El mercado financiero internacional, del que la Argentina dejó de participar como tomador de deuda crónico en 2001, no ha cambiado en esencia sus reglas de funcionamiento en todos estos años. Sigue operando bajo los principios de la ortodoxia económica, los mismos que llevaron al país a la catástrofe de entonces. Si el próximo gobierno quiere volver a entrar a ese juego deberá asumir el paquete completo, sin beneficio de inventario, como dice la Presidenta. Los Estados que emiten títulos de deuda para acceder al financiamiento de los mercados no imponen las condiciones a los prestamistas (o inversores) sino que deben someterse a la estructura institucional que ellos han armado para marcarles la cancha. Esto es así en especial para los países emergentes o no desarrollados.

Los argentinos se hicieron expertos en la materia en los 90 y 2000, cuando incorporaron, por ejemplo, el tema del riesgo país a sus conversaciones cotidianas. Si el riesgo país subía, las placas rojas y los “urgentes” de los canales de noticias se encendían en la televisión. Alfredo Zaiat explica el dispositivo del miedo en la economía en su último libro, Amenazados. Ese recurso es aplicado de manera sistemática por los actores dominantes del mundo financiero a quienes van a pedirles dinero. Mientras más débil sea la posición del país tomador de crédito, más amenazados estarán.

Brasil lo padece estos días. Era el espejo en el que los economistas del establishment nacional recomendaban mirarse, aunque parezcan no recordarlo. En especial en 2008, cuando las calificadoras de riesgo internacionales consagraron al país vecino con el rutilante título de investment grade. Alcanzar ese nivel le permite al Estado (o empresa) bendecido por los evaluadores acceder al mercado de deuda de los grandes fondos de inversión globales, quienes no están autorizados a invertir en activos que tengan calificaciones inferiores a esa. Y supuestamente los emisores podrán lanzar sus bonos a una menor tasa de interés, dado que aquella nota garantiza que el riesgo de invertir en ellos es bajo, y por lo tanto la retribución para los inversores también deberá ser menor. Así de seductor suena alcanzar el investment grade de básicamente tres empresas mundiales: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch.

Standard & Poor’s (S&P) elevó la nota de Brasil a investment grade (grado de inversión) en abril de 2008. El portal de un centro de estudios chileno publicó una crónica que merece ser recordada:

“El pasado 29 de abril, Brasil recibió una gran noticia: la agencia internacional Standard & Poor’s elevó por primera vez el grado de su deuda de largo plazo en moneda internacional a la categoría de ‘Investment Grade’, desde un BB+ a BBB, entrando de esta forma al grado más bajo dentro de la categoría de inversión segura. El anuncio causó un efecto positivo inmediato sobre la bolsa de Brasil, que alcanzó el mejor desempeño en el año, ubicándose entre los veinte primeros mercados bursátiles del mundo”, decía el primer párrafo. Luego ponderaba “el último gesto del Banco Central, de subir la tasa de política monetaria Selic antes de la nueva clasificación de riesgo soberano, que fue simbólica del compromiso con la estabilidad monetaria”.

El artículo pertenece al centro de estudios chileno Libertad y Desarrollo. En su página web se autodefine como “independiente de todo grupo político, religioso, empresarial y gubernamental”, y enuncia como sus valores fundamentales “defender la libertad individual, el libre funcionamiento de los mercados, el derecho de propiedad y el progreso e igualdad de oportunidades de sus habitantes a través del desarrollo económico”. La euforia no era menor en Brasil y entre los economistas argentinos con más apariciones en los medios dominantes.

La celebración de la Bolsa de San Pablo que destaca la crónica echa luz sobre quien tenía motivos para festejar. Y que la última prueba de amor haya sido una suba de la tasa de interés del Banco Central directamente los cautivó. Como se mencionó en este espacio el 22 de agosto pasado, Brasil tuvo ministros de Hacienda (Economía en Argentina) y del Banco Central durante los gobiernos de Lula y Dilma de ese perfil, más moderados como Guido Mantega o directamente del núcleo neoliberal como el actual Joaquim Levi o el ex BC Antonio Palocci. La conducción política de los presidentes resguardó de los criterios ortodoxos de sus funcionarios importantes acciones de redistribución del ingreso, ya desde el primer mandato de Lula. Eso activó aún más una economía que, como la de Argentina y las del resto de la región, se benefició de precios record de las materias primas que constituyen la base de su comercio exterior. Esa combinación hacía a Brasil merecedor del investment grade.

La nota, como se ve, es exhibida por parte del establishment como algo a conquistar, una meta en si misma de política económica. Si la variable que marca el camino es esa, las restantes pasan a ser de menor importancia. Lo central es alinearlas con el objetivo prioritario, que es convencer al evaluador, S&P y compañía, de la consistencia del modelo. El problema radica ahí, en que la entidad convalidada para juzgar es representante de la arquitectura financiera internacional que sostienen los acreedores. No se puede emitir deuda sin una calificación de riesgo. Es regla. Y los criterios de los evaluadores son los de la ortodoxia más dura: contención fiscal, contracción monetaria, desregulación de capitales, apertura comercial, reducción de aportes patronales a la seguridad social, eliminación de retenciones agropecuarias, “autonomía” del Banco Central. El menú completo.

Brasil lo hizo y por eso S&P y las otras calificadoras lo distinguieron con el investment grade. Esa política económica empezó por enfriar una economía supuestamente “recalentada”, según la interpretación de esas empresas. y terminó por hundirla en una recesión dolorosa, con una caída del PIB este año que ya se estima en 2,5 por ciento. El golpe de gracia lo dio Levy desde que asumió en Hacienda al inicio del segundo mandato de Dilma, en enero pasado, profundizando el ajuste fiscal en medio de un estancamiento económico prolongado. Por eso se dice que Brasil se autoinfrigió la crisis. El empecinamiento de seguir atado al esquema de “hacer todo lo necesario” para mantener el investment grade lo arrastró a ello.

Y como si fuera poco, la misma S&P que le exigió bajar el gasto público, subir las tasas y el resto de las políticas mencionadas más arriba, el último miércoles degradó a Brasil de BBB otra vez a BB+. Es decir, ya no es investment grade. El veredicto de S&P fue lapidario, según la descripción de medios de la derecha. Gustavo Segre, por ejemplo, le dijo al portal iProfesional que “la razón por la cual Brasil perdió el grado de inversión se explica por algo muy simple: tiene las cuentas en desorden”. En tono de reproche, agregó: “El presupuesto que enviaron al Congreso consignaba un fuerte déficit fiscal. En otras palabras, estaban pidiendo a gritos que le bajaran la nota”. La culpa no es de S&P de haber forzado la aplicación de políticas que llevaron al país a la crisis, lo dejaron endeudado y con déficit, es del Gobierno por no haber hecho el ajuste fiscal con la severidad requerida. A esta altura, los recuerdos de la Argentina de hace dos décadas permite identificar un proceso muy similar.

El próximo gobierno nacional asumirá con el país desendeudado, una tentación para los vendedores de ilusiones financieras, ansiosos de hacer negocios. La parábola de S&P desaconseja repetir la experiencia. El apoyo de 135 países en Naciones Unidas a los principios que impulsó el Gobierno para limitar a los fondos buitre evidencia que el camino de la defensa del interés y la soberanía nacional no lo dejaba aislado del mundo.