el ex secretario de Seguridad, Enrique Ma-thov, y ambos salieron en libertad aunque siguen procesados. Sin embargo, señalaron las responsabilidades políticas de los más altos funcionarios del fenecido gobierno de la Alianza en la masacre que acompañó su retirada. “No fue la conducción de la Policía Federal u otra fuerza de seguridad quien decidió llevar adelante ese gran operativo a nivel nacional, sino que fue el poder político el que ordenó cuáles eran los objetivos a cumplir, uno de los cuales era impedir manifestaciones y mantener la Plaza de Mayo libre de personas. Si se quiere, ‘el qué’ y ‘el cómo’”. La mención no es ociosa. La defensa de Mathov había sostenido que no era responsable por los excesos de sus subordinados, y que la orden política no comprendía el “cómo” ejecutarla. “La existencia de sólo cinco muertes fue un resultado casi milagroso”, razonaron los camaristas al acusar a De la Rúa y Mestre. Y precisaron que la violencia recrudeció a partir de las 16.20 del jueves 20, cuando “personal policial desplazó a la gente” que protestaba contra el gobierno, y “se verificó la masacre” de manifestantes.
Los abogados de De la Rúa y Mestre presentaron recursos extraordinarios ante la Cámara para acudir a la Corte Suprema y a la Cámara de Casación con el objetivo de cuestionar la indagatoria ordenada por los camaristas. “El fallo reprocha al Gobierno (sic) haber tomado una decisión política. El llamado a indagatoria constituye la orden judicial de perseguir al Presidente en razón de actos propios y legítimos”, argumentaron los letrados Miguel Almeyra y Zenon Ceballos en un extenso escrito. Y plantearon que es inadmisible que De la Rúa sea sometido a la “mortificación” de un proceso penal.
Gustavo Benedetto murió por un balazo en la cabeza frente al banco HSBC, en Avenida de Mayo y Chacabuco, hecho por el cual está procesado y detenido el teniente coronel retirado Jorge Varando, ex jefe de seguridad de la entidad, pues los peritajes confirmaron que los disparos partieron del interior del edificio (ver recuadro). Alberto Márquez falleció por un tiro en la espalda en Sarmiento y 9 de Julio, cuando civiles con chalecos antibalas con la inscripción PFA bajaron de vehículos no identificados y dispararon a la gente con escopetas calibre 12,70. Por este caso está procesado y detenido el ex número 3 de Asuntos Internos de la Federal, Orlando Oliverio. Almirón, Lamagna y Riva también murieron asesinados por disparos con balas de plomo en cercanías del Obelisco. A través de un video periodístico, los fiscales lograron identificar a un policía que dispara contra la multitud a la misma hora que caían estos jóvenes. El uniformado sería acusado en breve. En la causa también están procesados los policías Raúl Andreozzi, Eulogio López, Ariel Castro, Eugenio Figueroa, Carlos López y Omar Bellante.
De la Rúa podría intentar postergar una vez más su indagatoria, pero ya no le quedan muchas cartas por jugar. Está acusado de homicidio culposo, que es un delito excarcelable. De modo que cuando acuda al despacho de Servini lo hará sin el temor de quedar detenido.