La Cámara Federal porteña, integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, dictó el procesamiento del ex presidente Carlos Menem por la venta del predio de La Rural a “precio vil”. El delito que se le imputa es el de “sustracción de caudales” previsto en el artículo 261 del Código Penal. De esta manera, los camaristas revocaron una falta de mérito que había beneficiado al senador. También confirmaron el procesamiento sobre Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, Eduardo De Zavalía y Juan Ravagnan, presidente y secretario de la Sociedad Rural Argentina en los años en que se realizó la operación. Ahora, la causa debería volver al juzgado de Sergio Torres para su elevación a juicio oral, aunque es probable que los ex funcionarios apelen ante Casación Penal. Los argumentos esgrimidos por los camaristas podrían fortalecer la posición del Poder Ejecutivo, que en diciembre de 2012 dictó un decreto para recuperar el predio ferial, decisión que fue judicializada por la Sociedad Rural y quedó en suspenso.

“Las pruebas reunidas indican que todos los imputados tomaron parte en una operación ideada conjuntamente, mediante la cual se sorteó la necesaria intervención del Congreso de la Nación y se acordó un precio vil para la enajenación. Así las cosas, puede afirmarse que Carlos Menem, Domingo Cavallo, Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, dadas sus funciones específicas, tuvieron dominio del hecho, al ejecutar la maniobra ilícita pese a contar con información clara que les permitía obrar con arreglo a derecho”, dice el fallo de la Cámara Federal porteña.

La causa penal que investiga la operatoria mediante la cual el Estado vendió a favor de la Sociedad Rural Argentina el Predio Ferial de Palermo está en el juzgado de Sergio Torres. El magistrado procesó a todos los involucrados, situación que fue apelada. Entre esa apelación y el fallo de Cámara publicado ayer, los involucrados iniciaron una causa por prescripción de toda la acción penal. La Cámara de Casación Penal les había dado la razón a los implicados. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia falló en febrero de este año en contra de la prescripción. En este ir y venir del expediente, ayer se confirmaron los procesamientos de todos ellos.

El traspaso del predio fue aprobado por el ex presidente Menem a través del decreto 2699, del 20 de diciembre de 1991. Ese mismo día se firmó el boleto de compraventa, pautándose un precio total y definitivo de treinta millones de dólares. Sin embargo, tasaciones posteriores indicaron que el valor real del predio rondaba los 131 millones de dólares. Tomándose en cuenta esa diferencia, el juez Torres determinó que se había pagado un “precio vil” para el predio usufructuado por la SRA, ratificado ahora por la Cámara.

“El carácter que poseían los terrenos obligaba a la intervención del Congreso de la Nación con el fin de aprobar su enajenación y el que se haya sorteado ese requisito constituye un indicio claro de la maniobra pergeñada para sustraer a la administración de parte de su patrimonio”, firmaron los camaristas Cattani, Irurzun y Farah.

Según el artículo 261 del Código Penal, “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absolutamente perpetua el funcionario público que sustrajera caudales o efectos cuya administración haya sido confiada por razón de su cargo”. En paralelo a esta causa, a través del decreto 2552/2012, el Gobierno declaró nula la entrega del predio de Palermo, lo cual todavía sigue trabado en Tribunales.

La operatoria pergeñada por el menemismo se inscribió en la ley de reforma del Estado, a partir de la cual el gobierno de entonces privatizó numerosas empresas del Estado. Las tierras fiscales actualmente conocidas como La Rural fueron parte de esa entrega en connivencia con la patronal agropecuaria.

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